RTVE: ¿de aquí a la eternidad?

A LO largo de la pasada semana, EL PAÍS dio acogida a una larga y difusa réplica, firmada por el director general de Televisión, destinada a refutar un amplio reportaje publicado anteriormente por este periódico, que se limitaba a resumir, extractar y glosar los resultados de una auditoría realizada por encargo del ministro Fernández Ordóñez en Radio Televisión Española. No han faltado lectores que nos han transnritido su extrañeza, tanto por aplicar a nuestras páginas y a su paciencia tan notable cilicio como por no dar la debida dúplica a esa réplica, prestando así plausibilidad a la absurda...

A LO largo de la pasada semana, EL PAÍS dio acogida a una larga y difusa réplica, firmada por el director general de Televisión, destinada a refutar un amplio reportaje publicado anteriormente por este periódico, que se limitaba a resumir, extractar y glosar los resultados de una auditoría realizada por encargo del ministro Fernández Ordóñez en Radio Televisión Española. No han faltado lectores que nos han transnritido su extrañeza, tanto por aplicar a nuestras páginas y a su paciencia tan notable cilicio como por no dar la debida dúplica a esa réplica, prestando así plausibilidad a la absurda conclusión de que son los inspectores del señor Arias-Salgado, y no los inspectores de Hacienda, quienes tienen la razón en la polémica. No queda, pues, otro remedio que volver sobre el asunto.Digamos, an te todo, que la aceptación de esa cuaresmal disciplina que fue la réplica del señor Arias-Salgado no estuvo motivada por argumenlos legales, sino por simple fair-play, pese a que Televisión Española no recogió en sus programas la menor alusión al informe de la auditoría, que tan trabajosa como inútilmente se ha esforzado en refutar. En una sociedad política donde los hábitos democráticos, el respeto a las opiniones ajenas y el compromiso con el plurilismo brillan por su ausencia, sobre todo a medida que se va ascendiendo por la empinada escalera del poder, parece de nobleza obligada compensar la tendencia de los altos funcionarios del Estado a silenciar lo que les incomoda con la ampliación, incluso hasta el aburrimiento, de los márgenes normales para la expresión de losjuicios discrepantes.

El señor Ariás-Salgado consideró que disponía de argumentos jurídicos o razones éticas para invadir las páginas de este periódico y justificar su inmaculada permanencia mediante la prestidigitación de negar la fealdad de su entorno. Aunque su petición, simplemente descortés por la desmesura en que se desplegaba su exigencia y por su negativa a contestar sin rodeos a las cuatro preguntas que este periódico le formuló en su día, no nos vinculaba ni en derecho ni en moral, preferimos acogerla con la ilusa esperanza de que el poderoso medio de comunicación que dirige, y que más parece un patio de monipodio que un monopolio, tenga la mínima decencia informativa de dar cuenta, ante la vasta audiencia que el dinero de los contribuyentes y la inexistencia de competencia le regalan, de las críticas que se le formulan.

De la lectura de la réplica firmada por el señor Arias-Salgado se desprende la elogiable conclusión de que los directivos de Televisión, justo en las vísperas de que el Estatuto entre en funcionamiento y sea nombrado el Consejo de Administración del nuevo ente autónomo, han resuelto blanquear la fachada de sus controles financieros, del rigor contable y un punto de moderación en su manera de disponer de los fondos públicos. El actual director general nos da algunos ejemplos de esa buena acción diaria que, al estilo de los boy-scouts, los responsables del medio decidieron realizar una vez que los auditores del Ministerio.de Hacienda hablan finalizado su trabajo, esto es, dieciocho meses después de la toma de posesión de su cargo del señor Arias-Salgado.

Ahora bien, la absolución requiere algo más que el propósito de la enmienda y que la promesa de no incurrir más en el quebrantamiento de las leyes, en este caso humanas, y de no sucumbir a las tentaciones, en este caso dinerarias. También es preciso decir los pecados no sólo a la opinión pública y al Parlamento, sino también a los tribunales de justicia y cumplir la penitencia que éstos establezcan. Por lo demás, resulta notable que, al tratar de quitarse el muerto de encima, el señor Arias-Salgado atribuya al legado del pasado las suciedades del presente, olvidando tal vez la larga lista de ilustres nombres que construyeron esa herencia. Pero los buenos propósitos para el futuro no borran las culpas del pasado, no significa que la casa está ya limpia, y la idea de que la opinión pública debe seguir confiando, bajo palabra de honor, en los mismos administradores que convirtieron hasta ahora en un arte el despilfarro, el encubrimiento como mínimo de comportamientos presuntamente delictivos y la incompetencia no es de recibo.

En cualquier caso, produce cierto bochorno subrayar algo que todo el mundo, excepto el señor Arias-Salgado y sus colaboradores, tiene lo suficientemente claro como para que resulte una ofensa recordarlo. La réplica del director general de Televisión se ha equivocado de destinatario y de objeto. No ha sido con EL PAÍS con quien ha estado polemizando, pese a su insistencia en afirmarlo, sino con los inspectores del Ministerio de Hacienda. El texto criticado no ha sido un reportaje de este periódico, sino el informe de auditoría que le servía de base y de fuente. No corresponde a los periodistas, sino a los inspectores de Hacienda el turno de dúplica. Renunciamos, por tanto, a entrar en el detalle del enfoque juridicista y leguleyo, de espaldas a los hechos, de buena parte de la réplica y de las flagrantes contradicciones o errores de cuadre contenidos en su texto.

Y en cuanto a la actual situación de Televisión, apuntalada por el director general del medio tan pronto como los funcionarios del Ministerio de Hacienda concluyeron su trabajo, siempre queda el recurso de que los mismos inspectores realicen una nueva auditoría que cubra el espacio temporal entre la anterior y el día de la fecha.

Una auditoría cuyos resultados, esta vez, no tengan que ser conocidos por filtraciones a la prensa, sino por la libre y voluntaria decisión del propio Gobierno, tras abandonar esas costumbres de urraca de apoderarse de lo que pertenece al común de los ciudadanos para atesorarlo en cajones cerrados con siete llaves.

Indiquemos, finalmente, que la demorada resolución del poder ejecutivo de enviar al Parlamento la auditoria realizada, y ya del todo inútil de creer al señor Arias-Salgado, debería ser completada con otra medida: interesar al fiscal general del Estado en la eventual persecución de los presuntos delitos que se desprendan de su lectura. Porque, si la Constitución excluye los indultos generales, no vemos razón alguna para que el Gobierno decrete por su cuenta la amnistía de lo ocurrido en Televisión durante los pasados años.