España inicia la ratificación del tratado de la ONU para crear santuarios marinos en aguas internacionales

El Consejo de Ministros envía a las Cortes esta semana el acuerdo sobre la alta mar para que sea aprobado. 60 países deben adoptarlo para que entre en vigor, aunque de momento solo lo han hecho ocho

Un ejemplar de orca captado en mar abierto en el océano Índico.Michael Valos (Getty Images)

Hicieron falta tres lustros de negociaciones y varios fracasos para cerrar en el seno de la ONU el texto del tratado de protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Alta Mar, sienta las bases para la creación de reservas en las áreas del o...

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Hicieron falta tres lustros de negociaciones y varios fracasos para cerrar en el seno de la ONU el texto del tratado de protección de la biodiversidad marina para las aguas internacionales. Este acuerdo, conocido como el Tratado de Alta Mar, sienta las bases para la creación de reservas en las áreas del océano que no pertenecen a ningún país y en las que existe un amplio descontrol en materia medioambiental. Pero, aunque se consiguió consensuar un texto el pasado año, no ha entado en vigor porque solo lo han ratificado ocho países hasta el momento. España tiene previsto iniciar este martes el proceso para hacerlo. El Consejo de Ministros comenzará esta ratificación, que deberá ser aprobada a su vez en el Congreso y el Senado durante los próximos meses, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Normalmente, para que los acuerdos internacionales de Naciones Unidas entren en vigor se establece un quorum de países. En el caso del Tratado de Alta Mar se fijó que el pacto estaría activo 120 días después de que 60 naciones lo ratificaran. Pero este proceso puede ser lento y el calendario electoral en un año de importantes comicios por todo el globo está ralentizándolo todavía más. Hasta ahora, solo han depositado la adopción ante la ONU Seychelles, Palaos, Mónaco, Micronesia, Mauricio, Chile, Cuba y Belice.

La Unión Europea también tiene previsto hacerlo después de que así lo hayan aprobado tanto el Parlamento comunitario como el Consejo Europeo (donde están representados los Gobiernos de los Veintisiete miembros). Pero se necesita, a su vez, que cada país de la UE también ratifique el denominado oficialmente acuerdo de las Naciones Unidas sobre la Biodiversidad Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ, sus siglas en inglés). La Comisión Europea instó hace unas semanas a los Estados a que lo adopten para que pueda entrar en vigor antes de la próxima conferencia de la ONU sobre los océanos, prevista para junio de 2025.

Marta Martín-Borregón, especialista en océano de Greenpeace, valora que España lance ahora el proceso de ratificación y espera que los Veintisiete sigan el mismo camino en Europa. “Bélgica y Francia eran los que tenían más avanzado el proceso hasta ahora, pero no se sabe cómo pueden afectar las elecciones a la ratificación en este país”, añade.

En teoría deben salir los números para que entre en vigor este acuerdo, que pretende poner algo de orden medioambiental en las aguas de todos para evitar su deterioro. 90 países —entre los que figuran, además de los miembros de la UE, otros como China, EE UU, Brasil y Canadá— lo han firmado, lo que supone un anuncio de su voluntad de ratificar y apoyar formalmente que se active esta nueva herramienta de derecho internacional. Pero muchos miran de nuevo a otras elecciones, a las de Estados Unidos y a lo que puede ocurrir si vuelve a vencer el republicano Donald Trump, enemigo declarado de los pactos medioambientales.

Y, ¿para qué servirá este tratado? Permitirá el establecimiento de instrumentos de ordenación, incluidas las zonas marinas protegidas, para conservar y gestionar de manera sostenible hábitats y especies vitales en alta mar. Cuando se habla de alta mar o de aguas internacionales se hace referencia a los espacios marinos que no están incluidos en las zonas económicas exclusivas de los países, es decir, los que van más allá de las 200 millas desde la costa que controlan los Estados. Ocupan la mayor parte del océano (un 64%) y aunque existen normas y organismos sectoriales para regular algunos aspectos, como el tráfico marítimo o la pesca, no hay ningún instrumento internacional centrado en la protección de la biodiversidad marina.

Que entre en vigor y se aplique este tratado es fundamental para que se pueda cumplir el objetivo de proteger el 30% de los océanos y la tierra antes de 2030 (el conocido como objetivo 30x30), que fue a lo que se comprometieron los países del mundo a finales de 2022 en la Cumbre de la Biodiversidad en Montreal. Actualmente, solo alrededor del 1% de la alta mar está protegida.

Una vez que esté ratificado, los países miembros del pacto se reunirán periódicamente. Y España aspira a que la primera de esas conferencias se celebre lo más rápidamente para decidir “sobre temas cruciales para la puesta en marcha efectiva del tratado, como son la ubicación de la secretaría y la designación de las primeras áreas marinas protegidas en alta mar”, señalan desde Transición Ecológica. Por el momento, añaden estas fuentes, hay dos países que se postulan para obtener la secretaría del acuerdo: Bélgica y Chile.

Navegar más lento para proteger a los cachalotes

Organizaciones ambientalistas han pedido al Gobierno que incluya por primera vez un límite de velocidad obligatorio para los barcos en este caso en las aguas españolas para proteger a especies como cachalotes y rorcuales comunes. En concreto, quieren que esta medida se aplique en el Corredor de Migración de Cetáceos del Mediterráneo, una enorme área marina protegida de 46.385 kilómetros cuadrados entre Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares. 
En las últimas décadas, las poblaciones de rorcual común y cachalote en el mar Mediterráneo han seguido una preocupante tendencia a la baja, siendo una de las causas principales las muertes por colisiones con embarcaciones en su zona noroccidental, donde existe una alta intensidad de tráfico marítimo.
La propuesta de organizaciones como Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Oceana, ClientEarth y OceanCare consiste en la aplicación de un límite general de velocidad obligatorio de 10 nudos para todas las embarcaciones, incluyendo las recreativas. No obstante, incluye unas condiciones diferentes para buques mercantes y ferris. En el primer caso, propone el diseño de un dispositivo de separación de tráfico por el que los buques mercantes deban navegar “a una velocidad reducida con respecto a su velocidad media operativa en un porcentaje a determinar para cada categoría de barcos”. Y para los ferris prevé “una reducción de velocidad obligatoria que permita maximizar la reducción del riesgo de colisiones sin poner en riesgo la calidad del servicio que proporcionan”.

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