Las renovables y la regla de las tres ces: Comunicación, cooperación y compensación

Nos enfrentamos a una crisis ecológica cuya magnitud a veces nos cuesta comprender y que parece acelerarse por momentos. Una crisis ecológica que nos va a obligar a repensar nuestra relación con la naturaleza y a rehacer la manera en que comemos, trabajamos, producimos y consumimos. Abandonar la producción de electricidad con combustibles fósiles para hacerlo con energías renovables es un primer paso imprescindible para descarbonizar el...

Nos enfrentamos a una crisis ecológica cuya magnitud a veces nos cuesta comprender y que parece acelerarse por momentos. Una crisis ecológica que nos va a obligar a repensar nuestra relación con la naturaleza y a rehacer la manera en que comemos, trabajamos, producimos y consumimos. Abandonar la producción de electricidad con combustibles fósiles para hacerlo con energías renovables es un primer paso imprescindible para descarbonizar el sistema energético. Sin embargo, el despliegue de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas necesarias para lograr la electrificación y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero ha provocado diferentes tipos de conflictos en muchas regiones de nuestro país agrupados bajo el lema “renovables sí, pero no así”.

En estos conflictos podemos encontrar mejores y peores razones. Se alimentan de un afecto de abandono común a la llamada España vaciada, pueden tener componentes de “renovables sí, pero no aquí”, críticas al oligopolio eléctrico y a las malas prácticas de algunas grandes y no tan grandes empresas, preocupaciones por impactos paisajísticos, por la afección a determinados ecosistemas, pueden existir problemas de distribución de las rentas generadas por las instalaciones, resistencias a la pérdida de modos de vida tradicionales, temores por la competencia con la agricultura y ganadería... Hay que entender que cada proyecto renovable es diferente y que no es sencillo generalizar. La queja sobre la afección a la biodiversidad o el paisaje puede estar justificada en un proyecto pero no en otro situado apenas unos kilómetros más allá.

Sea como sea, con mejores o peores razones, peor o mejor informados, la tarea urgente del ecologismo político es escuchar, dialogar y plantear soluciones justas y consensuadas que se hagan cargo de algunas reivindicaciones justas que se expresan en dichos conflictos. Una transición rápida será necesariamente una transición justa social y territorialmente, que busca puntos de encuentro razonables con las partes razonables de las resistencias al despliegue de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas.

En un esfuerzo por abordar esta cuestión, en los últimos meses han surgido también diferentes catálogos de buenas prácticas que recogen ejemplos concretos en los que el despliegue renovable se ha producido no sólo sin conflictos sino con la participación y el acuerdo de la población local afectada. A pesar de la indudable utilidad de estos trabajos, hemos de ir más allá del marco de “las buenas prácticas”. El despliegue renovable no puede depender únicamente de la voluntariedad o buena disposición de los actores implicados (empresas, municipios, sociedad civil, etc).

Basándonos en estas experiencias positivas, lo que necesitamos es desarrollar junto a comunidades autónomas y entidades locales un marco normativo e institucional común que facilite un despliegue justo y por tanto rápido de las renovables. Más que entrar en propuestas concretas, que las hay y muchas, mi intención en este artículo es plantear cuál debería ser el espíritu de este marco institucional. Siguiendo el ejemplo de la conocida “regla de las tres erres” de los residuos (reducir, reutilizar, reciclar), este espíritu puede resumirse en “la regla de las tres ces”: comunicación, cooperación y compensación.

El primer paso para una buena acogida de un proyecto renovable es garantizar una comunicación adecuada que evite que se haga de espaldas a las personas que habitan el territorio afectado. Los municipios en los que se va a implantar una instalación renovable no pueden enterarse, como a veces ocurre, por el boletín oficial de turno, ni pueden vivir en un limbo esperando que se resuelvan plazos generalmente demasiado largos para todos. Hay que establecer una serie de obligaciones para que los promotores estén obligados a informar como mínimo al Ayuntamiento y, preferiblemente, a los ciudadanos y la sociedad civil interesada. Esa información no debe limitarse a enviar un pliego técnico incomprensible para cualquiera de nosotros sino que debe ser una comunicación clara del proceso que se inicia y de sus fases, de qué va a pasar y cuándo.

Cooperación efectiva

En segundo lugar, hay que establecer los medios que garanticen una cooperación efectiva entre promotores, ayuntamientos y ciudadanía que evite la sensación de falta de control de estos últimos. No se trata sólo de que los ciudadanos estén informados en todo momento de lo que va a pasar, sino de que tengan la posibilidad de participar en el diseño del proyecto de una forma mucho más activa y sencilla que la oscura y burocrática presentación de alegaciones. Muchos casos de buenas prácticas lo son porque el promotor modificó el proyecto escuchando alguna reivindicación del municipio, que puede ser tanto evitar una zona de valor cultural para los vecinos como incluso ampliar o mover el proyecto para que se beneficie más gente del pueblo, incluso de otras localidades adyacentes. Este proceso de diálogo debe dar lugar a reflexiones situadas que ayuden a hacerse cargo de las dependencias energéticas local (el 80% de nuestro consumo energético final es aun fósil y no eléctrico), de la gravedad de la situación climática y la importancia de las renovables para enfrentarla. Cuando eres consciente de que un aerogenerador es una palanca para salvar el mundo, su figura sobre la montaña se ve de otra forma.

Finalmente, los territorios y municipios deben tener una compensación razonable a cambio de acoger las renovables para evitar que se imponga una lógica extractivista. A diferencia de otras instalaciones energéticas o industriales, las renovables apenas generan empleo en las zonas donde se localizan aunque sí dejan dinero en las arcas municipales (según Pedro Fresco, de Aevesen, una instalación fotovoltaica deja en impuestos unos 75.000 euros por MW durante la obra y unos 8.000 euros al año después. En el caso de la eólica es mayor). Quizás sea necesario modificar dichos tributos o simplemente mejorar la comunicación para que se perciban los ingresos que suponen para la zona. Quizás haya que generar instrumentos nuevos que garanticen inversiones productivas y sociales en dichos territorios. Sea como sea, además de ser convenientemente informados y poder participar en el desarrollo del proyecto, los vecinos y vecinas de dichos territorios deben obtener un beneficio económico o material directo, siendo conscientes de que se debe a las renovables.

Un marco institucional inspirado en estas tres ideas no tendrá como objetivo acabar con todos los conflictos y las oposiciones a las renovables sino separar las mejores de las peores razones, haciéndose cargo de las primeras para poder enfrentar las segundas mediante pedagogía, diálogo y búsqueda de compromisos. El despliegue renovable es la primera de las transformaciones necesarias para garantizar que nuestra sociedad se mantiene dentro de los límites del planeta pero no será la única. Por eso, este marco institucional debe mirar más allá de las renovables, para garantizar que los próximos despliegues que nos traerá la transición ecológica, la agricultura sostenible, la minería o la industrialización verde, se hacen también de forma justa y, por tanto, rápida. Nos va la vida en ello.

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