Desarme aduanero, monopolios, fiscalidad y tarifa exterior comunitaria, primeros temas de negociación

Las negociaciones para la adhesión de España al ingreso en las Comunidades Europeas, que se abrirán el próximo día 18 de septiembre, en Bruselas, a nivel de ministros, comenzarán a debatir los siguientes temas: unión aduanera, libre circulación de productos industriales, tasa del valor añadido (TVA) y sistema español de tasas acumulativas en cascada sobre la cifra de negocios. Estos son, al menos, los temas que la parte comunitaria desea imponer en la primera parte de las negociaciones, según se desprende de dos documentos confidenciales que la Comisión Europea ha enviado al Consejo de Ministr...

Las negociaciones para la adhesión de España al ingreso en las Comunidades Europeas, que se abrirán el próximo día 18 de septiembre, en Bruselas, a nivel de ministros, comenzarán a debatir los siguientes temas: unión aduanera, libre circulación de productos industriales, tasa del valor añadido (TVA) y sistema español de tasas acumulativas en cascada sobre la cifra de negocios. Estos son, al menos, los temas que la parte comunitaria desea imponer en la primera parte de las negociaciones, según se desprende de dos documentos confidenciales que la Comisión Europea ha enviado al Consejo de Ministros de la CEE como trabajo previo de orientación general.

Ambos informes, de unión aduanera de productos industriales y de fiscalidad, de treinta y seis páginas, respectivamente, constituyen los primeros documentos oficiales sobre la negociación hispano-comunitaria y confirman la idea de que la CEE intenta abordar, desde el principio, las cuestiones que aparecen con menos dificultades en la negociación y que, por su contenido, favorecen más a la, parte comunitaria. Falta ahora por ver si España presentará, en la reunión del día 18 de septiembre, algún documento o propuesta relativo a los temas que la parte hispana desearía incluir en el primer paquete negociador. Hace una semana, el ministro de Relaciones con la CEE, Leopoldo Calvo Sotelo, informó al Consejo de Ministros del pasado día 14 de julio que las negociaciones se iniciarían con los temas unión aduanera, Euratom, CECA, movimientos de capitales y agricultura.El documento sobre la «unión aduanera para los productos industriales», número 393 (COM 79), comienza con una descripción de los problemas esenciales hispano-comunitarios de este sector y señala que «los desequilibrios en la liberación de los intercambios y la distorsión de las condiciones de la competencia» constituyen las características actuales de las relaciones España-CEE de este apartado. Se recuerda que, a causa del acuerdo vigente de 1970, en algunos productos la CEE hizo reducciones del 60 %, y España sólo el 25 % (sin citarse aquí el desequilibrio de la balanza comercial de los últimos años, siempre deficitaria para España). El documento reconoce, no obstante, que la decisión del Gobierno español del pasado 27 de abril, de reducir erga omnes varios derechos de aduanas y ciertas restricciones cuantitativas, reequilibró bastante la situación tarifaria.

Como segundo problema importante, el informe destaca «las tasas elevadas de compensación a las importaciones y las ayudas a la exportación» como elementos de distorsión fiscal españoles en los intercambios. Asimismo se hace mención a la necesidad de instaurar la TVA en España y de tomar iniciativas de concertación industrial. Por último, el preámbulo subraya que España, en el debate aduanero, intentará conseguir regímenes especiales para Canarias, Ceuta y Melilla.

En el capítulo de orientaciones se informa que han sido excluidos de este primer documento los productos agrícolas, los agrícolas transformados, los siderúrgicos y la adopción por España de los regímenes preferenciales comunitarios. Todos estos temas «serán objeto de un examen por separado».

Por otra parte, el informe destaca que las negociaciones no se consideran un desarrollo del Acuerdo de 1970, que ellas no se limitarán a las listas de productos de dicho Acuerdo, sino que serán totales, que España aceptará, desde el momento de la adhesión, el acquis communautaire, y que deberá expresar «sus propias orientaciones sobre las medidas transitorias o derogaciones que desee imponer y que se aceptará la existencia de una cláusula de salvaguardia.

En este apartado se dice también que la CEE considera como acquis communautaire (o nivel de políticas homologadas ya en la CEE) las cuestiones de la fiscalidad y de la competencia leal y señala que, durante las negociaciones, deberá buscar un sistema de relaciones entre España y las otras naciones candidatas, Grecia y Portugal, que también conseguirán algunos regímenes transitorios en los intercambios.

Obstáculos tarifarios y TEC

En el segundo capítulo, el informe señala que el objetivo de esta primera negociación consiste en la eliminación de todos los obstáculos comerciales, tarifarios y no tarifarios, y la aplicación por España de la Tarifa Exterior Comunitaria (TEC). Asimismo se deberá adoptar el derecho derivado (sobre el que se iniciaron ya conversaciones) y el sistema de nomenclatura aduanera Nimexe.

Sobre la eliminación de obstáculos tarifarios y no tarifarios, el informe propone la elaboración de un calendario corto de desarme, con períodos «simétricos» (igual para España que para la CEE), de los derechos de aduana de todos los productos afectados, excepción hecha de los casos que se consideren sensibles, y siempre contando con la cláusula de salvaguardia para el período transitorio.

Se pide también la aplicación inmediata, desde el momento de la adhesión, de la TEC por parte española y la supresión de otros derechos de aduana (como los que favorecen los sectores turístico, construcción naval, siderurgia, electricidad, banca, etcétera), mediante períodos cortos de desarme, sin que ellos condicionen la aplicación inmediata de la TEC, para evitar un desvío de mercancías y para conceder a los países de la CEE la claúsula de la nación más favorecida.

Sobre reducciones y homologación de los derechos de base, el informe propone una fecha fija y simultánea para todos ellos, en un momento «próximo a la adhesión», admitiendo excepciones «particulares».

Sobre las llamadas restricciones a la exportación (entre las que se incluyen basuras, residuos de cobre, aluminio o plomo, pieles y cueros, por parte de la CEE) se señala que todas estas restricciones deberán quedar eliminadas, y se admiten situaciones transitorias, pero en ningún caso el aumento o progresión de las restricciones. También el informe apunta la necesidad de homologar la situación de los monopolios existentes en España y en la CEE, de acuerdo con un calendario similar al que se establezca para los derechos de aduana.

Por último, el documento resume algunos casos en los que no cabrán períodos transitorios (aunque sí la claúsula de salvaguardia) desde el momento mismo de la adhesión. Se refiere a las tasas equivalentes a los derechos de aduana a las importaciones y a las exportaciones y las restricciones cuantitativas a la exportación y a la importación. El documento concluye con dos anejos, en los que se detallan los temas de negociación incluidos y excluidos en el acuerdo de 1970 y la situación de monopolios en España, con mención al tabaco y al petróleo, así como al régimen especial de estupefacientes.

La negociación sobre fiscalidad

El informe de la comisión europea sobre las negociaciones relativas a los problemas fiscales centra el debate sobre dos cuestiones: la aplicación en España, desde la adhesión (existen ya proyectos de ley en las Cortes) de la tasa del valor añadido (TVA) y el sistema español de tasa acumulativa en cascada sobre la cifra de negocios que, a juicio comunitario, «falsea la libre circulación de mercancías y de servicios entre España y la CEE». El documento señala que España deberá homologar con la CEE su sistema fiscal, y señala las medidas transitorias o derogaciones que desea aplicar.

El documento insiste en que el acquis de la CEE (que debe ser aplicado inmediatamente por España desde el momento de la adhesión) incluye las ayudas directas o indirectas a la exportación y a ciertas producciones internas. Asimismo, se recuerda que en el derecho derivado comunitario en materia fiscal se incluyen la TVA, las imposiciones sobre el tabaco manufacturado, franquicias fiscales, impuestos indirectos y directos.

Sobre la TVA se dice que ella servirá para homologar la competencia y para facilitar la aportación española al presupuesto comunitario. Sobre este último punto se afirma que será muy difícil que España, dado su peso económico, pueda eludir sus obligaciones presupuestarias acogiéndose durante algún tiempo al sistema de recursos propios,