El Gobierno quizá apruebe el lunes un plan económico para Canarias

Mañana, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, podrá dar su visto bueno al plan de medidas económicas para el archipiélago, elaborado por la Junta de Canarias, con lo que iniciaría las conversaciones para su puesta en marcha con el órgano preautonómico, según ha declarado a EL PAÍS el presidente del mismo, Vicente Alvarez Pedreira.

«Hemos sido la primera región en remitir un plan económico al Gobierno, y todos los sectores sociales y económicos exigen su rápida ejecución», señaló. El señor Alvarez Pedreira se había entrevistado con anterioridad con el presidente Suárez y los mini...

Mañana, el Gobierno, reunido en Consejo de Ministros, podrá dar su visto bueno al plan de medidas económicas para el archipiélago, elaborado por la Junta de Canarias, con lo que iniciaría las conversaciones para su puesta en marcha con el órgano preautonómico, según ha declarado a EL PAÍS el presidente del mismo, Vicente Alvarez Pedreira.

«Hemos sido la primera región en remitir un plan económico al Gobierno, y todos los sectores sociales y económicos exigen su rápida ejecución», señaló. El señor Alvarez Pedreira se había entrevistado con anterioridad con el presidente Suárez y los ministros económicos del nuevo Gabinete para exponerle la necesidad de este plan.La Junta de Canarias había aprobado su plan de medidas el pasado mes de mayo, después de haber organizado en Tenerife unas jornadas económicas en las que participaron diversos sectores económicos, políticos y sindicales. Dicho plan fue remitido al Gobierno en el mes de junio para su aprobación y consta de dos apartados: el primero contempla una relación de dieciocho medidas consideradas de aplicación urgente, y el segundo presenta las necesidades a corto y medio plazo en los distintos sectores de la economía insular.

El paquete de medidas urgentes contiene una serie de recomendaciones que afectan al transporte de los productos locales, la exportación, el turismo, la energía, el agua, la agricultura, la inversión pública y la ordenación de los puertos canarios, y condiciona la adhesión del archipiélago a la CEE al cumplimiento de sus consideraciones.

En el mismo se solicita la delimitación de la zona económica del archipiélago para el desarrollo ulterior de dichas medidas; se precisa como fundamental la subvención al transporte entre islas, hasta y desde el primer puerto o aeropuerto peninsular, de las producciones agropecuarias e industriales, así como de las materias primas necesarias para el futuro industrial y agrícola de las islas. Dicha subvención se eleva a más de 7.000 millones de pesetas. Asimismo se destaca la necesidad de que las exportaciones canarias tengan el mismo tratamiento que las originadas en el resto del territorio nacional a efectos de la desgravación fiscal estatal. Al solicitarse la aplicación del plan energético de la Junta, se reclaman especialmente subvenciones a los vuelos charters, como fórmula para la recuperación del sector turístico, actualmente en crisis en Canarias.

En otro punto se propone la promoción de la oferta turística y se pide que sea incrementada hasta 35.000 pesetas la exención de derechos arancelarios en las importaciones realizadas en régimen de viajeros procedentes de las islas, con lo que se favorecería el turismo nacional.

En una serie de medidas conducentes a respaldar la exportación, se apunta la conveniencia de que se garantice el mantenimiento de los cupos y calendario correspondiente al tomate canario, así como su aplicación para el pepino y el pimiento, y el establecimiento de una política de cielo abierto aprovechando el transporte de mercancías en una serie de líneas de vuelos turísticos, para fomentar las exportaciones agrícolas e industriales. Se pretende, por otra parte, la desaparición del manual de la CEE para la importación de conservas de pescado. La Junta de Canarias opina que debe ponerse en marcha un plan de inversión pública y que ha de ser promulgada una normativa transitoria que obligue a que se acompañe el mismo de un estudio que permita evaluar su impacto ecológico, y solicita la potenciación de los planes provinciales de obras y servicios. Urge además a una racionalización de los puertos para una nueva ordenación de los mismos, así como el impulso final del proyecto MAC-21 y un plan hidráulico.