La luz verde del Gobierno recrudece la polémica por el macroproyecto de energía limpia con más potencia de España

La polémica se cierne cada vez con más fuerza sobre el megaproyecto energético conocido como Clúster Maestrazgo, en Teruel y Castellón, en el que se alzarán 125 inmensos aerogeneradores de más de 200 metros de altura, y que será el de mayor potencia de España. La aprobación del proyecto de construcción por parte del Gobierno este mes de agosto, el último paso administrativo, ha provocado la respuesta ...

La polémica se cierne cada vez con más fuerza sobre el megaproyecto energético conocido como Clúster Maestrazgo, en Teruel y Castellón, en el que se alzarán 125 inmensos aerogeneradores de más de 200 metros de altura, y que será el de mayor potencia de España. La aprobación del proyecto de construcción por parte del Gobierno este mes de agosto, el último paso administrativo, ha provocado la respuesta de los detractores ―a favor de la energía verde, pero no al precio ambiental que dicen que este entorno pagará―. Advierten de que se pueden llegar a talar dos millones de árboles, además de que estiman que 84 aerogeneradores invaden zonas de Red Natura 2000 (áreas de conservación de la biodiversidad de la Unión Europea). En marzo presentaron un contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. “No vemos otro cauce”, justificaron.

La magnitud de la cifra de vegetación que podría desaparecer ha provocado una tormenta y la respuesta inmediata del promotor, el fondo de inversión danés Copenhaguen Infraestructure Partners (CIP), que rebaja la cantidad a 98.000 ejemplares, y aclara que están obligados a plantar como mínimo la misma cantidad. ¿Quién tiene razón? Lo cierto es que la cifra no aparece en ningún documento oficial y es muy complicada de determinar porque depende del tamaño de los árboles y de la densidad que exista en cada zona. El Ministerio para la Transición Ecológica tampoco lo aclara, y remite a la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de diciembre de 2022, en la que se concreta que afectará a 488 hectáreas de vegetación. Además, para cortar los ejemplares se necesita la autorización de la comunidad autónoma. Lo que hace la empresa es extrapolar las densidades de árboles de los bosques de coníferas y caducifolios del Maestrazgo a las 140 hectáreas de ese tipo afectadas. Pero los grupos que batallan contra la infraestructura suben la superficie que sufrirá deforestación a 1.000 hectáreas, al sumar caminos, pistas forestales o las vías de evacuación de electricidad.

Ernesto Romeo, de Teruel Existe, habla de oscurantismo: “Hemos tenido que elaborar nosotros un plano y cotejar dónde estaban los aerogeneradores para conocer su impacto real en la Red Natura, después de que se modificara el proyecto y las posiciones de algunos de ellos, porque solo nos daban unas coordenadas y en expedientes separados. Es una forma de dificultar la participación ciudadana”. Fuentes ministeriales informan de que no pueden dar esa información por seguridad jurídica. “Es increíble que hubiera estos cambios sin una nueva evaluación ambiental”, añade Romeo.

El proyecto, que ocupará 995 hectáreas en total y está dividido en 20 parques eólicos y dos plantas fotovoltaicas, generará energía para abastecer a 570.000 hogares. En principio iban a ser 161 aerogeneradores, pero el promotor tuvo que modificar los planes por problemas ambientales y reducirlos a 125. Están situados en las provincias de Teruel y Castellón, a esta última le afecta la línea de evacuación, que transporta la electricidad hasta la subestación eléctrica de Morella. “Es cierto que han eliminado dos parques por su proximidad a áreas de especial protección de aves (Zepa) y que han movido algunos por la interferencia con nidos de alimoche, pero han quedado muchos dentro de la Red Natura 2000”, explica Javier Oquendo, de la Plataforma a favor de los paisajes de Teruel. Este grupo también firmó el contencioso presentado contra el Estado.

Alcaldes a favor

Los alcaldes de los puebles del Maestrazgo turolense se manifiestan, sin embargo, a favor de la iniciativa. Alba Lucea, alcaldesa independiente de Mosqueruela, pueblo de 500 habitantes en el que se van a levantar 45 molinos, explica, sin mostrar ninguna duda, que está a favor de los parques eólicos. “No va a existir impacto ambiental, claro que vamos a tener impacto visual, porque ahora los montes están limpios, es obvio, pero hay que priorizar”, afirma. La pequeña localidad, con un presupuesto de un millón de euros anual, va a recibir 20 millones al principio por impuestos de construcciones y obras. Después, Mosqueruela duplicará su presupuesto anual con un millón más que pagará la empresa en concepto de tasa durante 30 años. “Pinos se talarán, pero es que ya es necesario porque estamos empezando a tener problemas de plagas y es por la sobrepoblación, pero no se va a arrasar, no van a ser dos millones, como dicen por ahí”, matiza.

Lucea lo ve como “una oportunidad” para que sus vecinos opten a los mismos servicios que los de localidades con mayor población. Piensa en contar con un servicio de taxi para acercar a los vecinos al hospital, reformar la residencia de la tercera edad, creación de viviendas... Además de esta lluvia de millones, las personas que tengan un molino en su terreno recibirán 11.000 euros anuales. En la actualidad, el pueblo vive sobre todo de la ganadería.

Uno de estos ganaderos es Joaquín Gargallo, también miembro de Teruel Existe. “A ver si los árboles no nos van a dejar ver el bosque”, apunta en cuanto a la polémica con el número de ejemplares que se talarán. Cuida con su hermano de 260 vacas que pastan en extensivo, y conoce el terreno palmo a palmo. “No es solamente eso, sino que se va a perder el suelo y la biodiversidad que hay en él”, plantea.

Elegir zonas más degradadas

A Juan Antonio Gil, secretario de la Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos (FCQ), no le extraña la postura de alcaldes y propietarios de tierras. “Los puedo entender, hay mucho dinero por medio y es muy goloso”, comenta. Otra cuestión es la postura del Estado, “que es el que debe poner orden”. No tiene duda de que hay que construir plantas de energía renovable, “pero en zonas sin valor ambiental, no como esta, con una gran proporción del terreno protegido por Red Natura 2000″.

La FCQ desarrolla un proyecto europeo de reintroducción del quebrantahuesos, en peligro de extinción, y decidió hace un año suspender la suelta de ejemplares en la Sierra del Maestrazgo debido al alto riesgo de colisión y muerte que implicaba el proyecto. Saben de lo que hablan, en junio de este año, Masia, uno de los ejemplares que habían reintroducido, murió debido al choque con un aerogenerador en el complejo eólico Refoyas, ubicado entre Castellón y Teruel. “Yo creo que se puede ordenar el territorio y conseguir apoyo económico de otra forma, por ejemplo, Aragón va a invertir unos 30 millones de euros en la unión de las estaciones de esquí de Candanchú y Astún, y ahí hay fondos europeos que podrían haber llegado aquí”, indica.

El fondo de inversión danés, que tiene prevista una inversión total de 1.000 millones de euros en el macrocomplejo, aclara que proteger a la avifauna es una de sus prioridades. “Las turbinas eólicas incorporan los sistemas de detección de aves más modernos basados en tecnologías de radar 3D, visión artificial de alta resolución e Inteligencia Artificial que permitirán su parada en caso de riesgo de colisión”, sostienen.

La controversia se extiende hasta Castellón. Allí el problema es la línea de evacuación de la electricidad que cruzará las localidades de Portell, Cinctorres y Morella. “La línea afecta a una ZEPA [Zona de Especial Protección de Aves] y a Red Natura 2000, la empresa dice que no es así porque por ahí ya discurre otra línea de 132 kV, el problema es que meterían 400 kV más”, explica Miguel Ángel Troncho, miembro de la plataforma. “Lo que hacen es montar una línea y cuando la terminen, desmontan la otra, lo que implica que va a existir deforestación, y allí hay un poco de todo, encinas antiguas, monte bajo y es una zona de carrasca trufera”.

El alcalde de Morella, Bernabé Sangüesa, de Independents per Morella, mantiene que es un proyecto muy negativo. “La línea pasa a unos 80 metros de viviendas habitadas y eso no se puede permitir, según la normativa europea debería estar a 500 metros”, indica. En cuanto a los 3.547 puestos de trabajo que la empresa asegura se van a crear, responde que “habrá empleo cuando se construya, pero la tecnología actual permite que los aerogeneradores estén completamente informatizados, no es como los de antes, que eran más mecánicos; ahora con enviar a un técnico basta”.

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