El ministerio prohibe el cierre de la Complutense previsto para mañana
El Ministerio de Universidades ha decidido suspender el acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, que en su reunión del pasado día 15 decidió el cierre de la universidad previsto para mañana, día 22.
En una nota enviada por el subsecretario del ministerio al rector de la Complutense se afirma que «ni la ley general de Educación, ni los estatutos de la Universidad Complutense, ni ninguna otra disposición facultan a la junta de gobierno cerrar la universidad ni para suspender sus actividades académicas».Según la mencionada nota, el ministerio estima que únic...
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El Ministerio de Universidades ha decidido suspender el acuerdo de la junta de gobierno de la Universidad Complutense de Madrid, que en su reunión del pasado día 15 decidió el cierre de la universidad previsto para mañana, día 22.
En una nota enviada por el subsecretario del ministerio al rector de la Complutense se afirma que «ni la ley general de Educación, ni los estatutos de la Universidad Complutense, ni ninguna otra disposición facultan a la junta de gobierno cerrar la universidad ni para suspender sus actividades académicas».Según la mencionada nota, el ministerio estima que únicamente la suspensión de las actividades podría ser acordada por razones de urgencia, pero no el cierre de un centro o de la universidad. La decisión podría adoptarla excepcionalmente el rector, por ser el director, coordinador y supervisor de la vida universitaria.
Las razones del ministerio se fundamentan, entre otras cosas, en el hecho de que «las facultades atribuidas al rector y junta de gobierno tienen como fin asegurar el normal funcionamiento de la actividad académica y no pueden utilizarse para respaldar sus opiniones en materia de política universitaria en general, ni para apoyar reivindicaciones corporativas, ni para presionar a las autoridades y órganos superiores del Estado o para condicionar la actuación de los mismos. El acuerdo de la junta implica la suspensión de la actividad de un servicio público e impide el ejercicio de derechos reconocidos por la ley a alumnos y profesores».