Los españoles podrán invocar los derechos humanos ante el Tribunal Europeo
El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, dio cuenta ayer al Pleno del Congreso del acuerdo gubernamental, según el cual, desde el próximo 1 de julio de 1981 -y por un plazo de dos años renovable-, los españoles podrán recurrir directamente ante el Tribunal Europeo por violación de los derechos humanos reconocidos en el convenio europeo firmado el 4 de noviembre de 1950, cuyo treinta aniversario conmemoró ayer la Cámara, a iniciativa socialista.La declaración gubernamental se produjo en cumplimiento de la formulación de intenciones hecha por el Gobierno el 4 de octubre de 1979 y en...
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El ministro de Justicia, Francisco Fernández Ordóñez, dio cuenta ayer al Pleno del Congreso del acuerdo gubernamental, según el cual, desde el próximo 1 de julio de 1981 -y por un plazo de dos años renovable-, los españoles podrán recurrir directamente ante el Tribunal Europeo por violación de los derechos humanos reconocidos en el convenio europeo firmado el 4 de noviembre de 1950, cuyo treinta aniversario conmemoró ayer la Cámara, a iniciativa socialista.La declaración gubernamental se produjo en cumplimiento de la formulación de intenciones hecha por el Gobierno el 4 de octubre de 1979 y en respuesta a la petición hecha ayer por el diputado socialista Gregorio Peces Barba, sobre la conveniencia de que el Gabinete concretara la aceptación del recurso individual previsto en el artículo 25 del convenio y todavía no aplicado por España. Peces Barba resaltó el «paso de gigante» que signífica que la persona individual sea sujeto del derecho internacional.
En nombre del Grupo Centrista, Miguel Herrero aludió a la conveniencia de ratificación total del convenio y mencionó expresamente los derechos a la libertad de enseñanza y a la propiedad privada.
En las intervenciones de los grupos minoritarios destacaron las referencias vasca, catalana y andalucista a los derechos de los distintos pueblos con identidad nacional, mientras que fue general la condena del terrorismo como atentado máximo a los derechos humanos.
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