El Gobierno fracasa por decreto

Secretario de la CE de la UGTPara la Unión General de Trabajadores (UGT) la superación de la actual crisis económica sólo puede ser afrontada desde una posición que permita ir introduciendo, en el proceso de superación de la crisis, criterios que impliquen un reparto más justo de sus consecuencias, y que hagan posible la mejora de la situación socio-económica de los trabajadores, tanto en el seno de la empresa como en la sociedad de la que forman parte. Desde esta perspectiva, en una sociedad democrática, la salida a la crisis debe ser en gran medida el resultado de una negociación ...

Secretario de la CE de la UGTPara la Unión General de Trabajadores (UGT) la superación de la actual crisis económica sólo puede ser afrontada desde una posición que permita ir introduciendo, en el proceso de superación de la crisis, criterios que impliquen un reparto más justo de sus consecuencias, y que hagan posible la mejora de la situación socio-económica de los trabajadores, tanto en el seno de la empresa como en la sociedad de la que forman parte. Desde esta perspectiva, en una sociedad democrática, la salida a la crisis debe ser en gran medida el resultado de una negociación entre las partes fundamentalmente implicadas -centrales sindicales, asociaciones de empresarios y Gobierno- que haga posible un justo equilibrio entre los sacrificios y compensaciones que cada una de las partes debe soportar y obtener respectivamente.

Por ello, en el proceso de conversaciones que se abrió durante el último trimestre del presente año, con la finalidad de alcanzar un posible acuerdo, era completamente legítimo que las centrales sindicales plantearan como imprescindible una moderación salarial que, en ningún caso, representaría una merma del poder adquisitivo de los salarios; la defensa y promoción del empleo que impidiera, al menos, el aumento del nivel de paro actualmente existente y una serie de contrapartidas sindicales que dieran lugar a un marco democrático de relaciones laborales que afianzara la libertad sindical.

La pretensión del Gobierno de reducir los acuerdos a un pacto social con un contenido exclusivamente limitado a una política de precios y salarios, que no garantizaba el poder adquisitivo de los trabajadores y, en definitiva, al no ofrecer unas bases reales de negociación que englobara los tres puntos presentados por las centrales sindicales, indujeron el proceso de conversaciones y, en consecuencia, a la imposibilidad de llegar a un acuerdo benéfico para el país.

El fracaso de las negociaciones no va a conducir al caos social. Ante dicho fracaso, la vía lógica, aunque quizá más difícil, deberá ser la negociación de los convenios colectivos con un respeto absoluto a la autonomía colectiva de empresarios y trabajadores. Y en una situación económica como la actual no cabe presentar reivindicaciones demagógicas que conduzcan la negociación del convenio a un callejón sin salida. De ahí que nuestras plataformas reivindicativas partan de análisis responsables de la situación económica del sector productivo o de la empresa a la que viene referido el convenio colectivo.

En definitiva, la potenciación de la negociación colectiva, sobre todo cuando la Constitución reconoce el derecho a la misma, constituye un camino normal que sólo las interferencias del Gobierno o los obstáculos de la patronal al inicio o a la marcha de las negociaciones puede conducir a una conflictividad innecesaria.

Sin embargo, el Gobierno acaba de promulgar un decreto-ley sobre Política de rentas y empleo que representa un claro atentado contra el derecho de trabajadores y empresarios a la negociación colectiva. De un modo unilateral, que recuerda los tiempos del franquismo, trata de hurtar de la negociación colectiva un aspecto tan importante para los trabajadores como es el salarial, imponiendo por la vía del decreto el «pacto social». Para la UGT dicha medida resulta inaceptable, pues el establecer una banda de moderación salarial que va del 11 % -obligatorio para funcionarios Públicos y trabajadores de las empresas estatales- al 14%, pone en peligro el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de los salarios y conduce a una disminución de la participación de éstos en el conjunto de la renta nacional. Pero al mismo tiempo, al establecer una serie de criterios en base a los cuales puede oscilar dicha banda, se está incitando solapadamente a la flexibilización de plantillas y coaccionando indirectamente a los trabajadores a que se establezcan cláusulas de «paz social» en los convenios, con lo que ello representa de renuncia para aquellos del ejercicio del derecho de huelga, ya reconocido en la Constitución.

Por otra parte, resulta absolutamente falso señalar, como hace el decreto-ley, que la banda salarial es indicativa para empresarios y trabajadores, pues prevé sanciones, como la reducción del 5% de las plantillas de los trabajadores para aquellos casos en que los convenios colectivos superen el tope máximo del 14% establecido en el decreto.

Por estas razones, el decreto-ley resulta para la UGT totalmente inaceptable. Inaceptabilidad que no va a estar acompañada de una pasiva actitud de rechazo, sino también de una actitud activa a través de la cual se superen los topes salariales establecidos unilateralmente por el Gobierno. Precisamente la reunión conjunta de las dos centrales sindicales mayoritarias del país, UGT y CCOO, responde a la necesidad de encontrar puntos básicos de acuerdo que ante la negociación de los convenios permitan superar dichas limitaciones.

Y junto a la necesidad de obtener una determinada moderación salarial que no atente contra el poder adquisitivo de los salarios, las centrales sindicales deberán de plantear aquellas reivindicaciones, más cualitativas, que permitan aumentar el empleo y desarrollar los derechos sindicales; medidas, en definitiva, que van a permitir mejorar la situación de los trabajadores tanto en activo como en situación de paro.

Es evidente que para alcanzar estos objetivos las centrales sindicales van a tener que ejercer una presión enérgica y responsable, utilizando los medios que la Constitución pone en sus manos, rechazando cualquier tipo de imposición gubernamental a través de la cual se trate de coaccionar la autonomía y la libertad negociadora de los trabajadores.