Dos facciones militares rivalizan por conseguir el alto mando castrense en Bolivia
La solución de la crisis militar boliviana ha quedado en manos de la presidenta interina de la República, Lidia Gueiler, que designará al nuevo comandante en jefe de entre una terna que le sea sometida por el alto mando. Dos grupos castrenses se disputan abiertamente, desde el miércoles, la representatividad mayoritaria de las Fuerzas Armadas; los dos afirman que velan por su prestigio y dignidad y se declaran constitucionalistas y democráticos.
El jefe del Ejército, general García Mezza, uno de los más influyentes miembros de la cúpula castrense que apoyó el reciente golpe del c...
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La solución de la crisis militar boliviana ha quedado en manos de la presidenta interina de la República, Lidia Gueiler, que designará al nuevo comandante en jefe de entre una terna que le sea sometida por el alto mando. Dos grupos castrenses se disputan abiertamente, desde el miércoles, la representatividad mayoritaria de las Fuerzas Armadas; los dos afirman que velan por su prestigio y dignidad y se declaran constitucionalistas y democráticos.
El jefe del Ejército, general García Mezza, uno de los más influyentes miembros de la cúpula castrense que apoyó el reciente golpe del coronel Natusch, ha descartado que pueda haber sitio en el nuevo alto mando para alguno de los jefes militares, autodenominados institucionalistas, que pidieron el miércoles a la presidenta, Lidia Gueiler, el inmediato cese de unos mandos encumbrados por obra del cuartelazo del 1 de noviembre.Todo indica que la crisis militar va a desactivarse siguiendo los precarios pasos que condujeron al sacrificio del coronel Alberto Natusch, por parte de las Fuerzas Armadas, y al del ex presidente Guevara Arze, por parte del Congreso. El alto mando actual, identificado con el golpe, va a ser sustituido, sin que ello signifique la toma del Poder por el grupo militar que ha pedido su cese.
La línea dura, representada por el general Edén Castillo, se vio reforzada ayer, tras una prolongada reunión de jefes de guarniciones operativas, en la que se acordó apoyar al alto mando actual. Los comandantes de unidades han hecho público un comunicado en el que se acusa a Víctor Paz Estenssoro, líder del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y uno de los monstruos sagrados de la política boliviana desde hace años, de querer destruir a las Fuerzas Armadas mediante procedimientos «diabólicos».
En este documento, de diez páginas, se afirma textualmente que Paz Estenssoro traicionó personalmente, dos horas antes, el golpe que había preparado con el coronel Natusch, y cuyo objetivo final era hacerse con el control del Ejército a través del ascenso de oficiales adictos a su persona.
«Paz buscó el control del Ejército a través del general Padilla, como lo buscó el ex presidente Walter Guevara, para intentar ampliar la duración de su mandato provisional», se dice en otra parte de esta «declaración al pueblo de Bolivia». Los jefes de guarniciones acusan también a Paz Estenssoro de teledirigir el nuevo Gobierno desde la sombra, y describen lo que denominan andamiaje montado por el jefe del partido mayoritario -MNR- para conseguir el poder real y manipular las próximas elecciones.
El desenlace del sangriento golpe del 1 de noviembre ha colocado en el disparadero todos los resentimientos entre políticos y militares y está sacando a la luz los trapos sucios de cada uno de los grupos dominantes. De este «todos contra todos» en que se ha convertido la escena boliviana forman parte, tanto las contraacusaciones de los militares derechistas a los institucionales -«ellos han sido los golpistas de todos los Gobiernos, desde Barrientos hasta Padilla»-, como la vendetta que prometen los parlamentarios expulsados del Congreso por colaborar con Natusch.
Uno de ellos, Willy Sandoval, ha anunciado que va a hacer pública una lista de 52 parlamentarios comprometidos formalmente con la sublevación del 1 de noviembre.
Con un ojo puesto en las febriles negociaciones militares del palacio Quemado, los bolivianos esperan ahora el anuncio de un paquete económico largamente temido y aplazado por la urgencia de la desestabilización castrense. La búsqueda de dólares se ha convertido en obsesiva en vísperas de una devaluación que podría superar el 30%, y los productos básicos comienzan a ser acaparados por el comercio.
Si se zanja sin mayores consecuencias la abierta crisis militar, la situación económica va a ser una prueba de fuego para las expectativas del Gobierno constitucional de la señora Gueiler por alcanzar las elecciones de mayo próximo.