La orden de expulsión de los gitanos de Hernani desencadena una polémica sobre el racismo en el País Vasco

Para Herri Batasuna (siete concejales en el Ayuntamiento de Hernani, más el alcalde), la polémica desencadenada en torno a la expulsión de los gitanos no es más que una batalla política, tras la que se encuentra el Partido Socialista de Euskadi (PSOE). Para los dirigentes socialistas, en cambio, lo que se ha entablado es una lucha por la defensa de los derechos humanos y de las libertades garantizadas por la Constitución española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.Entre cuarenta y cincuenta gitanos residen en Hernani desde hace tres años. Después de deambular por los alrededores se inst...

Para Herri Batasuna (siete concejales en el Ayuntamiento de Hernani, más el alcalde), la polémica desencadenada en torno a la expulsión de los gitanos no es más que una batalla política, tras la que se encuentra el Partido Socialista de Euskadi (PSOE). Para los dirigentes socialistas, en cambio, lo que se ha entablado es una lucha por la defensa de los derechos humanos y de las libertades garantizadas por la Constitución española y el Estatuto de Autonomía del País Vasco.Entre cuarenta y cincuenta gitanos residen en Hernani desde hace tres años. Después de deambular por los alrededores se instalaron en una antigua nave industrial, completamente destartalada, en la que entra el viento y el agua por todas partes. Allí habitan tres familias, una veintena de niños. A cien metros, en una villa abandonada, otro grupo más pequeño. Viven del cartón que recogen, «porque ahora los tiempos son malos y la gente ya no tira a la basura ni chatarra». De cuando en cuando alguno de los jóvenes consigue un trabajo, que siempre dura poco.

Juanjo Uría, el alcalde de Herri Batasuna, asegura que «desde que hemos llegado al Ayuntamiento estamos trabajando para ayudar a los gitanos a integrarse en el pueblo, con visitas y gestiones constantes ante instancias superiores. Lo que ocurre es que no hemos recibido más que promesas, y al final hemos tenido que aceptar la decisión popular contra la presencia de los gitanos». Uría, de veintinueve años, empleado en una fábrica de papel, está convencido de que el PSE-PSOE trata de utilizar el problema con fines partidistas. «Han lanzado una campaña para hacer ver que en Hernani, donde dominamos las fuerzas abertzales, se expulsa a los gitanos. Quieren insinuar que después tendrán que irse los inmigrantes. Sin embargo, no hemos hecho más que atenernos a nuestros principios democráticos y respetar la voluntad del pueblo».

«Lo que ha ocurrido en Hernani recuerda los procesos de la Inquisición», replica José Antonio Maturana:, diputado socialista en el Parlamento vasco, «y tiene un cierto tufillo racista que es preciso atajar de inmediato, con la Constitución y el Estatuto en la mano». Maturana piensa entrevistarse inmediatamente con el consejero de Interior, Luis María Retolaza, para exigir la anulación del acuerdo, y presentar una moción en tal sentido ante la cámara vasca.

«Nosotros vamos a revisar seriamente lo ocurrido, volviendo sobre nuestro voto inícial, que fue favorable a la expulsión», reconoce, por su parte, Iñaki Gurrutxaga, miembro de la ejecutiva provincial de Euskadiko Ezkerra. Gurrutxaga explica que de los dos concejales de la coalición, sólo uno pudo asistir al pleno y que éste no se encontraba al tanto de la situación, dejándose influir quizá por la actitud virulenta del público, que pedía a gritos la expulsión de los gitanos. «Pero hay que reaccionar frente a este tipo de movimientos y mentalizar a la gente, evitando ir detrás de asambleas o asociaciones, aunque sean populares, cuando como ocurre en este caso están en juego principios democráticos y humanitarios».

Silencio del PNV

El cuarto partido político implicado, el PNV (seis concejales), mantiene un discreto silencio. Un representante de su consejo provincial se limitó a considerar el tema como un asunto local y declaró que la actuación de sus concejales será explicada en una conferencia de prensa que organizará el ayuntamiento.Juanjo Uría, el alcalde, afirma que han estado trabajando para integrar a los gitanos, «pero las quejas y denuncias de los vecinos eran constantes, y tendían a incrementarse robos, agresiones, una reyerta en la que llegó a correr la sangre... El temor de la gente ha provocado este resultado final».

Ana Urtxueguía, concejala del PSE-PSOE, considera, sin embargo, que los tres partidos favorables a la expulsión no se tomaron en serio la integración de los gitanos. «Desde hace tiempo se pidieron al gobierno civil casas prefabricadas para instalarles y la respuesta fue positiva, pero condicionada a que el ayuntamiento facilitara un terreno, cosa que no se ha hecho. Una propuesta para que la diputación ceda 2.000 metros cuadrados de su propiedad en Sorgintxulo está paralizada por el PNV». Por iniciativa de un concejal socialista, José Morcillo, se está gestionando la formación de una cooperativa para la fabricación de objetos de mimbre, en la que podrían trabajar ocho gitanos y doce payos. La producción se comercializaría, en un 80%, a través del Ministerio de Cultura, y el resto de forma autónoma. La financiación podría asegurarse gracias al medio millón de pesetas de crédito oficial a cada socio. «¿Por qué se expulsa a los gitanos cuando están a punto de conseguir su derecho al trabajo, a la vivienda y a la escuela?», se pregunta la concejala.

José, como los demás gitanos adultos, está dispuesto a integrarse en la «comparativa», como él dice, porque «no soy un vago y he estado trabajando en una conservera de Bermeo varios años y en la construcción en Irún. Lo que pasa es que siempre se acababa, y yo era el primero en tener que marchar».

Para los socialistas, la cooperativa sigue siendo un proyecto viable. «No vamos a aceptar la expulsión de los gitanos, porque el acuerdo del Ayuntamiento de Hernani debe anularse», afirma Maturana, «ya que es contrario al Estatuto de Guemica y a la Constitución. En el primero se establece que los derechos de los ciudadanos vascos son los reconocidos en la Constitución, y en su artículo 19 ésta declara que los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por territorio nacional.

La propia Herri Batasuna, en un extenso comunicado de cuatro folios, incluye entre las denuncias presentadas ante el ayuntamiento por los vecinos la siguiente insólita acusación: «Intromisión en la población de Hernani».

«¿Pero a dónde quieren llegar? ¿A acusar a Herri Batasuna de racista? Eso es un puro disparate», protesta el alcalde Uría, «porque todo el mundo sabe que en nuestra coalición hay gallegos y extremeños militando, y muchos inmigrantes nos votan». Los dirigentes locales de HB insisten una y otra vez en que siempre han defendido a las minorias marginadas y recuerdan que su postura inicial consistía en expulsar a los gitanos transeúntes, que se concentraron en Hernani en número próximo a los dos centenares, prosiguiendo el esfuerzo de integración con los casi cincuenta habituales. «Pero las asambleas de barrio son decisorias en los temas que les afectan», afirman, «y, contra nuestra propia opinion, votamos a favor de la expulsión que ellas exclamaron». Herri Batasuna estaría dispuesta a reconsiderar el tema, según Uría, en caso de que así lo propusieran las mismas asambleas.

La explicación del grupo mayoritario en el Ayuntamiento de Hernani, en todo caso, nada tiene que ver con las motivaciones de los concejales del PNV, para quienes las asambleas no son más que un camelo.

«El pleno del Ayuntamiento de Hernani no es más democrático porque haga caso a las denuncias injustificadas y sin pruebas de unos pocos vecinos», señala en una nota Fernando Vázquez, presidente de la Asociación de Gitanos de Guipúzcoa, «ya que en todo caso se deja llevar por el que más grita y no por el que tiene razón». Un hijo de Urbano, el jefe del clan sentado ante la hoguera, contesta, mientras tanto, entre la algarabía de los perros y los niños: «Yo he venido aquí de cualquier parte y aquí me quedo, hasta que quiera irme a cualquier parte».