Propuesta para que la Junta de Andalucía gestione las inversiones extranjeras
La Junta de Andalucía deberá gestionar la inversión de capital extranjero en la región, «siempre que sea dirigida hacia sectores determinados y controlada por los órganos políticos andaluces». Así lo han propuesto diversos portavoces del PCA en el ente preautonómico, ante la inminente elaboración de un plan de urgencia para Andalucía por parte de la Junta, cuyo consejo permanente acordó en su última sesión plenaria constituir una comisión de técnicos para abordar el tema en un plazo máximo de dos meses.
Para los comunistas, este capital extranjero no tendrá que dirigirse hacia inver...
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La Junta de Andalucía deberá gestionar la inversión de capital extranjero en la región, «siempre que sea dirigida hacia sectores determinados y controlada por los órganos políticos andaluces». Así lo han propuesto diversos portavoces del PCA en el ente preautonómico, ante la inminente elaboración de un plan de urgencia para Andalucía por parte de la Junta, cuyo consejo permanente acordó en su última sesión plenaria constituir una comisión de técnicos para abordar el tema en un plazo máximo de dos meses.
Para los comunistas, este capital extranjero no tendrá que dirigirse hacia inversiones intensivas en energía, ni con tecnologías de difícil adaptación, sino a sectores estratégicos para el desarrollo de la economía andaluza, tales como la industria alimentaría, el mueble, química y minería. «La Junta de Andalucía debería participar desde ya en las negociaciones que para la implantación de multinacionales en la región se establecen entre el Gobierno central y éstas», se señala textualmente en un documento hecho público por el PCA sobre el citado plan de urgencia.
En el documento se reivindican, entre otras medidas concretas, la equiparación de Andalucía en infraestructura productiva con otras regiones españolas -lo que exigiría un 20%, al menos, del gasto público inversor-, una reforma agraria en profundidad, que considere aspectos como la propiedad de la tierra, la política de cultivos y la comercialización, y una atención prioritaria al sector energético para terminar con la grave dependencia andaluza en este campo.