UCD acepta no mencionar a la Iglesia católica en la ley de Libertad Religiosa

Unión de Centro Democrático (UCD) aceptó ayer la postura que sostenían los grupos Socialista y Comunista del Congreso al pedir la supresión de una mención expresa a la Iglesia católicaen el artículo 7 de la ley orgánica de Libertad Religiosa. Manuel Fraga, en nombre de Coalición Democrática, se opuso a esa supresión, que finalmente fue aceptada por 271 votos favorables, quince en contra y seis abstenciones.

El artículo 7, tal como había sido remitido por el Gobierno a la Cámara y como fue aprobado en el trabajo de la ponencia, señalaba la posibilidad de establecer «acuerdos o convenios ...

Unión de Centro Democrático (UCD) aceptó ayer la postura que sostenían los grupos Socialista y Comunista del Congreso al pedir la supresión de una mención expresa a la Iglesia católicaen el artículo 7 de la ley orgánica de Libertad Religiosa. Manuel Fraga, en nombre de Coalición Democrática, se opuso a esa supresión, que finalmente fue aceptada por 271 votos favorables, quince en contra y seis abstenciones.

El artículo 7, tal como había sido remitido por el Gobierno a la Cámara y como fue aprobado en el trabajo de la ponencia, señalaba la posibilidad de establecer «acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas inscritas en el registro, que, por su ámbito y número de creyentes, hayan alcanzado notorio arraigo en España».A su paso por la comisión, el texto quedó modificado, al aceptarse, con los votos de UCD, una enmienda de Coalición Democrática que corregía el texto en el sentido de señalar con carácter imperativo el deber de establecer tales acuerdos y de mencionar expresamente a «la Iglesia católica y demás confesiones inscritas ... » .

Jordi Solé Tura, en nombre de los comunistas, defendió ante el Pleno un voto particular en el que pretendía la vuelta al texto original de la ponencia. Afirmó que su grupo había mantenido una postura de acuerdo sustancial con el conjunto de la ley, aunque discrepase en aspectos parciales. Pero, a su entender, la redacción de este artículo 7 tal y como había llegado al Pleno, sí afectaba al fondo del asunto, en caso de mantenerse.

Advirtió que se trataba de una ley que llegaba tarde y que antes de su debate por la Cámara se han firmado los acuerdos con la Santa Sede, y se aprobó la ley de Centros con interpretaciones y actitudes, a su juicio, contrarias al principio de libertad religiosa.

Para el diputado comunista, el artículo 16 de la Constitución, de indudable importancia histórica, supone que el Estado es aconfesional y laico, y con esta ley se trata, dijo, de dar respuesta a un interrogante que arrastra de siglos entre nosotros y que plantea el modo de compaginar las posiciones religiosas con las de los no creyentes en el conjunto social.

Pidió que se mantuviera la posición de la ponencia, que fue, según Solé Tura, de aproximación y concordia, hasta que se rompió al admitir la enmienda de Coalición Democrática, por la que se hace mención expresa a la Iglesia católica. Solé Tura entiende, con su grupo, que el texto establecía un hecho diferencial al mencionar a la Iglesia católica sin ningún tipo de condicionamiento, mientras que a las demás se les exige la del arraigo notorio. El diputado comunista reconoció que ese arraigo lo tiene la Iglesia católica en España, pero que en esta ocasión se estaba regulando la libertad religiosa en general, y se preguntó cómo no ver en esa mención específica una confesionalidad solapada. Concluyó afirmando que nuestro país no desea más enfrentamientos en esta materia.

Pleno respeto a la libertad religiosa

Gregorio Peces-Barba, en nombre de los socialistas del Congreso -los de Cataluña mantenían idéntica posición-, defendió también un voto particular de idéntico significado al de los comunistas. Comenzó por recordar que la libertad religiosa hay que entenderla en su complejidad histórica y que, mientras en algunos lugares la Iglesia prepotente ha sido la católica, en otros lo fueron iglesias protestantes. Pero hoy, añadió, son las iglesias las que, al menos en teoría, desean vivir el pleno respeto a la libertad religiosa.

La mención que el apartado tercero del artículo 16 de la Constitución hace de la Iglesia católica «la entendemos los socialistas», aseguró, «como puramente nominalista, reconocedora de una realidad, pero sin ninguna operatividad juridica».

Recordó que su grupo había votadó favorablemente aquel texto constitucional, desde esta interpretación y en un intento de concordia, pero no podían admitir que se repitiese la misma mención para la Iglesia caflólica a la hora de regular la libertad religiosa.

En nombre de Coalición Democrática, Manuel Fraga defendió la idea central de que el artículo 7 del proyecto que se debatía no era sino un trasunto fiel del artículo 16 de la Constitución, al que daba cumplimiento. Y nada más comenzar su intervención encrespó los ánimos de la izquierda y hubo de escuchar un pateo, tras señalar que se había mencionado la necesidad de evitar querellas históricas en este tema, pero que era necesario recordar las diferencias entre quienes construyeron iglesias y quienes las quemaron.

Dijo luego que «los conservadores hemos cedido en todo », aunque nos podíamos haber opuesto a algunos aspectos de la ley, pero queremos mantener lo que ya Balmes en el siglo XIX llamó «el respeto democrático a la sociología».

Aseguró que la discriminación consiste, justamente, en tratar con igualdad a lo que es desigual; negó que ellos fuesen más papistas que el Papa, y argumentó que sus principios son compatibles con la interpretación que el Concilio Vaticano II dio al tema de la libertad religiosa. Citó situaciones de derecho comparado en Alemania, Suiza, Bélgica, Colombia, como países en los que se ofrecen distintas regulaciones para iglesias y confesiones con reconocimientos específicos y singulares para alguna de ellas, y concluyó afirmando su idea de que los votos particulares de la izquierda trataban de desvalorizar el artículo 16 de la Constitución, y con una apelación -indudablemente dirigida a UCD- a la seriedad de los grupos parlamentarios que no deben variar sus posiciones.

Respondió Solé Tura asegurando que «ésta es una ley de concordia, y me temo que el señor Fraga quiere convertirla en una ley de discordia».

Aseguró, refiriéndose, sin mencionarla expresamente, a la sugerencia histórica de Fraga respecto a la quema de iglesias, que ese era un terreno en el que no deseaba entrar, y argumentó que «aquí no estamos en Alemania, ni en Suiza, ni en Colombia, sino en un país con una contestación de Fraga que calificó de joya con una piedra incrustada el humor de Peces-Barba al hacer tal afirmación.

Gregorio Peces-Barba replicó a la «mención innecesaria que ha hecho el profesor Fraga a hechos dolorosos del pasado», y recordó que si se mencionaban esos hechos habría que referirse a otros igualmente dolorosos de signo contrario y que «no podemos catapultarnos unos a otros». Concluyó con una mención a la represión que en los últimos años de la dictadura había tenido en España, incluso la Iglesia católica, lo que provocó más tarde una contestación de Fraga que calificó de joya con una piedra incrustada el humor de Peces-Barba al hacer tal afirmación.

UCD explica su cambio de postura

La única intervención centrista se produjo en el turno de explicación de voto y estuvo protagonizada por Oscar Alzaga, perteneciente al sector democristiano de UCD. El señor Alzaga declaró que UCD buscaba la unanimidad sobre esta ley y no llevaba a ella voluntades ocultas. Manifestó que el texto aprobado establece una modalidad sustancial de cooperación del Estado con las confesiones religiosas, coherente con el artículo dieciséis de la Constitución, a cuyo apartado tercero no contradice. «Nuestro voto», dijo, «ha sido el mejor para contribuir a la modernización del país en materia tan delicada.»

Desde esta perspectiva modernizadora, señaló que sentía escalofríos ante determinados levantamientos de la pasión y utilización de factores irracionales, por afectivos, en el debate. Añadió que el legislador debe mantener la frialdad y racionalidad.

En relación con el texto aprobado por la Comisión, lo calificó de defectuoso, entre otras cosas porque incluía el término «deberá establecer acuerdos», referido al Estado, que recordaba aquel viejo artículo del Código Civil, según el cual «los católicos deberían contraer matrimonio canónico, con lo que se dejaba en la ilegalidad a los solteros católicos».

Jesús Aizpún, en nombre del Grupo Mixto, explicó su voto personal negativo a los votos particulares de la izquierda y añadió que las mismas cuestiones debatidas se plantearon al discutir la Constitución, que fue aprobada por referéndum.

En los pasillos del Congreso de los Diputados se vinculaba el giro dado por UCD sobre esta materia desde el debate desarrollado en la Comisión Constitucional, a la reciente creación de la Comisión Permanente del partido centrista, en la que están representados los sectores laicos de UCD.

El Grupo Andalucista había presentado una serie de enmiendas a los artículos uno, dos y tres, que fueron rechazadas. En el artículo sexto se admitió una transaccional propuesta por los socialistas que sustituía la referencia a los derechos de igualdad y no discriminación de los artículos catorce y dieciséis de la Constitución, por la frase «sin perjuicio del respeto de los derechos y libertades reconocidos por la Constitución, y en especial de los de libertad, igualdad y no discriminación».