La subasta de la Prensa del Estado no alterará la relación laboral
El plazo para que los diferentes ministerios hagan observaciones al proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Cultura sobre el futuro del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), aprobado por el Consejo de Ministros, finalizará en la próxima semana. Una vez incorporadas dichas observaciones, el texto será enviado al Congreso de los Diputados para que proceda al debate.Según el proyecto, la enajenación de cada medio de Prensa del citado organismo autónomo se realizará mediante subasta pública entre personas naturales o jurídicas privadas en la forma prevista en e...
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El plazo para que los diferentes ministerios hagan observaciones al proyecto de ley elaborado por el Ministerio de Cultura sobre el futuro del organismo autónomo Medios de Comunicación Social del Estado (MCSE), aprobado por el Consejo de Ministros, finalizará en la próxima semana. Una vez incorporadas dichas observaciones, el texto será enviado al Congreso de los Diputados para que proceda al debate.Según el proyecto, la enajenación de cada medio de Prensa del citado organismo autónomo se realizará mediante subasta pública entre personas naturales o jurídicas privadas en la forma prevista en el reglamento de la ley del Patrimonio del Estado.
Dicha enajenación no supondrá alteración de las relaciones laborales existentes entre los trabajadores y el MCSE, subrogándose los adquirentes en los deberes y obligaciones de¡ organismo autónomo. La enajenación implica la prórroga de los contratos de arrendamiento de aquellos locales de negocios directamente vinculados al negocio.
Paso a la Administración
Los medios de Prensa que no sean adquiridos en subasta se cerrarán, procediéndose a su liquidación. Los trabajadores afectados en este caso, o por reducción de plantilla, así como los de los servicios centrales del organismo, podrán acogerse a lo dispuesto en el real decreto de junio de 1979 (recibir indemnización o integrarse en la Administración). El MCSE quedará suprimido en el plazo determinado por ley.