Guerra de cifras entre el PSOE, PCE y el Gobierno sobre las corporaciones locales
Los grupos Socialista y Comunista defendieron en el debate de los Presupuestos sendas enmiendas a la totalidad contra la sección dedicada a corporaciones locales, con objeto de aumentar sus dotaciones en más de 60.000 millones. El Gobierno y su grupo parlamentario se negaron a este aumento, argumentando que es mejor sistema dotar fondos para atender cada problema concreto, municipio por municipio. Aunque las enmiendas fueron rechazadas, y las dotaciones para entes locales, sigue siendo, por tanto, de unos 160.000 millones, UCD mostró su acuerdo con una propuesta de Minoría Catalana para modifi...
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Los grupos Socialista y Comunista defendieron en el debate de los Presupuestos sendas enmiendas a la totalidad contra la sección dedicada a corporaciones locales, con objeto de aumentar sus dotaciones en más de 60.000 millones. El Gobierno y su grupo parlamentario se negaron a este aumento, argumentando que es mejor sistema dotar fondos para atender cada problema concreto, municipio por municipio. Aunque las enmiendas fueron rechazadas, y las dotaciones para entes locales, sigue siendo, por tanto, de unos 160.000 millones, UCD mostró su acuerdo con una propuesta de Minoría Catalana para modificar el sistema de ingresos municipales.Esta propuesta supondrá añadir en su momento dos disposiciones adicionales. Por la primera de ellas se establecerá un sistema flexible de participación de los ayuntamientos en impuestos estatales, de acuerdo con la evolución de gastos e ingresos, y su principal medida consiste en aumentar hasta un 3% la participación municipal en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. La segunda disposición obliga al Gobierno a enviar en el plazo de cuatro meses, desde la entrada en vigor de los Presupuestos, un proyecto de ley regulador de los transportes públicos de superficie, que son uno de los principales agentes de los déficit crónicos de los municipios.
Los diputados socialistas Luis Fajardo y Ernest Lluch rechazaron la propuesta, considerándola insuficiente. Lluch afirmó que el proyecto de ley de transportes urbanos no es ninguna promesa, porque ya lo tiene preparado el ministro correspondiente. También el comunista Ramón Tamames consideró insuficiente la propuesta. Por la Minoría Catalana, Carlos Gasoliba insistió en que su emnienda transsaccional mejora la percepción de impuestos y estable ce la obligación para una ley que hasta ahora es sólo una promesa sin plazos. Aparte de esta discusión, el debate de la sección de entes locales fue una continua guerra de cifras entre la izquierda y el Gobierno, en la que los primeros trataban de demostrar que se está recortando continuamente la economía municipal, mientras el Gobierno y su grupo intentaba demostrar que los presupuestos de los ayuntamientos están creciendo más que los de la Administración general del Estado.
Fajardo: "Se ha incumplido el calendario"
Luis Fajardo dijo que se ha incumplido el calendario dado en julio pasado para transferencias a los municipios exigidas por la ley, que se producen injustificadas retenciones por delegados provinciales de Hacienda de cantidades que deben entregar a los ayuntamientos, y que los presupuestos de liquidación de deudas de éstos correspondientes a 1979 no se han pagado en su mayor parte, especialmente donde gobierna la izquierda. Según Fajardo, «todo esto hay que inscribirlo en una operación de acoso sistemático a la Administración local». También dijo que las previsiones de participación en los ingresos del Estado están sobrevaloradas, y que no se adopta ninguna nueva medida frente a la crisis de los ayuntamientos.
Por el Grupo Comunista, Ramón Tamames afirmó que los municipios son tan parte del Estado como la Administración general, y explicó que las peticiones comunistas se basan en las propuestas surgidas en la reunión que los alcaldes de los grandes municipios, entre ellos algunos controlados por UCD, celebraron recientemente en Valladolid, sin que los centristas hubieran puesto objeción a esas propuestas. Ernest Lluch, de Socialistas de Cataluña, acusó a UCD de intentar lanzar el mensaje de que no hay dinero y los socialistas son unos utópicos. Como su compañero de partido, acusó al Estado de no pagar basándose en los retrasos de liquidación de varias participaciones de los ayuntamientos en impuestos, en casos tales como el juego, los carburantes o la fiscalidad indirecta. Por UCD, Santiago Rodríguez Miranda dijo que la falta de dinero es la cruda realidad, y no un mensaje de su partido. Rechazó las acusaciones de la izquierda, afirmando que desde 1978 los presupuestos de los ayuntamientos han crecido en un 140%, mientras los del Estado sólo lo han hecho en un 78%, y que la participación de los municipios en el Presupuesto del Estado para 1981 aumentará en un 52%.
Fajardo replicó que, si se compara con el total de los gastos del Estado, no es cierto que aumenten las transferencias a los municipios, sino que la cifra resulta hinchada porque fondos como el de acción comunitaria, que controlan los gobernadores, suben hasta un 400%.
Réplica de García Añoveros
El ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros, acusó a su vez a la oposición de comparar magnitudes distintas, en concreto la suma de las dotaciones presupuestarias y los créditos concedidos a los ayuntamientos en 1980, con únicamente las transferencias por presupuestos para 1981. Según el ministro, si se compara únicamente las magnitudes presupuestarias, hay un aumento del 37% en la participación de los ayuntamientos.
Finalmente, el ministro dijo que en varias reuniones con los principales ayuntamientos se estuvo de acuerdo, en singularizar el problema financiero de cada municipio para atenderlo por separado. Afirmó que «no se puede estar largando» comparando con ayuntamientos de otros países, porque el reparto de servicios es muy distinto.
A ello replicó Fajardo que precisamente su partido pretende que se atribuyan a los municipios competencias hasta ahora atribuidas a la Administración central, y añadió que su actitud no es de rapiña de los Presupuestos, sino de descentralización administrativa, de acuerdo con la Constitución.
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