Los directivos de la Ciudad Sanitaria de Cruces-Baracaldo exigen del delegado del INP

La junta de gobierno de la ciudad sanitaria de Cruces-Baracaldo exigió ayer la dimisión del delegado provincial del INP, para que el Consejo General vasco se haga cargo inmediatamente de las funciones que esta institución desarrolla en Vizcaya, al margen de la negociación específica que se lleva a cabo para el traspaso de competencias.

En opinión de los actuales responsables de la ciudad sanitaria, la situación ha alcanzado ya cotas insostenibles, hasta el punto de que en breve plazo podría llegar a paralizarse la actividad del único centro hospitalario que tiene la Seguridad Social...

La junta de gobierno de la ciudad sanitaria de Cruces-Baracaldo exigió ayer la dimisión del delegado provincial del INP, para que el Consejo General vasco se haga cargo inmediatamente de las funciones que esta institución desarrolla en Vizcaya, al margen de la negociación específica que se lleva a cabo para el traspaso de competencias.

En opinión de los actuales responsables de la ciudad sanitaria, la situación ha alcanzado ya cotas insostenibles, hasta el punto de que en breve plazo podría llegar a paralizarse la actividad del único centro hospitalario que tiene la Seguridad Social en Vizcaya. En una reciente entrevista, el subdelegado general del INP les manifestó que el Ministerio de Sanidad está más preocupado del futuro que del presente y que, al estar actualmente en estudio la transferencia de competencias en materia sanitaria al Consejo General vasco, no se pensaba dar ninguna solución a los problemas actuales.En buena lógica, el personal de Cruces exige que si el Ministerio no piensa abordar los problemas existentes, el Consejo General vasco se haga cargo del hospital. Este traspaso atípico de competencias podría acordarse en una entrevista tripartita entre representantes del Ministerio, el consejero de Sanidad y responsables de Cruces.

Previamente a este traspaso, la junta de gobierno del hospital entiende que el INP debe satisfacer la deuda contraída con la ciudad sanitaria, que puede cifrarse en torno a los quinientos millones de pesetas, en concepto de obras de la tercera fase no realizadas, equipos no adquiridos y déficit de plantilla.

El tema de las obras de la tercera fase es el que, entre otras razones, ha motivado la petición de cese del delegado provincial, Luis Tena Ibarra. Pese a que la junta se había negado reiteradamente a recibir las obras ya realizadas, por entender que había defectos graves, el señor Tena suscribió los documentos correspondientes sin consulta previa.

La falta de camas y equipos técnicos se traduce en un deterioro asistencial en el que las quejas de pacientes y familiares se han convertido en una rutina más del trabajo diario. Ha habido que cerrar algunas consultas, las listas de espera se han prolongado hasta períodos de varios meses, las altas precoces y en situación precaria son ya cuestión de cada día y, en fin, aumenta peligrosamente el riesgo con el que se trabaja en distintas áreas del hospital.

El déficit de la plantilla se cifra por encima de los mil trabajadores. Mientras que en los hopitales de la Seguridad Social el promedio de trabajadores por cama oscila entre tres y cuatro. En Cruces no pasa de 2,14 y se reduce aún más, a 1,72, en la residencia general.

El traspaso de competencias inmediato es posible que no encuentre dificultades por parte del Ministerio de Sanidad, ya que, a juicio de los responsables de Cruces «esto es un muerto con el que no quiere cargar nadie». Pero los facultativos exigen que, en primer lugar, se cubra ese déficit estructural, ya que ha sido el INP el que lo ha creado, al no hacer frente a los compromisos adquiridos.

El hecho de que los directores actuales, a diferencia de lo que ocurre en los demás centros de la Seguridad Social, fuesen elegidos por los trabajadores al producirse el último relevo, ya significa, en cierto modo, que el Ministerio no encontró a quien quisiera ponerse al frente de este hospital, con los problemas que tenía planteados. La forma de salir de ellos, a juicio del personal, es entrar en la órbita del Consejo General Vasco. En caso de que no se les atienda, podrían recurrir a fórmulas de presión tales como el cierre temporal de consultas y movilizaciones del personal.