Persiste la ambigüedad gubernamental respecto al pacto socioeconómico

Las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas sociales mayoritarias (CCOO, UGT y CEOE) sobre un posible acuerdo económico para 1979 se mantienen dentro de la tónica de ambigüedad que las viene caracterizando. El pacto de la Moncloa parece irrepetible y en esta ocasión, pese a la voluntad verbal de acuerdo, las posiciones se mantienen distantes, y el diálogo apenas existe.Después de la jornada de reflexión celebrada el pasado 28 de septiembre, no ha vuelto a convocarse una nueva reunión conjunta de los tres sectores implicados. Mediante encuentros formales e informales de cará...

Las negociaciones entre el Gobierno y las fuerzas sociales mayoritarias (CCOO, UGT y CEOE) sobre un posible acuerdo económico para 1979 se mantienen dentro de la tónica de ambigüedad que las viene caracterizando. El pacto de la Moncloa parece irrepetible y en esta ocasión, pese a la voluntad verbal de acuerdo, las posiciones se mantienen distantes, y el diálogo apenas existe.Después de la jornada de reflexión celebrada el pasado 28 de septiembre, no ha vuelto a convocarse una nueva reunión conjunta de los tres sectores implicados. Mediante encuentros formales e informales de carácter bilateral se han dado a conocer las respectivas posiciones y diferencias. El Gobierno se muestra dispuesto a convocar otra serie de contactos formales e insiste en su objetivo no, negociable de conseguir descensos de los niveles de precios mediante una política de rentas como única opción para reducir la tasa de desempleo o, al menos, cortar su impenitente crecimiento.

Las demás fuerzas sociales parecen menos preocupadas por este aspecto. Los sindicatos insisten en conseguir tasas satisfactorias de crecimiento de rentas y multiplicación de la inversión pública para evitar el paro. Los empresarios reiteran sus demandas de garantías de crédito al sector privado y de una política de flexibilidad de plantillas.

Diversos medios implicados en la negociación consideran viable que a lo largo de la próxima semana se alcancen unos primeros niveles de acuerdo que podrían plasmarse en un documento resumen. De él podría salir la literatura para un proyecto de ley que el Gobierno remitiría al Parlamento y cuyo contenido básico sería una indicación de tipo salarial compulsiva para el sector público y empresas subvencionadas e indicativa para las de más empresas. Este tope salarial se situaría en la zona entre el 12,5 y el 13,5%, de incremento máximo de la masa salarial.

Junto a este proyecto de ley, que tendría que alcanzar un refrendo parlamentario de los partidos, se consideran verosímiles acuerdos parciales sobre inversiones públicas complementarias en vivienda, agricultura y otros sectores generadores de empleo, así como algunos, traspasos de patrimonio sindical y compromiso de una, política monetaria y crediticia menos restrictiva que la actual. Se contemplaría también la posibilidad de un acuerdo para negociar un pacto de mayor alcance dentro de unos meses.

El retraso y tono de las negociaciones crea cada día que pasa más inquietud entre los economistas más solventes del país, que consideran grave comenzar el año sin un acuerdo base entre las fuerzas sociales que permita continuar el esfuerzo de reducir la inflación hasta niveles más compatibles con nuestros competidores europeos.