Aprobadas nuevas transferencias a la Generalitat y al CGV

El Consejo de Ministros aprobó ayer tres reales decretos, por los, que se transfieren al Consejo General Vasco y a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de agricultura, sanidad y trabajo, y al Consejo Interinsular de Baleares, en cuestiones relativas a agricultura, urbanismo, administración local, turismo y transportes. El Gabinete, además de estudiar diversos informes, entre ellos uno sobre la posible modificación del Código Civil, en lo relativo al matrimonio y al divorcio, acordó también remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre protección de tierras de emigrantes.A propues...

El Consejo de Ministros aprobó ayer tres reales decretos, por los, que se transfieren al Consejo General Vasco y a la Generalitat de Cataluña competencias en materia de agricultura, sanidad y trabajo, y al Consejo Interinsular de Baleares, en cuestiones relativas a agricultura, urbanismo, administración local, turismo y transportes. El Gabinete, además de estudiar diversos informes, entre ellos uno sobre la posible modificación del Código Civil, en lo relativo al matrimonio y al divorcio, acordó también remitir a las Cortes un proyecto de ley sobre protección de tierras de emigrantes.A propuesta del ministro de Educación, fue aprobado un decreto por el que se regula la incorporación al sistema de enseñanza en las Baleares de las modalidades lingüísticas de la lengua catalana en las islas. En la ampliación de la referencia del Consejo de Ministros se señala que esta incorporación supone asumir un criterio superador de cualquier controversia, mediante el cual la proclamación del castellano como lengua oficial del Estado no es incompatible con el reconocimiento de las demás lenguas españolas, en el seno de las respectivas comunidades autónomas.

El proyecto de ley de protección de tierras de emigrantes enviado a las Cortes pretende mantener la vinculación del emigrante con sus tierras y a hacer posible que obtenga de ellas una, renta pactada, a cuyo efecto se permite a los agricultores emigrantes arrendar sus tierras sin someterse a la legislación especial de arrendamientos rústicos, sino tan sólo a las normas comunes del Código Civil.

El Ministerio de Agricultura señala que las medidas de protección contenidas en el proyecto tienen carácter coyuntural, puesto que la situación de emigración ha de contemplarse como temporal, teniendo en cuenta que el Estado debe orientar su política hacia el retorno del emigrante. Este mismo departamento presentó al Consejo un informe sobre la evolución de los incendios forestales en lo que va de año y su repercusión en la superficie forestal del país. En tal sentido, ha señalado que se han contabilizado, desde principios de año hasta el pasado día 2, un total de 5.518 incendios, que han quemado 62.000 hectáreas arboladas y 167.716 hectáreas no arboladas.

Sube el precio del agua en Madrid

Fue aprobado también en la reunión ministerial un plan integral de abastecimiento y saneamiento de la provincia de Madrid. Esta norma establece las fuentes de financiación e impulsa a los municipios para realizar trabajos de adecuación de sus redes de distribución y acelerar su integración en la red general del Canal de Isabel II. A propuesta del Departamento de Obras Públicas, el Gobierno aprobó otro real decreto, por el que se modifican las tarifas vigentes del Canal de Isabel II, que abastece de agua a los habitantes de Madrid, y las tarifas de las autopistas catalanas.Al mismo tiempo fue concedida autorización para imponer multas a diversas personas y entidades, por infracciones urbanísticas, por un total aproximado de catorce millones de pesetas.

A propuesta del ministro de Defensa, fue aprobado un real decreto para la integración de las mutuas de las Fuerzas Armadas en el ISFAS. El Gobierno señala que esta disposición permitirá concentrar en la Seguridad Social todos los recursos económicos y generalizar los beneficios para todas las Fuerzas Armadas.

Entre los diversos informes estudiados figuró uno del Ministerio de Cultura sobre la situación de la cinematografía española, otro sobre la seguridad ciudadana y posibles actuaciones contra publicaciones pornográficas.