Posible existencia de nuevos implicados en el fraude del consorcio de Barcelona
Este diario pudo averiguar ayer cómo fueron hechos efectivos los cheques bancarios a través de los cuales se produjo una presunta estafa de 1.184 millones de pesetas en perjuicio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Los cheques fueron pagados mediante la Cámara de Compensación Bancaria y fueron a parar a cuentas corrientes a nombre de Antonio de la Rosa Vázquez (actualmente huido) y su esposa, Pilar Martí; una tercera y una cuarta a nombre de José Luis Bruna de Quixano (actualmente encarcelado) y una quinta cuenta a nombre de la sociedad Hispafix, SA, de la que es o era pre...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Este diario pudo averiguar ayer cómo fueron hechos efectivos los cheques bancarios a través de los cuales se produjo una presunta estafa de 1.184 millones de pesetas en perjuicio del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona.
Los cheques fueron pagados mediante la Cámara de Compensación Bancaria y fueron a parar a cuentas corrientes a nombre de Antonio de la Rosa Vázquez (actualmente huido) y su esposa, Pilar Martí; una tercera y una cuarta a nombre de José Luis Bruna de Quixano (actualmente encarcelado) y una quinta cuenta a nombre de la sociedad Hispafix, SA, de la que es o era presidente un hijo de Bruna de Quixano, Juan Carlos Bruna Brotons, y de la que son o eran consejeros otros dos hijos de Bruna, Javier y José Luis, los tres abogados en ejercicio, al igual que su padre.Como se recordará, los talones barrados y al portador, que emitía el consorcio para pagar terrenos que resultaron ser inexistentes, eran transformados en cheques bancarios mediante su paso a través de una cuenta bancaria a nombre de la financiera Finesa, de la que son adminitradores únicos el procesado Bruna de Quixano y su esposa. Esa sociedad poseía asimismo una cuenta bancaria a través de la cual también fueron cobrados cheques bancarios procedentes de la cuenta de la misma sociedad, en otra entidad bancaria, utilizada sólo para la transformación de los talones.
Con estas nuevas revelaciones, el tema no queda aún concluso. En efecto, todo ello precisa el camino seguido por unos novecientos millones de pesetas. Los casi trescientos millones restantes están pendientes de ulteriores averiguaciones, al parecer ya en vías de obtención por la autoridad judicial, que con todo rigor está dispuesta a llevar el caso -el mayor y el más escandaloso af-faire financiero de la España democrática- hasta sus últimas consecuencias.
Las cuentas utilizadas para el cobro de los cheques estaban abiertas en dos agencias en Barcelona del Banco Urquijo, una del Banco de Europa y una de la Banca Garriga Nogués.
El análisis del movimiento de las cuentas requerirá días de investigación. Pero la información ya obtenida coloca en peor situación la defensa judicial del desaparecido Antonio de la Rosa Vázquez, abogado del Estado y antiguo secretario general del consorcio, y también la de José Luis Bruna de Quixano, abogado y antiguo delegado especial del Estado en el consorcio, quien ayer pasó de la cárcel Modelo a un establecimiento hospitalario, siempre en condición de encarcelado y por una dolencia imprecisada.
La autoridad judicial ya procesó a De la Rosa y a Bruna de Quixano. Los querellantes solicitaron también el procesamiento de Rafael del Barco Carreras, presunto comprador de los terrenos inexistentes. Fuentes próximas a este último querellado indicaron que Del Barco desea basar su defensa en la profundización del tema hacia presuntas anomalías anteriores a la aparente compra de terrenos y que estarían relacionadas con el actual endeudamiento de 10.000 millones de pesetas que sufre el consorcio. Del Barco apuntaría hacia las relaciones del consorcio con una entidad bancaria barcelonesa.
Los talones que libraba el consorcio, ingresados para su transformación en cheques bancarios en la financiera administrada por los esposos Bruna, salían de dicha cuenta desglosados en cuatro partes. Una era el 90% del importe total; otra, el 5 %, y otras dos, del 2,5 % cada una. Ello apunta hacia cuatro posibles receptores o al menos una posible forma de distribución de las cantidades presuntamente defraudadas, por cuanto dichas proporciones se mantienen de forma constante en todas las remesas de talones.