Pérez Miyares estudia el desmantelamiento del Fondo Nacional de Protección al Trabajo
El ministro de Trabajo, Félix Pérez Miyares, deberá decidir en 1981, tras la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el reparto de unos 20.000 millones de pesetas, correspondientes a la dotación del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, encargado del fomento y mantenimiento del empleo. Debido a la importante suma y al manifiesto vacío de competencias de algunas direcciones generales se ha desencadenado una lucha interna en el Ministerio de Trabajo que puede concluir con el desmantelamiento y reparto del citado Fondo.
El proyecto de ley de presupuestos suprim...
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El ministro de Trabajo, Félix Pérez Miyares, deberá decidir en 1981, tras la entrada en vigor de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, el reparto de unos 20.000 millones de pesetas, correspondientes a la dotación del Fondo Nacional de Protección al Trabajo, encargado del fomento y mantenimiento del empleo. Debido a la importante suma y al manifiesto vacío de competencias de algunas direcciones generales se ha desencadenado una lucha interna en el Ministerio de Trabajo que puede concluir con el desmantelamiento y reparto del citado Fondo.
El proyecto de ley de presupuestos suprime la ley de Fondos de 1960, en lo que se refiere a la afectación de recursos procedentes de impuestos. Dicha ley asignaba al Fondo Nacional de Protección al Trabajo (FNPT) una parte de la recaudación del impuesto de sociedades mediante uña fórmula compleja. La asignación escapaba al control parlamentan o ya que aparecía extrapresupuestariamente en los anexos.Por otra parte, el rápido crecimiento de la cifra recaudada por el impuesto de sociedades y de las necesidades del Fondo por efecto ele la crisis económica (aumento del paro, expedientes de, crisis, cooperativas, etcétera) hicieron pasar la dotación del FNPT de los 950 millones de pesetas, de 1962, a los 23.000 millones, de 1979, lo que ha supuesto un apetecible incremento del 2.000%.
El crecimiento automático y fuerte de la dotación y el habitual impulse, recaudatorio del Ministerio de Hacienda favorecieron el cambio de fórmula, desapareciendo del anexo presupuestario e incorporando la nueva asignación al Ministerio de Trabajo, que será encargado de «transferir las dotaciones a los organismos competentes». La pregunta que se hacen los funcionarios del FNPT es «¿cuáles son los organismos competentes?»
Tres opciones posibles
El presupuesto de 1981 preve 19.514 millones para el servicio FNPT, del Ministerio de Trabajo. Las opciones que se barajan en fuentes del propio Ministerio son tres: el Fondo, que es la única estructura dedicada al empleo, puede convertirse, con sus actuales funciones y personal, en organismo autónomo del Estado, al igual que el Inem (Instituto Nacional de Empleo). El Fondo continuaría dedicándose con mayor autonomía al empleo, como lo viene haciendo el Inem con el desempleo.La segunda opción consiste en seguir como hasta ahora. Una subdirección general, dependiente directamente del subsecretario, que cuenta con un equipo integrado de unos cien funcionarios (economistas, ingenieros, juristas y auxiliares) y dos vicesecretarías de empleo y de sociedades cooperativas y laborales.
Voracidad para sobrevivir
La tercera opción, patrocinada por los directores generales del Ministerio, que buscan con cierta voracidad competencias y fondos para justificar su propia anacrónica existencia, consiste en el desmantelamiento del Fondo y el reparto de sus funcionarios, funciones y, sobre todo, su abundante presupuesto.Las direcciones generales más afectadas por esta tercera opción, que parece ser la más acariaciada por el ministro Pérez Miyares, son las de Trabajo, Empleo y Cooperativas, dedicadas desde la desaparición de la dictadura, a tramitar expedientes de regulación de empleo, emigración y trabajo de extranjeros, así como convenios y conflictos colectivos.
La creación del Consejo Económico y Social, previsto en la Constitución y pedido reiteradamente por el PSOE, liquidará aún más las ya exiguas competencias de arbitraje paternalista del Ministerio de Trabajo, transformándolo en Ministerio de Empleo o disolviéndolo.
En la trastienda de la actual lucha, desencadenada por el reparto discrecional de unos fondos importantes, aparece cada vez con más nitidez la «necesidad», manifestada a EL PAÍS por funcionarios de a pie, de un planteamiento general de reforma del Ministerio de Trabajo, adaptándolo a las necesidades de una sociedad democrática en la que el protagonismo del Estado de los tiempos de Girón sea devuelto a la sociedad, a través de los empresarios y sindicatos.