Los Presupuestos, del Senado al Congreso

En el Congreso, los socialistas habían cuestionado la constitucionalidad de la inclusión del artículo 43 en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981. Sin éxito, por supuesto. La campanada la dimos en el Senado cuando conseguimos ganar la votación de nuestra enmienda, que postulaba la supresión de dicho artículo. La última palabra, empero, la tiene -la ha tenido- el Congreso.Los medios de comunicación social, en su día, pusieron el acento en la parte anecdótica, de técnica parlamentaria, de aprovecharse de la ausencia de gran número de senadores del partido del Gobierno...

En el Congreso, los socialistas habían cuestionado la constitucionalidad de la inclusión del artículo 43 en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 1981. Sin éxito, por supuesto. La campanada la dimos en el Senado cuando conseguimos ganar la votación de nuestra enmienda, que postulaba la supresión de dicho artículo. La última palabra, empero, la tiene -la ha tenido- el Congreso.Los medios de comunicación social, en su día, pusieron el acento en la parte anecdótica, de técnica parlamentaria, de aprovecharse de la ausencia de gran número de senadores del partido del Gobierno para ganarle a UCD, en la mañana del pasado día 20. Los socialistas, con un gran sentido de la responsabilidad, estábamos presentes. No en vano se trataba del proyecto de ley de presupuestos, con una cifra de cinco billones, entre los del Estado y los de la Seguridad Social.

Ciertamente, una derrota de UCD en el Senado, por ella misma, es ya noticia, dada la correlación de fuerzas existente en la Alta Cámara. Este hecho deslució nuestro verdadero mérito, el de poner de manifiesto la filosofía socialista en materia tributaria: moderar la imposición indirecta (la que grava el gasto) y forzar un aumento sostenido de la imposición directa (que grav4 los ingresos). Y por ello nos oponíamos a lo que establecía el artículo 43: la elevación de los tipos en el impuesto sobre el tráfico de empresas.

Nuestra actitud era coherente con las posiciones mantenidas a lo largo de los debates del proyecto de ley de Presupuestos. Basta entresacar algunos argumentos expuestos en el Senado, expuestos en forma de memorial de greuges (agravios), de tanta tradición entre los catalanes.

¿Quién se beneficia?

Cuando examinamos los gastos fiscales que se conceden, nos encontramos con que son del orden de cerca de medio billón de pesetas. ¿Quién se beneficia? Las sociedades, que se llevan el 60%, al socaire de los incentivos a la inversión. A las unidades familiares, en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, sólo va el 7,9% (casi todo en la inversión protegida para vivienda propia). Y que no se nos diga que se propicia la inversión empresarial con los estímulos fiscales. Basta leer la monografía de Lagares Calvo para comprobar que tales estímulos no han influido en absoluto en los planes de expansión de las empresas. Otra cosa es que hayan originado autofinanciación sin coste fiscal.

Cuando relacionamos el presupuesto con el empleo, ¿qué detectamos? En el informe económico-financiero (página once) -del propio Ministerio de Hacienda- se reconoce que el mercado del trabajo, durante 1981, experimentará un nuevo deterioro, utilizando un eufemismo para disimular la gravedad de tal aseveración. En la página 23 se señala que. en el control de la inflación está jugando un importante papel la evolución salarial. Es tan moderada su elevación, que absorbe el encarecimiento del petróleo. Más adelante, en las páginas 103 a 113, se reconoce que la productividad del trabajo se incrementó, por persona, el 3,5, respecto del año precedente, produciéndose una desaceleración en los costes medios de producción. Se añade que han disminuido las horas perdidas y, sobre todo, se reconoce que existe un clima relajado en la contratación colectiva. Salta a la vista que la clase trabajadora aporta su esfuerzo a la superación de la crisis... y que la contrapartida que recibe es u a presupuesto resignado ante el descenso del nivel de empleo.

¿Y en cuanto a la inversión? Se nos anuncia la recuperación de la inversión pública. Bien venida sea, pero no nos hagamos ilusiones, porque tenemos un sector público débil, y su esfuerzo inversor se quedará en torno al 3 % del producto interior bruto. Inversión pública, por otra parte, subsidiaria de la privada, cuando la incógnita es precisamente si se recuperará o no la inversión privada.

La vertiente de los ingresos

¿Y respecto a la vertiente de ingresos del presupuesto? Veamos:

1. Se abandona la preferencia por la imposición directa y se recurre de nuevo a la alcabala, a la imposición indirecta, la que grava el consumo. ¿Por qué? Porque una mayor presión en la imposición directa afectaría ya a los niveles altos de rentas, al haberse tocado techo con las rentas de los asalariados. En los ingresos de los trabajadores ni hay bolsas de fraude ni queda margen alguno para apretar el torniquete fiscal. Este presupuesto supongo que tranquilizará a los privilegiados con rentas altas porque Hacienda ha desviado su atención recaudadora hacia el consumo, a gravar el gasto. La acumulación de riquezas, sin apenas carga fiscal, continuará siendo practicable como siempre.

2. El incremento de los tipos del impuesto sobre el tráfico de empresa (el artículo 43 referido), ha producido un gran revuelo, sobre todo entre los empresarios del comercio al mayor, aunque el que va a soportar la carga fiscal será el consumidor. El empresario, como es sabido, repercute este tipo de impuestos. Incluso se sostiene, doctrinalmente, que también se traslada la imposición directa, la que grava los beneficios de las explotaciones económicas. Personalmente, comparto esta posición. Pero hay una diferencia: la imposición directa, cuando se repercute en el sentido expresado, no genera rentas fiscales; la indirecta, sí. Por lo que mucho me temo que el incremento de tipos en el tráfico va a generar, en su caso, mayores rentas fiscales, que, como es bien sabido, son las que se originan cuando la imposición indirecta cargada en factura, y cobrada, después no se declara; no llega a Hacienda.

3. La cifra de ingresos estimados por los impuestos de sucesiones y patrimonio es del orden de los 20.000 millones para cada impuesto, unos 40.000 millones en total. Ello pone de manifiesto la escasa, casi nula, participación de los poderosos, de los hacendados, en el coste de la crisis. Es ridícula la cifra citada si la comparamos con los cinco billones de los presupuestos. Aquí las sucesiones no pagan, y del patrimonio es mejor no hablar.

¿Y las PME? Es un tema tratado con escaso rigor y de poco vale reclamar una mayor atención presupuestaria para el sector competitivo de la economía, que es el que soporta -al lado de los asalariados- el peso de la crisis, y al que personalmente denomino sector desprotegido, situado en el arco de la pequeña y mediana empresa. Porque, no nos engañemos, hay otro sector, con excedente empresarial asegurado, que es el que defiende con mayor ardor el sistema de economía de mercado... Para seguidamente reclamar toda clase de intervenciones de los poderes públicos, circuitos privilegiados de créditos incluidos. Piden al Gobierno todo tipo de intervenciones:

- Si la peseta sube -cuando sube, ahora no-, pues a pedir que baje, para sostener las exportaciones.

- Si las empresas privilegiadas se han quedado obsoletas, por falta de inversiones en su día, pues a pe dir barreras aduaneras infranqueables, para mantener el nivel desfasado de sus precios. Pienso que andan sueltos muchos nostálgicos de la etapa autárquica, por desgracia.