El mercado alimentario ha desbordado al consumidor y a la Administración
Aquella mentalidad no lejana que hacía llamar, desde los medios sanitarios oficiales, diarreas estivales a una epidemia de cólera, podría llegar a hacerse extensiva a cuanto afecta a la política alimentaria, que, en estos momentos, es harto compleja. Parece que hay mucho por hacer hasta que los ciudadanos, y la Administración, sepamos lo que comemos y el modo de conseguir que el ácido bórico no se utilice hasta para curar jamones, el que las leches bajen en grado de contaminación por pesticidas o el que los productos transformados presenten correctamente sus etiquetas de identificación y contr...
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Aquella mentalidad no lejana que hacía llamar, desde los medios sanitarios oficiales, diarreas estivales a una epidemia de cólera, podría llegar a hacerse extensiva a cuanto afecta a la política alimentaria, que, en estos momentos, es harto compleja. Parece que hay mucho por hacer hasta que los ciudadanos, y la Administración, sepamos lo que comemos y el modo de conseguir que el ácido bórico no se utilice hasta para curar jamones, el que las leches bajen en grado de contaminación por pesticidas o el que los productos transformados presenten correctamente sus etiquetas de identificación y control. El tipo de sociedad de consumo en el que nos movemos origina un complejo mercado de la alimentación que, en el caso español, ha desbordado al consumidor, a la Administración y a los propios fabricantes, según estima Antonio Borregón Martínez, director del Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social.
Tanto para la fabricación nacional como para los productos importados, no existe el suficiente control que garantice la bondad -ni asegure la maldad- de aquello que comemos. Se dice que las tres grandes causas de mortalidad son las tres ces: cáncer, corazón y carretra. En las dos primeras, uno de los orígenes fundamentales de la enfermedad estriba en la alimentación. Según el doctor Borregón: «Es preciso hacer los mapas de las contaminaciones de alimentos en España. Puede llevar dos o tres años, pero es posible, sí la Administración se lo propone».No hay control previo de la mayoría de los productos
En lo que afecta a la salud, la base legislativa en torno al control alimentario estriba en que todos los productos del mercado, al menos los envasados, deben ser presentados en el Registro del Ministerio de Sanidad y Seguridad Social, contrastada su composición con la memoria de fabricación y, en caso positivo, registrarse y autorizarse.
Esto concierne a cinco grandes grupos de productos: los aditivos, algunas bebidas envasadas, los materiales de envase y embalaje, los productos dietéticos y los detergentes y desinfectantes de uso en alimentación. Estos cinco han de registrarse producto por producto. Sin embargo, en los demás, sólo tiene obligación de registrarse la industria fabricante. Es decir, estos productos, que sé llaman de anotación, según la ley, también deberían analizarse antes de su puesta en el mercado, pero, en virtud de una circular de hace unos tres años emifida por la Subsecretaría de la Salud, sólo ha de registrarse la fábrica, dándoseles a todos sus productos -que no entren en los cinco grupos citados en primer lugar- el mismo número de registro. El decreto regulador de estos productos tendía a agilizar la fabricación, a dar facilidades a la industria, y de ahí que se dispusiera dar a todos los fabricados de una misma empresa el mismo número, pero no se pretendía que se convirtiera en una manga ancha, como parece haber ocurrido por mala interpretación de la ley. Se dedujo de aquel texto legal que, una vez registrada la fábrica, y facilitada por su parte la memoria de los diferentes artículos que pretendía lanzar, sólo era necesario anotar éstos, y así lo refrendó la circular aludida.
Según el criterio de algunos altos cargos sanitarios, esto es un error que hay que corregir, porque, de esta guisa, los productos de mayor consumo no se registran. Al parecer, el tema se halla actualmente en estudio por parte del Ministerio. «Es absolutamente necesario que todos los productos sean analizados y contrastados por Sanidad antes de su puesta en el mercado», opinaron en este sentido. «Va en beneficio de todos, del consumidor y de los fabricantes. El consumidor recibe una primera garantía. Y el fabricante tiene también la seguridad de que su producto es válido realmente y no sólo porque él crea que lo es en base a los ingredientes que lleve y que teóricamente se ajusten a lo legal y sanitariamente establecido».
Al parecer, hay quien, en contra de este criterio, esgrime un argumento inservible como excusa. Dicen que los fabricantes pueden presentar un estupendo prototipo o muestra del producto que pretenden lanzar y luego adulterarlo, con lo cual vienen a decir: ese control y análisis previo no sirve de nada. Sin embargo, cuanto mejor sea la muestra se entiende que más atados quedan los fabricantes ante cualquier inspección posterior, pues siempre se hallarán, obligados a mantener ese mínimo de calidades que le fueron autorizadas.
A este respecto, los medios básicos de que se dispone para tal labor, y sobre lo que podemos denominar como el control previo de los productos transformados, existe el registro antes aludido y el Centro Nacional de Alimentación y Nutrición en Majadahonda (Madrid). Los productos naturales se rigen por una legislación propia. Para el seguimiento del control existen varios servicios ministeriales.
Las etiquetas mal etiquetadas
Según expertos en materia alimentaria, el consumidor debe tener en cuenta: en primer lugar, poseer un conocimiento de lo que compra. Si lo que compra son productos naturales, el consumidor debe tener una preparación en torno a lo que es una carne o un pescado frescos, al menos en cuanto a las características del aspecto externo de esos productos, que es sobre lo que una persona normal se guía generalmente a la hora de la compra.
Si el producto está envasado, el consumidor debe saber que aquél ha de llevar una etiqueta, por pequeño o raro que sea el envase, aunque sea una bolsa de malla o un sobrecito.
Lo primero que tiene que hacer el consumidor es saber leer esa etiqueta, la cual ha de reflejar las características del producto. Y, en segundo lugar, una vez que se abre el envase, ver en qué condiciones está. En tercer lugar, ante cualquier anomalía, poner el hecho en conocimiento del Ministerio de Comercio o de Sanidad, según sea aquélla.
Es muy difícil que al consumidor se le dé satisfacción.
El consumidor genérico tiene grandes, obstáculos de cara a una satisfacción, salvo que se le devuelva el importe de lo adquirido o se lo cambien por otro producto, pues no puede demostrar, una vez abierto el envase, cuál fue la causa de la alteración del producto. Para ello tendría que solicitar los servicios de inspección que tomaran lo que se llama muestras a petición de partes. Pero es un procedimiento largo y complejo.
Según ha podido comprobar EL PAIS en un rápido sondeo, es fácil ver en las etiquetas algunas anomalías que, ya de entrada, pueden señalar la poca fiabilidad de determinados productos. Ejemplos: etiquetas de salchichas que ponen en letras bien grandes todo carne, con lo cual nos endosan la primera mentira, ya que una salchicha no puede ser todo carne; otras que llevan varios números de registro, como si tal cosa fuese de mayor garantía, cuando es al revés, ya que eso significa que esa empresa tiene varias fábricas en distintas poblaciones y que en cada una de ellas produce una cierta cantidad de un mismo producto, de forma que, si todos los productos llevan todos los números de las diversas fábricas, en caso de que una partida haya salido defectuosa no se sabe cuál es su punto de origen; etiquetas que hacen propaganda dietética de un producto que no está clasificado como tal, pues éstos tienen una legislación aparte; otras que, en lugar del número de registro, ponen número de regi . stro en trámite, u otras que llevan impreso un falso sello de Intervención Sanitaria. Sanidad Nacional, lo cual induce al equívoco de ser considerado por el consumidor como una garantía sanitaria oficial.
El director del CNAN explica que «no siempre el fabricante tiene intención de fraude o engaño; a veces cree estar produciendo un alimento inmejorable y resulta que, por causas ajerlas a él, no es así. Puede ser causa de las materias primas o del efecto que genera un determinado envase en un determinado aditivo, etcétera».
"El factor riesgo es inaceptable en alimentación"
La problemática recientemente planteada por el asunto del vacuno y las drogas de engorde artificial ha puesto dos cuestiones de relieve. Por un lado, las derivaciones del engorde acelerado. Por otro, el presentar como carnes de ternera las que en realidad eran de añojo.
En cuanto esto afecta a lo sanitario cabe señalar que la aplicación de drogas antitiroideas, aparte del fraude que supone hacer pagar el agua a precio de carne, estas carnes presentan disminución de su calidad nutritiva aunque esas sustanclas no fueran peligrosas. El otro tipo de productos aplicado para el engorde acelerado, las hormonas estrogénicás, según se conoce a nivel de experimentación, y sobre todo con las sintéticas (el DES y derivados), son sustancias carcinogénicas, por lo cual ha sido prohibido su uso casi en el mundo entero.
«Bien es cierto que no se ha podido demostrar la existencia de cánceres en el hombre producidos por consumo de estas carnes. Pero, cuidado con esto, porque en materia alimentarla no importa tanto una demostración de este tipo como la tácita estimación mundial de que, en alimentación, no se puede aceptar elfactor riesgo. Por eso, las discusiones al respecto tienen que acabar», explicó a EL PAIS Antonio Borregón.
El factor riesgo existe y se admite en todas las actividades de la vida, menos en alimentación. Si vas a operarte de amígdalas, sabes que hay riesgos varios, y se admite; si viajas, sabes que existe riesgo de accidentes de tráfico; si juegas, tienes el riesgo de perder. Se sabe y se admite. Pues bien, en alimentación no se admite. De ahí que, en los casos en que se puede concretar, como en determinados productos aditivos, colorantes, etcétera, existan listas internacionales de productos prohibidos, de las cantidades precisas y circunstancias en que pueden utilizarse otros, y otra lista de productos inocuos. Y esas listas son móviles. Según los avances de investigación, hay trasvase de la lista de productos inocuos a las de prohibidos o utilizables en determinadas circunstancias.
En el caso de los pescados y, en concreto, por esa otra reciente polémica sobre el ácido bórico, se ha evidenciado que hay asuntos alimentarios que no son de exclusiva competencia sanitaria.
Al parecer el ácido bórico es el mejor conservador de los crustáceos y evita la melanosis, es decir, que se les ponga la cabeza negra. El problema está en que, para no utilizar el ácido bórico, hay que congelar el pescado. Pero esto sólo lo pueden hacer las flotas de pesca de altura. Las flotas de bajura no tienen dispositivo de congelación. Así, la pesca de la gamba y el langostino en Huelva, Cádiz y Málaga se realiza en bajura aprovechando las mareas, y esto supone que los pesqueros regresan a puerto a los diez o quince días de su partida. Si no echan ácido bórico, al llegar a puerto tienen que la captura. El asunto se agrava porque, a partir de. ese momento, le sigue echando ácido bórico todo el mundo: el almacenista, el transportista y el detallista.
El tema se agrava más porque, al venderse ésta como gamba fresca, en realidad conservada, los pescadores de altura consideran que se establece una competencia desleal con su gamba traída congelada desde alta mar, pero sin ningún aditivo, y, sin embargo, de menor cotización. Y empieza el círculo viciosos porque, con esta base, también las flotas de altura deciden echar ácido bórico y vender la gamba como fresca.
El problema se presenta así como de infraestructura pesquera, y la solución, de tipo interministerial. Oficialmente se ha estudiado alguna vez una posible solución: la de crear barcos- nodriza que recogieran a los pesqueros de bajura su pesca y la llevasen a puerto diariamente, pero nunca llegó a intentarse. El hecho de que el uso del ácido bórico esté prohibido, desde 1965 no significa que el problema pueda resolverse por decreto. Los sustitutivos del ácido bórico (como el bitamisulfito sódico) parecen no ser adecuados comercialmente, aunque sanitariamente sean mejores, porque el pescado huele mal y su textura es desagradable.
Hay ganaderos y fabricantes de embutidos que quieren ser inspeccionados a rajatabla -según han hecho saber a la Administración-, pero que la inspección se haga para todos, porque se les están estropeando los mercados de exportación. Dicen que les exigen más los veteñnarios norteamericanos que el sistema de control español. Aquí vienen inspectores holandeses, ingleses y franceses, y ven el panorama y dicen que no estamos preparados para el Mercado Común. Hay también armadores que están dispuestos a no poner ácido bórico a la pesca y a pasar investigaciones exhaustivas, siempre que Sanidad ponga en sus cajas un visado de garantía de calidad a fin de distinguir a quién cumple y a quién no.