Los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona serán modificados

Los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona serán provisionalmente modificados, en lo referente a la forma de proceder para aprobar las cuentas de su gestión y respecto a la representación en el ente del Ayuntamiento barcelonés, que será incrementada, según manifestó anoche en Barcelona el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. El ministro mantuvo a lo largo del día varias reuniones de trabajo, en las que tomaron parte el alcalde de Barcelona y el delegado especial del Gobierno en el citado Consorcio, Carlos Güell de Sentmenat.

El ministro evitó dar precisiones ...

Los estatutos del Consorcio de la Zona Franca de Barcelona serán provisionalmente modificados, en lo referente a la forma de proceder para aprobar las cuentas de su gestión y respecto a la representación en el ente del Ayuntamiento barcelonés, que será incrementada, según manifestó anoche en Barcelona el ministro de Hacienda, Jaime García Añoveros. El ministro mantuvo a lo largo del día varias reuniones de trabajo, en las que tomaron parte el alcalde de Barcelona y el delegado especial del Gobierno en el citado Consorcio, Carlos Güell de Sentmenat.

El ministro evitó dar precisiones sobre el alcance de las irregularidades del Consorcio, remitiéndose a que los hechos estaban sometidos a la consideración del fiscal general del Estado. No obstante, toda las informaciones que facilitó el señor García Añoveros coincidían plenamente con lo que en su día fue revelado por este diario.«Estamos tanteando soluciones financieras», afirmó el ministro, quien, por otro lado, manifestó que «a medio plazo hay que darle al Consorcio de la Zona Franca un enfoque diferente. Las técnicas actuales para hacer lo que antes se hacía mediante zonas francas son diferentes». El ministro afirmó que las zonas francas son inexistentes en el Mercado Común y que España debe obrar en consecuencia con su voluntad de incorporarse al mismo.

El señor García Añoveros afirmó que había ordenado la auditoría del ente actualmente en curso después de sostener diversas conversaciones sobre este tema con el subsecretario de su departamento y con el alcalde de Barcelona. «No había una solicitud formal anterior a estas conversaciones pidiendo una auditoría», manifestó el ministro.

«Creo que el activo del Consorcio vale más que el pasivo. Pero se trata de salvar al Consorcio con el mejor activo posible», afirmó también. «No se ha congelado ninguna actividad normal del Consorcio. Lo que ha sucedido es que desde que se tuvieron dudas sobre la regularidad de algunas operaciones se informó al fiscal. El Ministerio está dispuesto a tomar las medidas que sea necesario», manifestó.

El ministro de Hacienda evitó dar información precisa. Dijo que «parece ser que se han comprado unos terrenos que, al parecer, son inexistentes y que luego se ha intentado volverlos a vender». Preguntado sobre las personas directamente implicadas, dijo «ustedes ya conocen un nombre. La información inicial (es decir la remitida de inmediato al fiscal) no daba más nombres». Como se recordará, el abogado del Estado Antonio de la Rosa Vázquez, que fue secretario general del Consorcio durante largos años, se encuentra en paradero desconocido.

El montante de las presuntas irregularidades sería de unos 1.100 millones de pesetas. El endeudamiento de la entidad es de 9.000 millones de pesetas, según datos oficiales facilitados en su día.

Preguntado acerca de si las autonomías implicarían una mayor presión fiscal, manifestó que ello no tenía por qué ser así: «Pese a la existencia de aparatos políticos autonómicos, hay que tener en cuenta que el gasto de estos aparatos es reducido y puede traducirse en una gestión más eficaz y en mejores servicios. Los aparatos políticos autonómicos pueden pagarse con esos márgenes originados por una mayor eficacia.»

Este mismo tema estuvo en el centro de una conferencia que anoche pronunció el ministro en el Círculo de Economía de Barcelona, bajo el título Presión fiscal, crisis económica y autonomías. «Se dice con frecuencia», afirmó el ministro, «que las autonomías implican necesariamente más gasto público, y en consecuencia, más presión fiscal. Esto es falso. Pero tampoco es cierta necesariamente la afirmación contraria.»