IRYDA y sindicatos analizan los criterios de expropiación de fincas

Representantes de las organizaciones agrarias de ámbito nacional y del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) se reunieron ayer para analizar los criterios objetivos elaborados por el Gobierno, que permitan en su día la expropiación de las fincas manifiestamente mejorables.El titular del IRYDA, Antonio Gil Alberdi, puso en conocimiento de los representantes agrarios los cuatro niveles que determinarán la capacidad de mejora de una finca: infrautilización, mejora de su rendimiento, recursos humanos empleados y razones de tipo social (paro, inversiones en la zona, etcétera). Este últi...

Representantes de las organizaciones agrarias de ámbito nacional y del Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA) se reunieron ayer para analizar los criterios objetivos elaborados por el Gobierno, que permitan en su día la expropiación de las fincas manifiestamente mejorables.El titular del IRYDA, Antonio Gil Alberdi, puso en conocimiento de los representantes agrarios los cuatro niveles que determinarán la capacidad de mejora de una finca: infrautilización, mejora de su rendimiento, recursos humanos empleados y razones de tipo social (paro, inversiones en la zona, etcétera). Este último, sin embargo, parece que plantea serios problemas de objetividad y puede quedar fuera de la tabla, aunque, siempre sería tenido en cuenta.

Una enmienda presentada en su día en el Parlamento por UCD, aprobada posteriormente, establecía que, una vez elaborados por el Gobierno, estos criterios objetivos deberían ser presentados a los sindicatos agrarios nacionales y a las cámaras agrarias, y que han de estar preparados para ejecución antes del 31 de marzo próximo. En cumplimiento de la ley, las cámaras se reunirán en el IRYDA la semana próxima.

Según manifestaciones del señor Gil Alberdi a EL PAÍS, no se ha elaborado por el momento un catálogo de fincas susceptibles de expropiación porque «la ley no lo ordena». Sin embargo, el Ministerio de Agricultura encargó, una vez aprobada la ley, la realización de una encuesta sobre las grandes fincas de Andalucía y Extremadura, que ha sido realizada por las respectivas delegaciones provinciales del Ministerio, gobiernos civiles y cámaras agrarias. Y, según los primeros datos estimativos, unas cincuenta fincas podrían quedar expropiadas, en aplicación de la ley.