El vicepresidente de la CEE visitará España el 12 de febrero

Lorenzo Natali, vicepresidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, llegará a Madrid el 12 de febrero, para una primera visita oficial de tres días, durante la cual se reunirá con miembros del Gobierno español, a fin de preparar conjuntamente el informe de la Comisión Europea sobre la candidatura española al Mercado Común.

Los medios comunitarios no ocultan que, para tales fechas, estarían interesados en contactar con los responsables directos españoles en materia de relaciones con la CEE.En Bruselas siguen con atención las dificultades que encuentra el Gobierno para nombrar un f...

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Lorenzo Natali, vicepresidente de la Comisión de las Comunidades Europeas, llegará a Madrid el 12 de febrero, para una primera visita oficial de tres días, durante la cual se reunirá con miembros del Gobierno español, a fin de preparar conjuntamente el informe de la Comisión Europea sobre la candidatura española al Mercado Común.

Los medios comunitarios no ocultan que, para tales fechas, estarían interesados en contactar con los responsables directos españoles en materia de relaciones con la CEE.En Bruselas siguen con atención las dificultades que encuentra el Gobierno para nombrar un funcionario encargado de los temas hispanos-comunitarios. Desearían saber a quién deben dirigirse para contar con «interlocutores» válidos ante la problemática de la candidatura española.

La Comisión Europea tiene listos los cuestionarios a que deberán responder los medios económicos españoles, para hacer la «radiografía» de la situación socioeconómica del país.

No saben a quién dirigirse

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Los comunitarios no saben a quién hay que dirigir los cuestionarios, que son el primer paso para preparar el informe de la candidatura. Aunque existe, lógicamente, la embajada de España en la CEE, el tema es demasiado importante para burocratizarlo. Prefieren, como en otras ocasiones (las candidaturas de Grecia y Portugal), ir directamente a las fuentes.

Es importante señalar que Lorenzo Natali llegará a la capital española después de una gira por las nueve capitales de los países miembros de la CEE.

Hoy inicia su penúltima etapa en París y después le tocará el turno a Roma, dos de los «núcleos duros» ante el proceso de ampliación. Bonn, Londres, La Haya, Bruselas, Copenhague y Luxemburgo han expuesto ya sus opiniones sobre la ampliación: hay que ir adelante, pero sabiendo con certeza lo que nos jugamos.

De las tres candidaturas -griega, portuguesa y española-, la nuestra es la que presenta mayor atractivo para los comunitarios, pero también mayores problemas.

Los medios de Bruselas recuerdan que «les gustaría» contar con «hombres nuevos» al frente del «equipo español encargado de la candidatura»: hombres capaces de dar una óptica inédita al tema y olvidar el tono de «enemigos», en el ámbito comercial; superar incluso lo comercial, para entrar en una fase de «cooperación» entre futuros «socios».

La visita de Natali servirá también para que la Comisión complete su «fresco» sobre la ampliación. Se trata en ese aspecto de preparar un documento completo que abarque todos los capítulos: económicos e institucionales.

El período de transición

Se espera que a comienzos de marzo la Comisión presentará sus tanclusiones iniciales sobre la ampliación. En ellas se expondrán las grandes líneas a cubrir entre los nueve y los tres en los sectores agrícola, industrial, social, regional, relaciones exteriores y el llamado período transitorio hasta el ingreso pleno.

El equipo que trabaja sobre el período transitorio concluyó ya sus trabajos. La CEE sostiene que «no debe haber período de preadhesión». Se debe seguir el ejemplo clásico, es decir, que los nuevos Estados miembros entren a formar parte de los organismos comunitarios desde el primer momento, con todas sus ventajas y obligaciones.

Será más tarde, cuando esos países se conviertan en miembros de pleno derecho, cuando se establecerá el «período transitorio» necesario para adaptar las economías de los nuevos miembros a la comunitaria. Se prevén plazos mínimos de cinco años y máximos de diez, en función de los «criterios objetivos» que imponga cada país.

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