El libro de texto, víctima de una incoherencia política

Recientemente, los editores de todo el mundo han celebrado en Estocolmo su XXI Congreso Internacional, bajo el lema de la libertad de expresión y de edición. En este congreso se han aprobado, entre otras, dos resoluciones en cuyo debate estuvo especialmente presente un problema español.He aquí el texto de ambas: «El congreso ratifica sus anteriores condenas de todo tipo de censuras y las hace extensivas a los libros de texto. Por ello recomienda a los Gobiernos que limiten su intervención a considerar si Ios libros escolares respetan las líneas maestras del sistema educativo. En todo caso, los...

Recientemente, los editores de todo el mundo han celebrado en Estocolmo su XXI Congreso Internacional, bajo el lema de la libertad de expresión y de edición. En este congreso se han aprobado, entre otras, dos resoluciones en cuyo debate estuvo especialmente presente un problema español.He aquí el texto de ambas: «El congreso ratifica sus anteriores condenas de todo tipo de censuras y las hace extensivas a los libros de texto. Por ello recomienda a los Gobiernos que limiten su intervención a considerar si Ios libros escolares respetan las líneas maestras del sistema educativo. En todo caso, los Gobiernos deben garantizar la libertad de edición en sus respectivos países. El congreso cree necesario manifestar su inquietud y preocupación ante el creciente intervencionismo de ciertos Estados y Gobiernos en la fijación del precio de los libros de texto, ya que tal actuación es contraria a la libertad de edición. El congreso invita a los Gobiernos a evitar cualquier medida que haga económicamente inviable la publicación de libros escolares».

Una vez más, los editores españoles hubimos de padecer, o quizá agradecer, la benévola comprensión de nuestros colegas del resto del mundo, ya que la situación de la edición de libros escolares en España no tiene parangón en ningún país. desarrollado ni, por supuesto en los de nuestra área europea. Sólo algunos países tercermundistas y alguno de nuestra área idiomática padecen una situación como* la nuestra. Cuando nuestros colegas europeos exponían sus «gráves problemas», los editores españoles no podíamos menos que esbozar una sonrisa de autocompasión para evitar el sonrojo.

Nuestro país, que está asimilando paso a paso una democracia difícil en condiciones difíciles, no acaba de encontrar ese camino que tantos esperábamos que la democracia abriese a la cultura.

Pero, ciñéndonos a nuestro tema, ¿cuál es la situación de la edición de libros escolares en España? Justamente la que se contempla en los acuerdos citados del congreso de Estocolmo: una edición sometida a la censura y al creciente intervencionismo del Gobierno en la fijación de los precios, que hace económicamente inviable la publicación de libros escolares.Incoherencia general

Mas no es esto todo. Esta gravísima situación se produce en un contexto aún más grave: el de una absoluta incoherencia entre los planteamientos políticos generales referidos a la educación y el tratamiento dado al libro de texto en cuanto instrumento de esa misma educación. Y esta incoherencia es ciertamente atribuible al Gobierno y a los poderes públicos, pero también a los partidos parlamentarios de la oposición, más preocupados por socavar al gobierno que por salvar un instrumento, hoy por hoy insustituible, de la educación.

¿Cómo, si no, se pueden explicar algunas actitudes y expresiones a las que, por habituados, ya casi no damos importancia? Los editores hemos oído hablar en la Prensa y en algunos despachos del «texto único» justamente cuando se empezaba a exigir el pluralismo en la enseñanza y la libertad docente. Hemos padecido el acrecentamiento de la intervención estatal precisamente cuando la Constitución consagraba la libertad de expresión, y la economía de mercado. Nos hemos sorprendido ante propuestas tan irresponsables como la de hacer textos de inferior calidad para quienes tienen menos recursos económicos en el preciso momento en que todos defendemos el derecho inalienable de una oportunidad educativa igual para todos. Hemos oído en el Parlamento pedir nuevas censuras en cadena, mientras se estaba defendiendo la libertad de expresión.

Ciertamente, la coherencia no es fruto de un día. Pero ¿sería mucho pedir un cierto esfuerzo para analizar y valorar con rigor esta parcela de la actividad editorial, sieconómicamente mínima, ciertamente relevante en su aportación cultural? Quizá no sea inútil aportar ya algunos datos concretos. En estos momentos hay en España 43 casas editoriales que entre sus actividades incluyen la edición de libros escolares. Algo menos de la mitad que en Italia, y algo más de la mitad que en el Reino Unido, y cifra bastante próxima a las de Francia y Alemania. Sólo se encuentran por debajo los pequeños países europeos, de los que Holanda cuenta con veintinueve editoriales de libros de texto.

Entre nosotros, el conjunto de la oferta de libros escolares no es ni mucho menos excesivo, ya que oscila entre diecisiete y veinticuatro títulos diferentes por curso y área, menos que en cualquiera de los grandes países europeos antes citados. Los españoles se gastan al año en libros escolares 7.000 millones de pesetas (190 pesetas por español y año), la mitad que los italianos, algo más de un tercio que los franceses y aproximadamente un cuarto que los alemanes (cifra, por otra parte, inferior a la facturación anual de una sola tienda de unos grandes almacenes). La proporción con el volumen de ventas del conjunto del sector editorial es, sin embargo, muy parecida a la de estos países: en torno al 10%.

Es, por otra parte, el único sector de la actividad editorial en el que prácticamente el ciento por ciento de los autores son españoles. Lo que verdaderamente grave es que la edición de libros escolares tenga que desenvolverse en un contexto legislativo heredado de la anterior etapa política, cuya última norma data de 1974, año de claro endurecimiento y regresión política. Ciertamente no sería justo decir que Ia Administración se comporta. hoy como entonces, pero lo que no ofrece duda es que no dispone de otros , instrumentos jurídicos, y éstos, a juicio de expertos, bien podrían estar incursos en anticonstitucionalidad.

Frente a esto, cualquiera que se acerque a observar esta parcela editorial sin estar cegado por los prejuicios podrá comprobar el ingente esfuerzo realizado por autores y editores para dotar a profesores y estudiantes de un instrumento válido, actual y de gran calidad, tanto en los aspectos pedagógicos y didácticos como en los puramente formales y materiales. En muy pocos años, y a pesar de las enormes dificultades económicas y culturales, autores y editores españoles se han puesto a la par de sus colegas europeos. Y ¿quién que haya examinado y valorado a fondo los cambios producidos en nuestro país podrá negar la decisiva contribución de gran número de autores y editores, no sólo al desarrollo cultural, sino a la apertura mental necesaria para el cambio político y social hacia la democracia?

No vienen estos datos y consideraciones a cuento. más que para intentar contrarrestar, aunque modestamente, algunos prejuicios no infrecuentes, fruto, más que de la crítica rigurosa y documentada, de una demagogia irreflexiva e irresponsable.

Respeto y rigor

También quisieran ser un llamamiento humildea quienes tienen la responsabilidad de la Política educativa. Este país necesita coherencia, la educación exige ya la coherencia. No se pueden hacer políticas educativas distintas según de qué parcela se trate. El libro de texto no es más que uno más de los principales instrumentos que se utilizan en la tarea educadora. Tratémosla con el respeto y el apoyo que el libro se merece, analicémoslo con el rigor que la educación exige. Pero no lo convirtamos en chivo expiatorio de errores y desaciertos que no tienen nada que ver con el libro y que, en muchas ocasiones, sólo el libro ha corregido. La agresión contra el libro nunca queda impune, nuestro país la está purgando con su escasísimo número de lectores y con el desprecio de nuestros jóvenes a la letra impresa, que está carcomiendo el necesario desarrollo cultural de nuestro pueblo.

En este punto, también es necesario hacer una breve referencia a la intervención del Estado en los precios. Los editores suscriben plenamente los acuerdos del con greso de Estocolmo en todos sus términos, pero quizá convenga subrayar la consideración que al congreso le merece tal intervención a la que califica de «actuación coníraria a la libertad de edición». El control de precios puede ser, de hecho Io ha sido, un eficacisimo instrumento de censura. Hoy es también un elemento discrimina torio, pues solamente los libros de texto en lengua castellana están sometidos a esta intervención. ¿Puede ser también este control discriminatorio, anticonstitucional?

El control de precios no tiene nada que ver con la gratuidad de la enseñanza y del libro escolar. Y quizá sólo sea de hecho una demagógica cortina de humo para retrasarla.

El Estado nacido de la Constitución de 1978 tiene como tarea fundamental no la de establecer nuevas aduanas y alcabalas, sino la de garantizar las libertades de todos: la del autor a escribir, la del editor a publicar, la del profesor a elegir el libro más adecuado para sus alumnos. Quizá la única obligación del Estado debiera ser la de pagar los libros de quienes no pueden hacerlo y no degradar sistemáticamente el libro escolar hasta conseguir que no sirva para nadie.