Pesca en aguas revueltas

LA CAPTURA de diecisiete buques de pesca españoles por lanchas marroquíes eleva a casi cien el número de apresamientos de barcos pesqueros españoles en caladeros extranjeros en lo que va de año. Toda una marca, en la que el Gobierno tiene la máxima responsabilidad, al no haber adoptado, dentro y fuera del país, las medidas oportunas para conseguir atajar, de una vez para siempre, esta tensión política y social, que alcanzó su cota más alta con el secuestro, por el Frente Polisario, de la tripulación del buque Galgomar, el pasado mes de mayo, reiterando la captura que un año atrás hicier...

LA CAPTURA de diecisiete buques de pesca españoles por lanchas marroquíes eleva a casi cien el número de apresamientos de barcos pesqueros españoles en caladeros extranjeros en lo que va de año. Toda una marca, en la que el Gobierno tiene la máxima responsabilidad, al no haber adoptado, dentro y fuera del país, las medidas oportunas para conseguir atajar, de una vez para siempre, esta tensión política y social, que alcanzó su cota más alta con el secuestro, por el Frente Polisario, de la tripulación del buque Galgomar, el pasado mes de mayo, reiterando la captura que un año atrás hicieron de los pescadores del barco Las Palomas, posteriormente liberados.La batalla de la pesca se ha convertido en una constante de la política económica y exterior española. Desde la aplicación de las doscientas millas marinas como límite de las aguas jurisdiccionales de un país, la potente industria pesquera española se ha visto obligada a un repliegue forzado, al que no se resigna, al ser expulsados los buques hispanos de los caladeros históricos en los que pescaban desde hace siglos, como el Gran Sol o la costa sahariana y marroquí. A principios de los años setenta, este problema quedó planteado claramente sobre el tapete tras la Conferencia del Mar de Brasil, en la que el ex ministro de Exteriores Gregorio López Bravo aceptó, como hecho consumado, el nuevo límite de las doscientas millas. Desde entonces se debió planifiar en profundidad la política pesquera española, con una reconversión profunda del sector en favor de la pesca de altura y de la construcción de buques de mayor alcance marítimo.

No fue así. Las subvenciones tímidas para la reconversión de esta industria fueron muchas veces falseadas y no tuvieron el efecto esperado. Se pensó que la presión política española iba a permitir mantener un nivel de presencia pesquera española similar al de los últimos años y gracias a acuerdos bilaterales y multilaterales en los que España no tenía más contrapartida que ofrecer que los llamados derechos históricos, un papel mojado sin ningún valor jurídico. La prueba definitiva la han dado la Comunidad Europea, por un lado, con su intransigencia negociadora, y Marruecos, por otro, utilizando la pesca como palanca de presión política ante el conflicto del Sahara. La CEE ha demostrado, una vez más, que los negocios son los negocios, y las lanchas vigilantes de Irlanda y Francia han dado buena prueba de ello con sus continuos apresamientos y su rigidez en la aplicación de las nuevas fórmulas y contratos. En el norte de Africa, Marruecos, Mauritania y el Frente Polisario han actuado a placer en busca de la presión política, haciendo la vista gorda cuando convenía y la redada espectacular en el momento oportuno.

¿Por qué todo este desbarajuste? El Gobierno no ha sido capaz de conseguir la firma de unos acuerdos definitivos, ni con la CEE, ni con Marruecos, ni con Mauritania (el Polisario exige una paz pactada a cambio del reconocimiento de su República Arabe Saharaui Democrática -RASD-). Se mantienen unos pactos interinos, volubles, con normas elásticas y cambiantes, que han permitido, en 1979, un alto porcentaje de capturas, lo que, amén de las multas y los apresamientos de buques, ha constituido una ventaja para el consumo y exportación de pescados por España, favoreciendo en algo a nuestra ya deficitaria balanza de pagos. El Gobierno se hacía así los cálculos: mientras globalmente los resultados sean positivos, vale la pena aguantar el chaparrón de los secuestros de buques hispanos.

Esta inmoral argumentación fue motivo de reflexión administrativa con motivo del secuestro de la tripulación del Galgomar. En esta ocasión, el ministro del Exterior planteó a la Comisión de Exteriores del Congreso (a puerta cerrada) la oportunidad de retirarse de las aguas pesqueras saharianas para evitar la presión marroquí y del Polisario, aun a costa de sacrificar los beneficios de la pesca a río revuelto que se practica en estas aguas. Porque este es otro tema importante. Los armadores y pescadores españoles no respetan las normas internacionales ni los acuerdos concluidos con otros países por España, faenando sin licencias y con artes prohibidas, lo que es, muchas veces, argumento sobrado para la captura de un buque y para la posterior construcción de un melodrama nacional. Con la intención de atajar el abuso de armadores y pescadores, el Gobierno puso en vigor un decreto-ley, el pasado 16 de abril, anunciando duras sanciones a quienes no cumplan el reglamento pesquero, decreto cuya aplicación por parte española no ha tenido hasta ahora ningún relieve. En él se anunciaban sanciones importantes a quienes violaran las normas de pesca nacionales e internacionales. Está por ver su aplicación.

En definitiva, la Subsecretaría de Pesca y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones han demostrado cierta incompetencia en este tema. El ministro anterior, actual titular del departamento de Trabajo, no sólo no consiguió la estabilidad del sector, sino que lo complicó al firmar, en diciembre, con Marruecos, un acuerdo interino -hoy renovado y vigente- en el que se ata el tema de la pesca al del transporte de productos marroquíes por territorio español, lo que implica y arrastra el tema, exagerado, del paso de naranjas marroquíes por territorio hispano con destino a la CEE.

Urge que este tema quede clarificado y concreto de una vez para siempre. Primero, son necesarios acuerdos definitivos con la CEE y el norte de Africa. Segundo, debe obligarse con dureza a los armadores y pescadores españoles a respetar las reglas del juego, y, en tercer lugar, el Gobierno no debe permitir ningún secuestro injustificado de nuestros buques, ni en aguas saharianas-marroquíes, ni portuguesas, ni comunitarias. El laisser faire, laisser passer para aumentar las capturas de peces y las divisas no justifican el coste político y social de esta permanente improvisación del Gobierno.