Los alcaldes sevillanos buscan soluciones al paro agrícola

El gobernador civil de Sevilla, Luis Fernández, se negó ayer a recibir a un centenar de alcaldes y concejales de los municipios de la provincia que acudieron a exigirle soluciones al grave problema del paro agrícola que sufren sus pueblos. El gobernador accedió a entrevistarse con una delegación encabezada por el presidente de la Diputación Provincial, Manuel del Valle (PSOE).

Alcaldes y concejales se habían concentrado, en régimen de autoconvocatoria, en la sede de la Diputación, donde el presidente les invitó a reunirse «cuantas veces sea necesario», a pesar de la oposición de alg...

El gobernador civil de Sevilla, Luis Fernández, se negó ayer a recibir a un centenar de alcaldes y concejales de los municipios de la provincia que acudieron a exigirle soluciones al grave problema del paro agrícola que sufren sus pueblos. El gobernador accedió a entrevistarse con una delegación encabezada por el presidente de la Diputación Provincial, Manuel del Valle (PSOE).

Alcaldes y concejales se habían concentrado, en régimen de autoconvocatoria, en la sede de la Diputación, donde el presidente les invitó a reunirse «cuantas veces sea necesario», a pesar de la oposición de algunos diputados de UCD, que consideraban la reunión como un montaje del PSOE y PCE. No obstante, hay que señalar que varios alcaldes centristas participaron en la asamblea, si bien el grueso de los participantes pertenecía a los partidos de izquierda.El acto estuvo lleno de fuertes críticas al Gobierno y a su representante provincial, Luis Fernández, denunciándose la discriminación que padecen los trabajadores del campo, que carecen de seguro de desempleo, y el incumplimiento del compromiso adquirido por Abril Martorell de enviar a Andalucía 2.000 millones de pesetas con destino a obras del empleo comunitario (solamente se han recibido setecientos millones), así como de su promesa de negociar soluciones en profundidad al desempleo en la región.

Algunos alcaldes denunciaron la lentitud con que se tramitaban proyectos que podían proporcionar nuevos puestos de trabajo, liberándose de cualquier responsabilidad ante posibles alteraciones del orden público, derivadas de la dramática situación que empieza a vivirse en sus municipios. Representantes de las centrales sindicales Comisiones Obreras, UGT y CSUT exigieron participación en el reparto de fondos, indicando que «en el Gobierno Civil nos están tomando el pelo».

La noticia de que el gobernador civil se negaba a recibir al conjunto de los reunidos fue acogida con vivas muestras de desaprobación. Sin embargo, se decidió que una comisión reivindicase en el Gobierno Civil la ausencia del envío de nuevos fondos, el control sindical y municipal de los mismos y el seguro de desempleo para todos los parados.