Tres años esperando

Tres años y seis días ha tardado la Lockheed en reconocer públicamente que realizó sobornos en, España. Desde que el 15 de febrero de 1976 apareciera la primera indicación periodística de que se habría pagado a través de un banco suizo más de un millón de dólares a la empresa Aviónica, SA, en concepto de comisión de dudosa legalidad, han pasado 36 meses. En ese período, la pereza de la empresa norteamericana sólo ha podido ser superada por la de los diferentes Gobiernos españoles, que sistemáticaínente o negaron la existencia de un caso a investigar en todo el asunto Lockheed o se inhibieron d...

Tres años y seis días ha tardado la Lockheed en reconocer públicamente que realizó sobornos en, España. Desde que el 15 de febrero de 1976 apareciera la primera indicación periodística de que se habría pagado a través de un banco suizo más de un millón de dólares a la empresa Aviónica, SA, en concepto de comisión de dudosa legalidad, han pasado 36 meses. En ese período, la pereza de la empresa norteamericana sólo ha podido ser superada por la de los diferentes Gobiernos españoles, que sistemáticaínente o negaron la existencia de un caso a investigar en todo el asunto Lockheed o se inhibieron de sus responsabilidades para, primero, exigir documentación a tiempo sobre el affaire, o, después, llevarlo hasta los tribunales.Hoy, tres años después, el asunto Lockheed se encuentra en España bajo trámite del Consejo Supremo de Justicia Militar y, según una noticia de Logos del pasado 10 de agosto, la vista se celebrará durante el presente año judicial, que comenzó el pasado 15 de septiembre. En el sumario, abierto en marzo de 1977 por la autoridad judicial militar, se encuentran implicados dos oficiales del Ejército del Aire: el general Luis Rey y el coronel Carlos Grandal, ambos como accionistas de la empresa Aviónica, SA, y como presuntos autores de los delitos comprendidos en el artículo 198 del Código Penal (que hace referencia al conflicto de interés entre su cargo y el lucro que puede hacerse de él) y el artículo 391 del Código de Justicia Militar, referido al delito de incumplimiento de los deberes militares.

Según estos artículos, los dos militares hacen frente a una pena máxima de inhabilitación especial y 250.000 pesetas de multa, si se les encuentra culpables del primer delito penal, y de seis años de cárcel por el delito específicamente militar. Ambos procesados, a través de sus abogados, han negado la comisión de ningún delito y tenían pensado pedir su absolución basándose en documentos que, teóricamente, estaban en poder de la empresa norteamericana y que todavía, en agosto del pasado año, no hablan Regado a España o no se habían traducido al español. En cualquier caso, ambos militares están amnistiados a priori de las posibles penas de prisión, aunque todavía pueden hacer frente a la sanción de separación permanente de servicio.

Pese a estas diligencias, y teniendo en cuenta la experiencia de otros países al procesar su propia ramificación del escándalo, es todavia materia de consideración si el caso Lockheed estará plenamente cerrado cuando se concluya el proceso abierto contra los dos militares mencionados.