Acusación al IRYDA de cometer "desmanes ecológicos" en Doñana
El Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA) fue acusado ayer en el Pleno del Senado de actuar en la zona del parque nacional de Doñana en contra de los intereses ecológicos, destruyendo hábitats de determinadas especies. El senador López Martos (PSI) acusó al organismo autónomo estatal de cometer «desmanes ecológicos».El Pleno comenzó con la intervención del senador de UCD Fernández Calviño en defensa del dictamen de la comisión especial de investigación sobre la comercialización de la pesca, que fue aprobado por asentimiento. Entre otras cosas, el informe pide que se elabore ...
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El Instituto para la Reforma y el Desarrollo Agrario (IRYDA) fue acusado ayer en el Pleno del Senado de actuar en la zona del parque nacional de Doñana en contra de los intereses ecológicos, destruyendo hábitats de determinadas especies. El senador López Martos (PSI) acusó al organismo autónomo estatal de cometer «desmanes ecológicos».El Pleno comenzó con la intervención del senador de UCD Fernández Calviño en defensa del dictamen de la comisión especial de investigación sobre la comercialización de la pesca, que fue aprobado por asentimiento. Entre otras cosas, el informe pide que se elabore una ley especial para regular las lonjas de contratación, y afirma la necesidad de promover un nuevo sistema de comercialización con una relación directa productor-detallista a través de la figura del exportador y que prescinda del asentador.
A continuación se debatió una proposición de ley remitida por el Congreso sobre reconocimientos de servicios previos en la Administración Pública, que a pesar del acuerdo mayoritario de la Cámara debió pasar a la comisión correspondiente para su estudio, ya que no reunió la mayoría de dos tercios necesaria para ser aprobada directamente.
El proyecto de ley del parque nacional de Doñana fue defendido por los senadores Sampedro (Agrupación Independiente), Lopez Martos (Progresistas y Socialistas Independientes), González Gastanaga (Socialistas) y Hernández Caire (UCD). Todos ellos coincidieron en la urgencia de la ley.
Los señores Sampedro y López Martos criticaron la labor del Iryda en el coto. Este organismo, según el señor López Martos, está actuando en el plan «Almonte-Marismas» de espaldas a los intereses ecológicos, destruyendo habitats de determinadas especies en aras de un aprovechamiento económico dudoso. Llegó a calificar la actuación del IRYDA como «desmanes ecológicos». El proyecto corrió en votación la misma suerte que la proposición anterior, así como el proyecto de ley de modificación de la ley del Derecho de Reunión y el proyecto sobre ley de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona.
A continuación se debatió el dictamen de la Comisión Mixta Congreso-Senado sobre el proyecto de ley de medidas especiales contra bandas armadas, que fue aprobado por 110 votos a favor, dos en contra y cuatro abstenciones. Defendió el dictamen el senador de UCD señor Valverde.
El dictamen de la Comisión de Justicia e Interior sobre el proyecto de ley de partidos políticos fue defendido por la senadora de UCD, María Dolores Pelayo, quien dijo, que era un proyecto alicorto, pero que significa un gran avance. Fracasó la propuesta del PSI, defendida por Manuel Villar Arregui, de que fuese el número de votos obtenidos, y no el de escaños, el criterio para fijar la ayuda gubernamental a los partidos.
Política farmacéutica
En el último punto del orden del día, y cuando ya sólo quedaban ochenta senadores en la sala, el ministro de Sanidad y Seguridad Social, Enrique Sánchez de León, expuso la declaración del Gobierno sobre política farmacéutica. Entre otras cosas, dijo el señor Sánchez de León que la producción farmacéutica española es baja como consecuencia de una deficiente infraestructura científica y tecnológica en esta parcela. España es el octavo país productor de especialidades farmacéuticas de la OCDE.
Afirmó también que los españoles gastamos el año pasado 128.000 millones de pesetas en medicamentos, lo que nos sitúa en octavo lugar del mundo, con un consumo per cápita de 4.000 pesetas anuales. La Seguridad Social absorbe el 80% del total del mercadó, y gasta en medicamentos el 28,31% de su presupuesto de asistencia sanitaria.
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