Posible existencia de un cementerio de residuos radiactivos en Salamanca
La comisión antinuclear creada en Salamanca a raíz de la aprobación de la instalación de una fábrica de combustibles nucleares en Juzbado ha recogido durante los últimos días diferentes pruebas para demostrar que en la comarca de Ciudad Rodrigo muy cerca de la frontera portuguesa, existe un cementerio de residuos radiactivos. Por tal motivo el comité antinuclear ha convocado una conferencia de prensa para el próximo miércoles, fecha en la que espera presentar testimonios convincentes.
A la sesión informativa serán invitados, según ha confirmado a EL PAIS uno de los miembros del comité a...
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La comisión antinuclear creada en Salamanca a raíz de la aprobación de la instalación de una fábrica de combustibles nucleares en Juzbado ha recogido durante los últimos días diferentes pruebas para demostrar que en la comarca de Ciudad Rodrigo muy cerca de la frontera portuguesa, existe un cementerio de residuos radiactivos. Por tal motivo el comité antinuclear ha convocado una conferencia de prensa para el próximo miércoles, fecha en la que espera presentar testimonios convincentes.
A la sesión informativa serán invitados, según ha confirmado a EL PAIS uno de los miembros del comité antinuclear, todos los parlamentarios y autoridades salmantinas, y en su transcurso se dará a conocer la interpelación que presentará al Gobierno para exigir una explicación respecto al tema los Grupos Socialista y Comunista. Miembros del PSOE y del PCE, junto con otras personas, se desplazaron en la tarde de ayer a Ciudad Rodrigo para confirmar los datos de que se dispone hasta ahora.Según las fuentes consultadas, durante los pasados meses de abril y mayo entraron en unos hangares de reciente construcción, correspondientes a la ampliación de la planta de tratamiento de minerales de uranio de Saelices el Chico (Salamanca), que fue aprobada el pasado 25 de agosto, dos trenes de diez vagones, cada uno con una carga total de trescientas toneladas -quince por unidad- de residuos de reciclaje que podrían proceder de Holanda o Inglaterra, una vez descartada la posibilidad de que fueran rusos.
Estos residuos se encuentran en la actualidad en contenedores de acero inoxidable, al parecer, totalmente cerrados y en perfecto estado. De confirmarse esta noticia, la importancia estratégica de la provincia de Salamanca habría aumentado considerablemente lo que también es motivo en este momento de lógica preocupación.
La comisión antinuclear había guardado con extraordinario celo el contenido de la conferencia de prensa anunciada. No obstante, algunos miembros de la misma, concejales, a su vez, del Ayuntamiento de Salamanca, habían señalado que se trataba de una noticia de extraordinaria importancia y que merecería figurar en la primera página de los periódicos.
Miembros de la comisión antinuclear han señalado que no existe ninguna disposición oficial que autorice una instalación de características similares a las reseñadas y han mostrado su preocupación por la configuración de la finca adquirida por ENUSA en el término de Juzbado, que podria responder a la necesidad de aislamiento de un cementerio de residuos. Esta posibilidad estaría basada en que el terreno destinado a configurar la zona de seguridad de las fábricas de elementos combustibles de óxido de uranio, del tipo de la que se instalarán en Juzbado, no sobrepasan las diez hectáreas, mientras que la finca adquirida por la Empresa Nacional del Uranio en dicha localidad tiene una extensión de 450 hectáreas.
El comité antinuclear, por otra parte, ha redactado un recurso de alzada contra la resolución en torno a la factoría de Juzbado. Este recurso, presentado ante la Delegación de Industria durante las últimas fechas por agrupaciones ciudadanas y culturales, partidos políticos, generales sindicales y personas a título individual, alega que el Plan Energético Nacional carece de carácter de ley por no haber sido aprobado por el Parlamento.
Además aduce que no se ha creado el Consejo de Seguridad Nuclear ni se ha dictado el preceptivo Informe del ente autonómico. «Ni siquiera», añade el escrito, «el Ayuntamiento de Juzbado ha recibido información oficial sobre el proyecto.»