Rumores sobre un posible golpe militar en Colombia

En Colombia, país que vive una de las peores crisis de su historia reciente, parece haberse desatado una tormenta especulativa acerca de quién ejerce realmente el poder en el país: los militares o el presidente de la República. La polémica, que ha saltado con tímidos rasgos a las columnas editoriales de los periódicos y que es tema preferido de conversación entre los interesados por la política, revela el estado de deterioro de la situación colombiana.

Tanto se habla de los militares en Colombia, tan constantes son los rumores sobre la posibilidad real de un golpe de Estado en el país, ...

En Colombia, país que vive una de las peores crisis de su historia reciente, parece haberse desatado una tormenta especulativa acerca de quién ejerce realmente el poder en el país: los militares o el presidente de la República. La polémica, que ha saltado con tímidos rasgos a las columnas editoriales de los periódicos y que es tema preferido de conversación entre los interesados por la política, revela el estado de deterioro de la situación colombiana.

Tanto se habla de los militares en Colombia, tan constantes son los rumores sobre la posibilidad real de un golpe de Estado en el país, que el propio ministro de la Defensa, general Luis Camacho, se ha visto obligado a referirse públicamente a esos rumores. Por supuesto, para desmentirlos de manera categórica: «Son infundados los temores de que pueda haber en Colombia una dictadura militar. Sencillamente porque nuestro país puede darse el lujo de tener fuerzas armadas profesionales, sin ninguna ambición de carácter político.»Las tranquilizadoras palabras del general Camacho, a quien muchos consideran el motor de todas las decisiones que se toma en el país, no parecen corresponder, sin embargo, a la verdad absoluta. El propio presidente Turbay Ayala admitió hace unos días que, como presidente, estaba sujeto a muchas presiones, políticas, económicas «y de otra índole», en clara alusión, según la interpretación de los expertos, a la creciente influencia militar en el Gobierno.

El origen del conflicto debe establecerse en el recrudecimiento de la actividad guerrillera en el país, coincidente en el tiempo con la toma de posesión de Julio César Turbay. A partir de ese momento y como respondiendo a una estrategia largamente preparada, los grupos guerrilleros que operan en Colombia (el M- 19 y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son los más activos) desataron una ofensiva a la que el Gobierno fue incapaz de responder con eficacia.

Los audaces golpes de la guerrilla (entre los que cabe recordar, por su espectacularidad, el robo de 5.000 fusiles de un arsenal del Ejército y el asesinato de un ex ministro del Interior) disgustaron profundamente a las fuerzas armadas, que impusieron, a finales del pasado año, un severísimo estatuto de seguridad ampliatorio de las condiciones excepcionales previstas en el estado de sitio, vigente en el país desde hace más de treinta años. La mayoría de los sectores políticos del país han contestado, desde su promulgación, dicho estatuto, que establece virtualmente el estado de guerra. Al amparo de las normas legales, el Ejército ha desplegado una actividad policial que mantiene en vilo a la opinión pública.

Registros militares

Las patrullas de soldados, fuertemente armados, registrando domicilios o deteniendo ciudadanos en plana calle son ya paisaje habitual en las más importantes ciudades colombianas. Las visitas a cualquier hora del día o de la noche de agentes de la inteligencia militar se han convertido en la pesadilla de profesores universitarios, expertos en folklore o jóvenes profesionales, que en gran número han sufrido los interrogatorios de oficiales del Ejército.De toda esta actividad, frente a la que el Gobierno del presidente Turbay solamente puede asumir una posición de forzada aquiescencia, ya han surgido las primeras consecuencias graves. No hace mucho, los diarios de Bogotá reprodujeron los testimonios de algunos detenidos, revelando las sofisticadas torturas a, que habían sido sometidos durante los interrogatorios en instalaciones militares.

En este episodio se ha dado una nueva prueba del poder de las fuerzas armadas en el país. A la mínima insinuación pública sobre la conveniencia de una investigación para averiguar si eran ciertas las denuncias de torturas, el propio ministro de la Defensa, general Camacho, respondió enfáticamente negando aquéllas y rechazando la investigación. Para reforzar su postura, el ministro no solamente advirtió que el estatuto de seguridad no sería derogado, sino que «será preciso reforzarlo, porque la delincuencia sigue desbocada. »