Críticas al presupuesto de 1979 para asistencia a a minusválidos
Antonio Pérez, paralítico y sin recursos solicitó hace cinco meses ayuda oficial al Servicio de Recuperación de Minusválidos (Serem) para adquirir una silla de ruedas. Hasta el momento no ha recibido respuesta y, según la práctica administrativa, esto significa que su petición ha sido aprobada. Sin embargo, no es fácil que Antonio Pérez tenga su silla de ruedas este año. Hay muchas solicitudes como la suya o de similar urgencia pendientes de ser atendidas, a la espera de que el Serem haga efectivas las cantidades que teóricamente ya ha concedido, pero de las que, al parecer, no dispone.
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Antonio Pérez, paralítico y sin recursos solicitó hace cinco meses ayuda oficial al Servicio de Recuperación de Minusválidos (Serem) para adquirir una silla de ruedas. Hasta el momento no ha recibido respuesta y, según la práctica administrativa, esto significa que su petición ha sido aprobada. Sin embargo, no es fácil que Antonio Pérez tenga su silla de ruedas este año. Hay muchas solicitudes como la suya o de similar urgencia pendientes de ser atendidas, a la espera de que el Serem haga efectivas las cantidades que teóricamente ya ha concedido, pero de las que, al parecer, no dispone.
«El Serem no tiene dinero. Del presupuesto del año pasado se le deben todavía 3.000 millones de pesetas, pero no se decide a revelar públicamente esta situación. ¿Cómo va a denunciar a la Administración si forma parte de ella? En cierta manera se presta a hacer el papel de chivo expiatorio.» Habla Pilar Ramiro, representante de los minusválidos físicos en el Consejo Rector del Serem.«Aun en el caso de que se reciban esos millones que Hacienda o Intervención adeuda, se producirá un grave problema, pues habría que distribuirlos y justificarlos antes de fin de año, lo que, en menos de dos meses, es prácticamente imposible -añade Pilar Ramiro-. Todos los fondos que no sean asignados antes de que se cumpla esa fecha serán absorbidos por el presupuesto del año que viene y, por tanto, se perderán. »
Según José Alba, también minusválido físico, miembro del Consejo Rector, Intervención es como un cuello de botella que dificulta la circulación del dinero que los Presupuestos asignan a los servicios sociales.
«Ante los cambios que se anuncian, los interventores van con pies de plomo. No se atreven a dar una peseta que no esté más que justificada. Además, funciona a todos los niveles una especie de autocensura a la hora de cifrar el volumen de cada prestación, y esto fomenta la picaresca entre los propios peticionarios, que cuando necesitan cien piden doscientas, porque saben que así les darán cincuenta», comenta José Alba.
Con respecto al presupuesto del año próximo, los representantes de los minusválidos físicos expusieron ante el Consejo Rector una serie de críticas que fueron asumidas por éste y presentadas al ministro de Sanidad.
Del análisis de la distribución del presupuesto del Serem se deduce que de un total de 5.479 millones, el 60,2 % -3.300 millones- se destina al mantenimiento de su gestión e infraestructura, mientras que sólo el 37,6 % -2.059 millones- se dedica a la ayuda directa a las familias afectadas y a la iniciativa privada en general. El resto - 120 millones- se contabiliza como créditos a recuperar.
«Esta distribución no nos parece la más justa, sobre todo teniendo en cuenta la incapacidad del Serem para dar el máximo aprovechamiento a los fondos de los que dispone y su tendencia a una progresiva burocratización», apunta Pilar Ramiro.
«Sin embargo, vamos a dar un voto de confianza a la Administración», puntualizó José Alba. «Pero exigimos que los minusválidos tengan información sobre la utilización del presupuesto, y que se pueda ejercer una crítica a la gestión de los organismos oficiales en el caso de que no consigan una rentabilidad máxima. »
La disminución de las cantidades previstas para fomentar la iniciativa privada en un 10% sobre el ejercicio anterior es otro de los puntos insatisfactorios del presupuesto de 1979, que prevé una reducción del 53 % en las ayudas a los centros promovidos por corporaciones locales, y del 23 % en las que reciben los centros de fundación privada o asociativa.