La deuda pública, instrumento olvidado de política económica

Si un inversor pide consejo sobre dónde colocar su dinero, con muchas probabilidades la compra de títulos de deuda pública estarán ausentes en la lista de propuestas. La deuda pública aparece como una gran desconocida. Ese desconocimiento se lo ha ganado a pulso el propio Estado mediante una política de emisiones que tradicionalmente ignoró los principios en que debe basarse la deuda pública.

Su origen se remota muchas décadas atrás, pero su paradigma se halla en las técnicas de monetización de la deuda -se emite papel del Estado a tipos artificiales, pero se compensa a sus suscriptores...

Si un inversor pide consejo sobre dónde colocar su dinero, con muchas probabilidades la compra de títulos de deuda pública estarán ausentes en la lista de propuestas. La deuda pública aparece como una gran desconocida. Ese desconocimiento se lo ha ganado a pulso el propio Estado mediante una política de emisiones que tradicionalmente ignoró los principios en que debe basarse la deuda pública.

Su origen se remota muchas décadas atrás, pero su paradigma se halla en las técnicas de monetización de la deuda -se emite papel del Estado a tipos artificiales, pero se compensa a sus suscriptores, fundamentalmente bancos, autorizando a que mediante su pignoración, puedan conseguir, de forma automática, créditos del banco central en una proporción elevada del nominal de los títulos, o de colocación forzosa mediante coeficientes legales de inversión -las instituciones crediticias están obligadas a destinar un porcentaje de sus depósitos, entre el 10 y el 20%, a suscribir deuda pública. El primero de ambos sistemas desapareció al final de la década de los cincuenta; el segundo pervive, a pesar de la reforma del sistema financiero iniciada en julio de 1977.Si continuara el proceso de reforma en este campo se daría un gran paso hacia la consolidación de un importantísimo instrumento de política económica. La política de deuda pública constituye, en su aspecto de emisión, un poderoso instrumento de financiación del sector público, complementario de la recaudación impositiva. Pero, además, a través de su manejo en el mercado secundario, es una vía eficaz de actuación para la política monetaria, ya sea mediante sus efectos sobre la cantidad de dinero existente en cada momento en el sistema crediticio, ya sea mediante las variaciones en la estructura de tipos de interés inducidas por los cambios en el precio de los títulos públicos derivados de la intervención del banco central.

De ahí la importancia que la deuda pública tiene en los mercados de valores de los países más desarrollados financieramente y cuyos ejemplos más conocidos son Estados Unidos y Gran Bretaña. En España, las dos últimas emisiones realizadas por el Tesoro parecen indicar un cambio respecto a prácticas anteriores. En diciembre de 1977 se emitieron 20.000 millones de pesetas a un tipo de interés neto del 10,25% y a un plazo de 10 años, con amortizaciones por sorteo a partir del cuarto año. En junio último se hizo una emisión de 10.000 millones, a cinco años, con amortización total al final del período. Ambas emisiones han sido bien acogidas por el público en general. En el cuadro se ve la distribución por suscriptores de la primera de ellas (no parece que la distribución de la segunda emisión sea muy diferente, salvo para acentuar las participaciones relativas de los particulares y del sector seguros).

¿Cuál puede ser el futuro de la deuda pública? Salvo un salto atrás, que parece impensable, la deuda está abocada a convertirse en un instrumento importante de la política financiera del Estado en su doble aspecto de fuente de ingresos y de canal para la política monetaria del Banco de España. Algunos de los requisitos mínimos que en opinión de expertos calificados debe reunir son los siguientes:

1. Coordinar la política de emisión de todos los entes públicos que recurren al mercado. La situación actual, en la cual el Tesoro, el INI y sus empresas y algún banco oficial emiten en condiciones frecuentemente contrapuestas y en declarada competencia es insostenible y peligrosa.

2. Coordinación no significa centralización. Parece claro que los diferentes entes autonómicos y no pocas corporaciones locales y provinciales deberán recurrir al mercado. Este hecho no debería convertirse en ocasión para competencias absurdas en un mercado que, debidamente tratado, tiene recursos potenciales muy importantes.

3. Esas posibilidades podrían menguarse si los diversos entes emisores, y muy especialmente el Tesoro, no cuidan ciertos detalles de su política de deuda. Entre ellos merece destacarse los siguientes: la conveniencia de emitir a plazos diferentes en función de las necesidades de la gama de potenciales inversores y la necesidad de montar sistemas de colocación alternativos -tales como las subastas o los consorcios de aseguramiento- o complementarios al actual de ventanilla.

4. Todas esas condiciones son necesarias, pero no suficientes, para asegurar el éxito y la aceptación de una política de deuda pública. La clave reside en la existencia de un mercado secundario eficaz.«Se trata nada más y nada menos, de asegurar al inversor en títulos del Estado que en todo momento podrá desprenderse de sus valores. Ello no quiere decir que se le promete que va a vender al mismo precio que suscribió o compró, pero sí que, con una pérdida o ganancia mínima, será capaz de convertir en dinero su título de deuda pública.