Los partidos vascos reivindican los conciertos económicos

Toda la izquierda vasca, a excepción del PSOE y PCE, acudirá hoy junto con el PNV a la manifestación convocada para las siete de la tarde en Bilbao con el objeto de reivindicar la restauración de los conciertos económicos en Vizcaya y Guipúzcoa, así como el mantenimiento de los regímenes vigentes en Alava y Navarra.

Aunque la movilización no va a ser todo lo unitaria que pretendían los nacionalistas, ya que la mayoría de la izquierda ha decidido aprovechar la oportunidad para pedir también el reconocimiento del derecho de autodeterminación y unas inmediatas elecciones municipales, l...

Toda la izquierda vasca, a excepción del PSOE y PCE, acudirá hoy junto con el PNV a la manifestación convocada para las siete de la tarde en Bilbao con el objeto de reivindicar la restauración de los conciertos económicos en Vizcaya y Guipúzcoa, así como el mantenimiento de los regímenes vigentes en Alava y Navarra.

Aunque la movilización no va a ser todo lo unitaria que pretendían los nacionalistas, ya que la mayoría de la izquierda ha decidido aprovechar la oportunidad para pedir también el reconocimiento del derecho de autodeterminación y unas inmediatas elecciones municipales, lo cierto es que la exigencia de los conciertos va a agrupar de hecho a casi toda la oposición vasca.

Incluso los partidos que han decidido abstenerse de la manifestación aseguran estar de acuerdo en principio con tal petición, aunque entienden que todavía hay medios suficientes, sobre todo a través del Consejo General, para conseguirla sin necesidad de echarse a la calle. Incluso la UCD se ha manifestado en este sentido.

A la vista de todo esto podría decirse que al menos en este tema están unidas todas las fuerzas políticas de Euskadi, incluidos los grandes partidos de ámbito estatal. En buena lógica no debería haber, por tanto, problema alguno para el reconocimiento de los conciertos económicos, incluso con rango constitucional.

La realidad es muy otra. Los conciertos no son un concepto unívoco y cada partido los entiende de una determinada manera. La interpretación dada por los dos partidos mayoritarios puede resultar esclarecedora a este respecto.

Entre la soberanía y la unidad fiscal

La posición del PNV, expresada a través de su presidente, Carlos Garaicoechea, podría resumirse en estas palabras: «Los conciertos económicos constituyen para nosotros el reconocimiento de una hacienda propia, con capacidad normativa, de recaudación y gestión. Ahora bien, no buscamos privilegios y, por tanto, admitimos las siguientes limitaciones: armonización de nuestro sistema impositivo con el general, contribución negociada a las cargas generales del Estado y aportación a los fondos de solidaridad.»El señor Garaicoechea entiende que este planteamiento no queda satisfecho por la fórmula prevista en el anteproyecto constitucional, que contempla la posible cesión, total o parcial, de determinados impuestos generales a un territorio autónomo. «No nos satisface, porque el Estado se reserva de forma exclusiva la soberanía fiscal. »

Los socialistas entienden, por su parte, que los conciertos económicos, no pueden crear en ningún caso situaciones de privilegio y deben ser, por consiguiente, homologables a los regímenes fiscales que se establezcan para los restantes territorios autónomos. No cuestionan la fórmula técnica -aceptan el sistema de cupos negociados con la Administración central-, pero en ningún caso quieren entrar a discutír principios de soberanía fiscal, tema este que resulta básico para los nacionalistas.

El PNV habla de armonizar los impuestos básicos con los generales del Estado, mientras que los socialistas exigen que el sistema fiscal común no pueda en ningún caso reducirse en los territorios autónomos, aunque se reconoce a éstos la posibilidad de crear figuras impositivas de nueva planta.

Una vez determinado que los impuestos generales deben aplicarse con carácter unitario, los socialistas entienden que la negociación con el Estado debe servir para evaluar el coste de las competencias que se reserve el Estado y las que se atribuyan a los territorios autónomos. Las competencias que en cada caso se transfieran a éstos irán acompañadas de su correspondiente dotación presupuestaria.

Resulta evidente que mientras los nacionalistas reivindican el principio de soberanía fiscal a través de los conciertos económicos, los socialistas limitan el tema a una simple cuestión de descentralización administrativa. Pese a esta sensible diferencia de origen ambos partidos llegaron a un acuerdo genérico para apoyar en común la petición de unos conciertos económicos con el compromiso de que en ningún caso la presión fiscal en las provincias vascas por todos los conceptos pueda ser inferior a la del resto del Estado.

Un siglo de conciertos

Hace justamente un siglo -en febrero de 1878- fue suscrito el primer concierto económico entre el Gobierno de Alfonso XII, presidido por Cánovas y las diputaciones de Alava, Guipúzcoa y Vizcaya. Era el último residuo de unos fueros abolidos dos años antes. La falta de unos datos estadísticos que permitieran la aplicación de los impuestos generales a las provincias citadas fue uno de los motivos que condujeron al régimen concertado.Este primer concierto fue fijado unilateralmente por Madrid, que exigió unos cupos por cada uno de los impuestos que regían a escala general. Aplicó para ello una evaluación global, de forma que las tres provincias vascas ingresaran en el tesoro público unas contribuciones similares a las aportadas por otras regiones de características similares.

El Estado limitaba así su intervención en materia fiscal a que las tres diputaciones le pagaran las cantidades fijadas, sin establecer ni la forma de recaudación ni el destino que pudiera darse a los restantes ingresos.

Una administración eficaz, el mantenimiento de cupos fijos, a pesar de la devaluación monetaria, y el creciente proceso de industrialización hicieron que las diputaciones vascas pudieran disponer de una hacienda muy saneada. Frente a un Estado miserable, incapaz de atender las exigencias más elementales, estas diputaciones se hicieron cargo de importantes aspectos de la enseñanza, obras públicas, sanidad, etcétera. A falta de una descentralización administrativa jurídicamente reconocida, los conciertos económicos ofrecieron de hecho los medios necesarios para que las diputaciones se hicieran cargo, de forma muy satisfactoria, de determinados servicios que en otras provincias atendía el Estado con muchas deficiencias.

Este mecanismo fue abolido por Franco el 23 de junio de 1937 en las provincias de Vizcaya y Guipúzcoa, mientras la misma fórmula se mantenía en Alava por haberse sumado a la insurrección desde el primer momento. Este decreto de guerra sería abolido por el primer Gobierno del rey Juan Carlos I, pero esta amnistía no sirvió para que de forma automática pudiera volverse a la situación anterior. En cierto modo cabría decir que la condena sigue vigente, a pesar de haberse reconocido la inexistencia de delito.

Al margen de que los conciertos económicos que puedan implantarse en el futuro se ajusten o no a lo exigido por nacionalistas o socialistas, lo que resulta evidente para las fuerzas políticas vascas es que no se puede mantener este castigo cuando la causa que lo originó ha sido ya amnistiada.