El Gobierno estudia una elevación del arancel industrial

El Gobierno estudia, en la actualidad, una posible subida del arancel industrial español para situarlo en los niveles de protección que alcanzaban en los primeros días de mayo de 1979, fecha en la que entraron en vigor unas rebajas coyunturales de aranceles industriales de un total de 127 partidas que, en dicho año, afectaban a una cifra de importaciones próxima a los 30.000 millones de pesetas.La situación económica y monetaria española y, en especial, la actitud negativa de las Comunidades Europeas frente a las viejas aspiraciones hispanas de reequilibrio de las ventajas agrícolas que...

El Gobierno estudia, en la actualidad, una posible subida del arancel industrial español para situarlo en los niveles de protección que alcanzaban en los primeros días de mayo de 1979, fecha en la que entraron en vigor unas rebajas coyunturales de aranceles industriales de un total de 127 partidas que, en dicho año, afectaban a una cifra de importaciones próxima a los 30.000 millones de pesetas.La situación económica y monetaria española y, en especial, la actitud negativa de las Comunidades Europeas frente a las viejas aspiraciones hispanas de reequilibrio de las ventajas agrícolas que la CEE ofrece a varios países mediterráneos, constituyen los argumentos centrales de quienes en el seno del Gobierno desean la pronta elevación de las tasas industriales hispanas. Los ministros de Asuntos Exteriores y de Relaciones con la CEE, Marcelino Oreja y Leopoldo Calvo Sotelo, habrían informado en ciertos medios europeos y, más concretamente, al jefe de la diplomacia gala, Jean François Poncet, de la intención de la Administración española.

El Consejo de Ministros del 27 de abril de 1979 decidió una rebaja erga omnes (para todos los países) del arancel industrial hispano de un total de 127 partidas, cuya entrada en vigor ocurrió el día 3 de mayo, fecha de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. Se trataba, sobre todo, de un gesto político y económico. Económico, porque se justificaba dentro de una política liberalizadora del Gobierno destinada a contener la entrada de divisas y a mejorar la financiación interior. Político, porque España ofrecía en vísperas de la apertura de las negociaciones exploratorias para el ingreso en la CEE una serie de ventajas industriales a los exportadores comunitarios con la intención de acelerar dicho proceso de integración en la CEE. Se trataba de conseguir dos objetivos: el tranquilizar a aquellos políticos y eurócratas comunitarios que en los últimos tres años han protestado por un supuesto desequilibrio del Acuerdo Comercial Preferencial de 1970, entre España y la CEE (que decían favorable a España, en la actualidad, en su capítulo industrial), y el buscar, por esta vía, que la CEE compense de una vez a España del desequilibrio comercial agrícola que sufre.

Ahora, ante la lentitud burocrática y política que enmarca las negociaciones de Bruselas, la negativa comunitaria de recompensar justamente al comercio agrícola español -frente a las preferencias otorgadas años atrás a Argelia, Marruecos, Túnez e Israel, entre otros países-, y con motivo de la difícil situación interna de la economía española, en la que prima la dura factura del petróleo, la Administración española está reconsiderando su concesión arancelaria industrial, que nunca fue definitiva, sino coyuntural.