El mutuo acuerdo, los plazos y la potestad del juez, temas clave de la ley de divorcio

Hay un tema de principio en el que todo el mundo parece estar de acuerdo: no se trata de debatir «divorcio sí o divorcio no». Está aceptado que los españoles desean respetar y desarrollar la Constitución que aprobaron en diciembre de 1978, en cuyo artículo 32, apartado segundo, se especifica: «La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». El caballo de batalla va a ser, pues, qué clase de divorcio va a regir en este país, si se va a respetar la voluntad de los c...

Hay un tema de principio en el que todo el mundo parece estar de acuerdo: no se trata de debatir «divorcio sí o divorcio no». Está aceptado que los españoles desean respetar y desarrollar la Constitución que aprobaron en diciembre de 1978, en cuyo artículo 32, apartado segundo, se especifica: «La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». El caballo de batalla va a ser, pues, qué clase de divorcio va a regir en este país, si se va a respetar la voluntad de los cónyuges para deshacer el vínculo (mutuo consenso), si la Figura del juez va a ser plenipotenciaria a la hora de conceder o denegar la disolución (artículo 87), o si el tiempo de espera va a ser razonable o va a exasperar a los que se equivocaron cuando contrajeron matrimonio.El grupo más conservador de la negociación, Coalición Democrática (CD), ha empezado por echarle en cara a UCD que no haya simultaneado en el debate la ley de protección a la familia y el texto divorcista. «Nos parece intolerable que se legisle antes sobre la disolución del matrimonio que sobre su protección», ha dicho Juan Luis de la Vallina. Este, al igual que hiciera Manuel Fraga cuando le presentaron, ya hace algún tiempo, el texto centrista para ver qué posibilidades reales de negociación podían existir entre ambos grupos, al objeto de frenar a la izquierda, rechazó su contenido «por ser técnicamente impresentable y porque cambia radicalmente la legislación vigente en materia de matrimonio». Para CD, lo ideal sería que la ley distinguiera dos tipos de vínculos conyugales: el civil, o disoluble, y el canónico, e indisoluble. Ellos razonan así: «¿Por qué negarle al católico a contraer matrimonio de por vida, si así lo dictamina la Santa Iglesia, la Conferencia Episcopal y el papa Wojtila?». Obligar al creyente a casarse con una fórmula disoluble es una falta de respeto a la libertad de las personas». El argumento se estrella cuando UCD responde que el creyente que no quiera divorciarse, que no lo haga, o cuando los comunistas les recuerdan que en este país no todos los católicos piensan que su matrimonio tiene que finalizar necesariamente con una pensión de viudedad. Sin embargo, Coalición insiste en que hay que ser coherentes, y si la Iglesia dictamina la perpetuidad del vínculo, ningún seglar puede romperlo. Y este va a ser -así lo han anunciado- el eje central sobre el que girará la negociación de CD.

Matrimonios "para siempre"

Como contrapartida, Juan Luis de la Vallina explicó a EL PAÍS que si esta separación entre matrimonio canónico y civil queda reflejada en la ley, ellos no pondrían ningún reparo a la hora de poner facilidades para «descasar» a los civiles. «Incluso iríamos mucho más lejos que UCD, con menos plazos y más facilidades, porque», se preguntó, «¿qué necesidad hay de ponerles obstáculos a los que se casaron pensando en que su matrimonio podía disolverse?».

Así las cosas, el señor De la Vallina no vacila en afirmar que el papel que va a jugar su grupo en los debates va a ser casi testimonial: «La ley saldrá aprobada sin nuestros votos, pero denunciaremos ante la opinión pública, a través de nuestras intervenciones parlamentarias, que a partir de su aprobación, nadie va a poder casarse para siempre, porque la misma legislación le abre las puertas de par en par a la ruptura».

UCD, la gran fuerza protagonista de la negociación, por ser el partido del Gobierno, acude a la batalla con una ligera (pero potencialmente peligrosa) división en su seno. Por un lado, cuentan con la oposición de una minoría ligada al Opus Dei y representada por el diputado manchego-Manuel Diez Pinés, partidarios de un texto mucho más restringido. El hecho de que la enmienda del señor Pinés se parezca en sus puntos esenciales a la presentada por Coalición Democrática ha hecho exclamar a algunos parlamentarios centristas, visiblemente molestos, que «a éste lo que le pasa es que se ha equivocado de partido». Tanto es así, que Manuel Díez Pinés está manteniendo actualmente una guerra personal con el portavoz de su partido, Antonio Jiménez Blanco, al haberle sido negada la posibilidad de defender sus enmiendas en la comisión. El señor Pinés ha recurrido contra esta negativa, porque considera lesionados sus derechos parlamentarios, pero es evidente que sus propios compañeros no se sienten cómodos ante una voz acusadora que les recuerda que van a ser ellos, y no los marxistas, quienes introducen en España «una ley generadora de grandes males sociales y destructora de la familia».

En el otro extremo, Francisco Fernández Ordóñez, Ignacio Camuñas, María Dolores Pelayo, Soledad Becerril y otros, querrían ver mejorado el texto en lo que se refiere al mutuo consenso, dar más facilidades a los cónyuges que voluntariamente acuerdan separarse, y modificar, cuando no suprimir, ese polémico artículo 87, que concede excepcionales poderes al juez para decidir el divorcio si se prueba que ocasiona a los hijos o al otro cónyuge perjuicios de especial gravedad.

En las más altas instancias tampoco parece que a Landelino Lavilla le entusiasme la idea de «suavizar», la regulación del mutuo acuerdo, tema al que son contrarios él y sus seguidores. Y ya de frente, aunque no con una oposición radical, UCD topa con la Iglesia, institución sobre la que los observadores coinciden al afirmar que oficialmente no va a mantener posturas intransigentes, aceptando el divorcio civil, pero que solapadamente ha influido en la elaboración del texto y que tampoco resulta descabellado pensar en la posibilidad de que «recuerde» oficialmente que este es un país católico si la negociación parlamentaria se escora hacia la izquierda.

Satanás y el divorcio

De cuando en cuando, algún obispo publica pastorales en contra del divorcio, y lo hace como el titular de Orense, monseñor Temiño: «El Papa y la Iglesia están hoy fuertemente zarandeados por Satanás... y oponerse a la indisolubilidad del vínculo matrimonial sólo puede acarrear desórdenes en la sociedad». O como el de Siguenza-Guadalajara: «La ley del divorcio no es una simple permisión del mal, sino la aprobación legal del mismo». Tal vez este tipo de declaraciones, unidas a las posturas ultraconservadoras ya conocidas de los monseñores de Toledo, Burgos o Cuenca, sean las que motivan al ponente ucedista José Antonio Escartín a afirmar que «nuestro proyecto dignifica el matrimonio religioso, en contra de lo que muchos puedan creer. Porque es bien sabido», explica, «que hasta ahora todo el mundo se casaba por la Iglesia por puro rito externo o por miedo a unirse por lo civil, ya que socialmente este tipo de personas eran consideradas algo así como apestados. A partir de nuestra ley, los que contraigan matrimonio civilmente lo harán con la cara bien alta y los que acudan a la Iglesia lo harán porque realmente comparten y profesan la religión católica».

Sin embargo, el socialista Antonio Sotillos cree que la Iglesia no va a plantear grandes problemas, «pues el texto de UCD es muy moderado y además la enseñanza y la penalización del aborto son dos logros de la Iglesia verdaderamente importantes». Con todo, los democristianos de UCD no ven en la aceptación del divorcio ninguna desviación herética y sus oídos permanecen más atentos al prudente silencio de los monseñores Yanes, Montero, Osés, Echarren, Iniesta y el mismo Tarancón que a las diatribas de los anteriormente citados.

A excepción del sector Opus, prácticamente la totalidad de los parlamentarios centristas piensan que su ley «es aceptable como punto de partida. Ha sido cuidadosamente elaborada», señalan, «y ya se mejorará durante los debates». Incluso hay quien está convencido de que los socialistas la hubiesen defendido tal cual está si UCD no hubiera resultado, a la postre, tan avanzada, comentario que le cayó como una bomba al ponente del PSOE, Antonio Sotillos: «Estos son los típicos argumentos de la novia despechada, porque eso es lo que es UCD en estos momentos». «Su primer amor», lanza Sotillos, «fue Coalición Democrática, que le dio unas sonoras calabazas. Después se acercó al PNV, ese novio curilla al que sabe que puede recurrir en caso de apuro, y ya al final, y por si le fallaba el anterior, vinieron a nosotros».

En cuatro ocasiones, según Sotillos, UCD ha negociado con el PSOE «en las más altas instancias» y en las cuatro ocasiones también ha sido rechazada la primorosa novia. El portavoz socialista aseguró que los centristas están dispuestos a suprimir el artículo 87, a rebajar los plazos a la mitad para obtener el divorcio y a mejorar las garantías en el cobro de las pensiones. Las tres cosas han sido confirmadas por UCD. Sin embargo, Sotillos asegura que todo esto son anécdotas y que al PSOE «lo que le interesa es una clarificación del mutuo acuerdo».

En este sentido, UCD no vería mal cambiar la palabra «podrá» por «deberá» en su artículo 81, donde dice: «Podrá decretarse judicialmente la separación a petición de ambos cónyuges, o de uno con el consentimiento del otro, cuando, transcurrido el primer año de matrimonio, exista quiebra profunda y difícilmente superable de la convivencia conyugal». Si introducen esta sustitución, el juez no habrá de juzgar sobre la quiebra, sino únicamente homologarla, y este punto ha sido uno en los que más han insistido los socialistas. Si ello se cumpliera y cumplieran también lo de acortar los plazos, el PSOE modificaría sin duda su reticencia a negociar con UCD. Y es que, a fin de cuentas, los dos grandes partidos parlamentarios están condenados a entenderse.

El novio «respondón»

El Partido Nacionalista Vasco, el « novio curilla», como decía Sotillos, les ha salido respondón, pues sus enmiendas al texto centrista son mucho más progresistas de lo que se preveía. La Minoría Vasca es firme partidaria del mutuo consenso, considera absurda la obligatoriedad impuesta por UCD de que haya separación previa al divorcio y abogan por la obtención de este último con causas directas. Entre ellas, la del adulterio. «Nadie sabe lo que se nos ha criticado aquí, en Euskadi, por considerar el adulterio como causa directa de divorcio», comenta Marcos Vizcaya. «El vasco, en general, es bastante machista y no entiende que sea motivo de divorcio el echar una canita al aire de cuando en cuando o mantener una "querida". Sin embargo, si les volviéramos el ejemplo al revés, es decir, si fuese la mujer la que tuviese un amante fijo u ocasional, ya veríamos cómo todos estaban de acuerdo en la separación».

Pese a las críticas, los peneuvistas tienen muy clara esta cuestión y tan sólo exigen que el que demandó el divorcio se ratifique ante el juez a los cuatro meses de la solicitud: «es una cautela por si se reconcilian», y a partir de aquí se obtiene el divorcio sin plazos largos ni trabas legales, «porque la quiebra conyugal no hay que probarla, existe sin más».

La novedad introducida por el PNV consiste en incluir la nulidad eclesiástica por matrimonio rato y no consumado como causa ajustada al derecho del Estado. Según el texto actual, podrán «convalidarse» todo tipo de nulidades menos esta, y de ahí la mención expresa de la Minoría Vasca.

Su talante negociador quizá sea el más flexible de todo el abanico parlamentario: «Nosotros estamos dispuestos a pactar y no nos dolerán prendas a la hora de renunciar a alguno de nuestros postulados si a cambio se obtiene un avance en la ley de UCD. Estamos convencidos de que dentro de dos años la propia dinámica social ya les habrá demostrado que su ley es anacrónica y tendrán que cambiarla en favor del mutuo consenso», dijeron.

Los catalanes (Convergencia i Unió) tampoco aceptan la separación previa al divorcio y son también defensores del mutuo consenso. Aseguran que «hay muy pocas cosas aceptables en el texto de UCD» y que ellos centrarán sus esfuerzos para conseguir que la voluntad de los cónyuges sea motivo suficiente para obtener el divorcio. Finalmente, los comunistas han adelantado ya que la ley contará con su oposición si no se reconoce expresamente el mutuo acuerdo. «La ley de UCD será una ley reaccionaria», manifestaron, «y estará llena de obstáculos, pero serán ellos quienes la sacarán, sin ninguna responsabilidad por nuestra parte ».