Regulación sobre la libertad informativa y redistribución de frecuencias en las emisoras de radio

El Ministerio de Cultura y Bienestar presentará próximamente a la consideración del Consejo de Ministros, para su aprobación, dos proyectos de decreto por lo que se regulan la extensión de la libertad informativa de todas las emisoras de radio del país y la aplicación de la convención de Ginebra sobre reparto de frecuencias, lo que supondría una redistribución -incluidas bastantes desapariciones- de las frecuencias de radio en todo el territorio nacional, informa Europa Press.

Aunque todavía no han podido saberse con exactitud las líneas básicas del decreto de aplicación de las libertad...

El Ministerio de Cultura y Bienestar presentará próximamente a la consideración del Consejo de Ministros, para su aprobación, dos proyectos de decreto por lo que se regulan la extensión de la libertad informativa de todas las emisoras de radio del país y la aplicación de la convención de Ginebra sobre reparto de frecuencias, lo que supondría una redistribución -incluidas bastantes desapariciones- de las frecuencias de radio en todo el territorio nacional, informa Europa Press.

Aunque todavía no han podido saberse con exactitud las líneas básicas del decreto de aplicación de las libertades informativas, fuentes indirectas consultadas por EL PAIS han señalado que no se modificará de momento la estructura de la propiedad -ésta quedaría para una posterior ley de Radio, pedida desde hace tiempo desde diversos sectores- El proyecto de decreto contemplaría el derecho de las emisoras privadas a informar sin limitaciones que les permitiría tener programas informativos libres y autónomos.El inminente decreto hay que interpretarlo a la luz de la estructura de la radiodifusión en España. Tanto las emisoras nacionales como las llamadas, de una manera extraña, privadas, son de propiedad del Estado, pero la explotación de las emisoras llamadas- Privadas corre a cargo de particulares y empresas privadas. Radio Nacional de España conserva, sin embargo, la exclusiva de la información general, tanto nacional como ilnternacional. Esta censura informativa contemplada en la legislación vigente de Radio ha continuado actuando, más o menos intensamente, incluso después de las elecciones generales y el restablecirniento de unas Cortes democráticas.

El segundo proyecto del decreto en cuestión contemplaría la reordenación y el reparto de frecuencias, en aplicación de los acuerdos de la Convención de Ginebra (marzo 1977), de todas las emisoras del país. La aplicación de estos acuerdos provocará fuertes cambios en cuanto al número de emisoras y a sus medios técnicos y hará desaparecer bastantes emisoras que no tendrán capacidad de reconversión a las nuevas escalas que les sean adjudicadas.

La citada Convención de Ginebra, primera de este género, organizada por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y a la que asistieron delegaciones de 111 países, entre ellos España, acordó una autolimitación en el uso de las frecuencias entre las emisoras de los países que las suscriben, con el objeto de no entorpecer mutuamente las emisiones. Los países firmantes se comprometieron a utilizar el aire en cantidades fijas previamente y de acuerdo con el reglamento de Radiocomunocaciones con el fin de reducir al máximo la radiación sobre el territorio de otros países de las ondas de cada emisora. Según han señalado fuentes oficiales, bastantes de las emisoras actuales españolas pueden verse afectadas por la aplicación de estos acuerdos internacionales y parece ser que el número de emisoras que tendrían que desaparecer a consecuencia de ello será considerable.