Existen 550.000 viviendas sin condiciones de habitabilidad

Según un informe de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, en Madrid existen unas 550.000 viviendas que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad exigibles actualmente. Asimismo, el déficit de viviendas asciende a 200.000, de las que 45.000 corresponderían a familias que habitan las llamadas infraviviendas y otras 22.000 viven en casas en diversos estados de ruina.

El último pleno de la Federación denunció duramente la falta de una política, social coherente de la Administración, y su abandono en favor de la iniciativa privada. El plan de viviendas sociales anuncia...

Según un informe de la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, en Madrid existen unas 550.000 viviendas que no reúnen los requisitos mínimos de habitabilidad exigibles actualmente. Asimismo, el déficit de viviendas asciende a 200.000, de las que 45.000 corresponderían a familias que habitan las llamadas infraviviendas y otras 22.000 viven en casas en diversos estados de ruina.

El último pleno de la Federación denunció duramente la falta de una política, social coherente de la Administración, y su abandono en favor de la iniciativa privada. El plan de viviendas sociales anunciado por el antiguo Ministerio de la Vivienda ha sido un fracaso, ya que se ha dirigido la construcción de pisos a las clases medias, únicas que pueden permitirse pagos mensuales de 15.000 pesetas, y no a los sectores más débiles económicamente. Ante la gravedad de la situación, la Federación acordó un programa de cuatro puntos. Estos serían: exigir al Ministerio de Obras Públicas y, Urbanismo y al Instituto Nacional de la Vivienda la redacción de, un censo oficial de viviendas de protección oficial vacías y la fijación de un plazo concreto para su nueva adjudicación a familias necesitadas.

La disolución de Visomsa, entidad encargada de la promoción de las viviendas sociales, por los motivos apuntados más arriba. Exigir al Gobierno un programa con su correspondiente presupuesto que aborde, en el plazo de tres o cuatro años, la terminación de un plan coherente de viviendas accesibles. Hasta ahora, la actuación del Ministerio consiste en cumplir -en algunos casos ni eso- los compromisos contraídos con los barrios, pero no en planear una política propia y efectiva a largo plazo.

Por último, el cuarto punto se refiere a la necesidad urgente de tomar medidas contra las constructoras, inmobiliarias y promotoras protagonistas de estafas en la venta de pisos, de las que sólo en Madrid se conocen cientos de ejemplos.