El coste del seguro de paro socialista

LA PROPOSICION de ley contra el paro presentada por los socialistas, y que pronto se discutirá en la correspondiente comisión del Congreso, nació rodeada de una fuerte polémica. Su aceptación por el Pleno no sólo supuso una derrota parlamentaria para la mayoría gubernamental, sino que, además se manejaron entonces cifras muy dispares sobre su coste financiero: según estimaciones del Ministerio de Trabajo sería de unos 274.000 millones de pesetas anuales; de acuerdo con el PSOE, de 112.000 millones.Tamaña disparidad no habla muy en favor de los equipos técnicos de los dos grandes partidos, pues...

LA PROPOSICION de ley contra el paro presentada por los socialistas, y que pronto se discutirá en la correspondiente comisión del Congreso, nació rodeada de una fuerte polémica. Su aceptación por el Pleno no sólo supuso una derrota parlamentaria para la mayoría gubernamental, sino que, además se manejaron entonces cifras muy dispares sobre su coste financiero: según estimaciones del Ministerio de Trabajo sería de unos 274.000 millones de pesetas anuales; de acuerdo con el PSOE, de 112.000 millones.Tamaña disparidad no habla muy en favor de los equipos técnicos de los dos grandes partidos, pues, dejando aparte el inevitable sesgo estadístico que toda estimación de este tipo puede tener, no parece justificable semejante diferencia si se parte de una base de cálculo y se manejan unos supuestos relativamente homogéneos. La explicación más plausible es que los expertos del Ministerio de Trabajo, que entonces no conocían detalladamente la propuesta socialista, se dejaron llevar por la atracción que siempre ejerce el recuerdo de las cuentas del Gran Capitán.

El razonamiento partiría de que, según las cifras de la Seguridad Social (SS), la prestación media recibida en 1977 por cada persona parada fue de unas 21.200 pesetas de acuerdo con la Encuesta de Población Activa (EPA), a finales de ese año estaban en paro 832.000 personas, de los cuales sólo 329.000 cobraban seguro de paro. Si se supone que en 1978 las prestaciones aumentarán un 27% y multiplicamos las 27.000 pesetas resultantes por los 502.700 parados que no perciben seguro, pero que lo cobrarían de acuerdo con la propuesta socialista, llegamos a una cifra de 163.000 millones de pesetas anuales. Añadamos las 207.000 personas calificadas de activos marginales y, realizando idénticos cálculos, deberemos sumar 67.000 millones. En resumen, unos 230.000 millones de pesetas, cantidad inferior a la indicada por Trabajo, pero más cercana a ella que la expuesta por los socialistas.

En todo caso, nuestra sospecha es que la explicación de la diferencia reside en que los cálculos del ministerio reposan en un colectivo más amplio que el contemplado por la proposición de ley socialista. Conviene, pues, antes de intentar cuantificar el coste financiero de la propuesta, hacer unas precisiones respecto al ámbito de la misma.

De acuerdo con la propuesta socialista, el paro involuntario, definido en su artículo uno, daría lugar a cuatro tipos de prestaciones: por desempleo; por paro; ayudas para fomentar el empleo y, por último. beneficios complementarios, consistentes en ayudas a movimientos interiores de los parados y a su formación profesional.

La lectura del articulado de la proposición de ley ilustra sobre algunas de sus limitaciones, que se traducen en una cobertura más restringida de la que creyó entender el ministro de Trabajo en la sesión plenaria del Congreso. No se incluyen, por ejemplo, los emigrantes retornados ni los minusválidos físicos; la categoría de jóvenes en busca de empleo se limita, en el subsidio de paro, a quienes tengan determinada titulación académica.

El tema de la financiación, de máxima importancia, debe valorarse en el marco de esta aplicación limitada de la posible ley. De acuerdo con su artículo 36, los gastos de la prestación económica por desempleo se financiarán en sus dos terceras partes mediante cotizaciones de empresarios y trabajadores, y el tercio restante por aportaciones del Estado. Las otras modalidades correrán a cargo de este último, a través de los Presupuestos.

Precisamente en este punto reside el aspecto más criticable de la proposición de ley; aspecto que, por añadidura, constituye un ataque al pacto de la Moncloa, pero qué, extrañamente, el Gobierno y UCD han silenciado. Conviene, en definitiva, intentar una cuantificación aproximada del coste financiero de la proposición de ley. El cálculo no es fácil, pues supone proyectar la población activa de 1979, su distribución por edades y la tasa de paro, así como la prestación media que en ese año se abonará a los parados. Aquí se ha supuesto un descenso del paro durante los últimos meses de 1978, de tal forma que a comienzos de 1979 la población activa parada sería de 875.000 personas, la que se añade una proporción de los activos marginales, agrícolas. Se supone también que la aprobación de la propuesta implica que el colectivo cubierto por el nuevo régimen se duplica, lo cual resulta en algo más de 710.000 personas protegidas, de las cuales 330.000 lo están ya. Por último, se estima, con evidente modestia, que la prestación media será el próximo año de 31.000 pesetas mensuales. Bajo estos supuestos, el coste de la proposición de ley socialista sería de unos 142.000 millones de pesetas adicionales a los ya existentes.

Tales cifras son, evidentemente, más próximas a las manejadas por el PSOE que a las presentadas por el Gobierno, pero se basan no sólo en supuestos restrictivos -como son que las prestaciones aumentan en un 18 % y que no aumente el paro-, sino que lo realmente grave es que, incluso así, plantea problemas que el Partido Socialista no parece haber tenido en cuenta. En primer lugar, si obreros y empresarios deben financiar mediante cuotas dos terceras partes del seguro de desempleo, ello tendrá repercusiones inflacionistas. Pero si el Estado ha de asumír el tercio restante más la totalidad del resto de las prestaciones, se producirán consecuencias graves: primera, la práctica totalidad de la aportación estatal a la SS se destinaría al paro, con olvido de otros regímenes, tales como el de pensiones o la asistencia sanitaria; segunda, la necesidad de subvenciones presupuestarias se traduciría en la exigendia de nuevos impuestos en incrementos de la carga fiscal existente, o en el recurso a financiaciones menos ortodoxas -tipo recurso al Banco de España- y, por tanto, inflacionistas. Las perspectivas no son, por tanto, alentadoras.