Bruselas propone una salida coordinada del Tratado de la Carta de la Energía

Bruselas se rinde ante la evidencia. En vista de que cada vez más países, entre ellos España, han dejado claro que no quieren seguir dentro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de los años 90, la Comisión Europea ha presentado este viernes una propuesta para realizar una salida “coordinada” de la UE y sus miembros de este acuerdo. Cerrado al final de la Guerra Fría, pretendía proteger inversiones energética...

Bruselas se rinde ante la evidencia. En vista de que cada vez más países, entre ellos España, han dejado claro que no quieren seguir dentro del Tratado de la Carta de la Energía (TCE) de los años 90, la Comisión Europea ha presentado este viernes una propuesta para realizar una salida “coordinada” de la UE y sus miembros de este acuerdo. Cerrado al final de la Guerra Fría, pretendía proteger inversiones energéticas, pero también se le achaca haber blindado al sector de los combustibles fósiles en detrimento de las renovables e impedir, así, cumplir los objetivos medioambientales que se ha propuesto el bloque comunitario.

La iniciativa de retirada del tratado tiene que ser ratificada con mayoría cualificada (55% de Estados que representen al menos al 65% de la población) en el Consejo de la UE. Las negociaciones para ello comenzarán en el encuentro informal de ministros de Energía que presidirá en Valladolid la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, la semana que viene, ha adelantado la Comisión.

Firmado en 1994, aunque no entró en vigor hasta cuatro años más tarde, el TCE, ratificado por más de medio centenar de Estados, así como por la UE y Euratom (el organismo público europeo encargado de coordinar los programas de investigación sobre energía nuclear), buscaba originalmente proteger las inversiones de las compañías energéticas occidentales en los países exsoviéticos, que en aquellos momentos ofrecían interesantes posibilidades de negocio, sobre todo en materia de combustibles fósiles. Pero ha acabado convirtiéndose, según sus críticos, en un lastre para la transición hacia energías renovables, sobre todo por el sistema de arbitraje que incluye, que ha permitido a inversores y empresas, especialmente las de energías fósiles, reclamar indemnizaciones millonarias a los países firmantes por cambios de política que afectan a sus inversiones.

“Estamos reformulando mediante el Pacto Verde europeo nuestras políticas de energía e inversiones para orientarlas a un futuro sostenible y el obsoleto Tratado de la Carta de la Energía no está alineado con nuestra ley medioambiental ni nuestros compromisos bajo el Acuerdo de París”, ha recordado el vicepresidente de la Comisión responsable del Pacto Verde, Frans Timmermans, en un comunicado.

Por ello, Bruselas ha propuesto formalmente “que la UE, sus Estados miembros y Euratom se retiren del TCE de una manera coordinada y ordenada”, según ha anunciado la Dirección General de Energía de la Comisión. El objetivo, agrega, es “garantizar el trato equitativo de inversores en la UE y más allá”. Para asegurar que hay “claridad legal”, la Comisión propone, además, abandonar al mismo tiempo su propuesta previa de ratificar un TCE modernizado, algo negociado durante los últimos años, pero que se ha topado una y otra vez con la oposición de muchos países. “No ha logrado la mayoría de los Estados miembros”, constata ahora Bruselas escuetamente.

“Es hora de que Europa se retire de este tratado y que centremos todos nuestros esfuerzos en construir un sistema energético eficiente y competitivo que promueva y proteja las inversiones en energías renovables”, ha reclamado Timmermans.

La decisión de proponer la salida coordinada del TCE era la opción que, entre otros, reclamaba España, que anunció a finales del año pasado su decisión de retirarse del tratado. Finalmente, no lo cumplió, puesto que ha preferido esperar a que fuera Bruselas la que diera el paso, permitiendo así, como prefería Madrid, una salida “concertada” del acuerdo. Casi al mismo tiempo que España, también Polonia, Países Bajos y Francia anunciaron que dejarían el tratado, al igual que Dinamarca, Eslovenia, Finlandia y Luxemburgo. Hasta ahora, sin embargo, solo había cumplido su amenaza Italia, que lo abandonó en 2016. Además de los 26 Estados miembros restantes, la propia UE como institución y Euratom, el TCE está firmado por Japón, Suiza, Turquía y la mayor parte de los países de los Balcanes Occidentales y la antigua Unión Soviética, salvo Rusia y Bielorrusia, recuerda la Comisión.

“En un momento en que acelerar una transición hacia la energía limpia se ha vuelto más urgente que nunca, es hora de que la UE y sus Estados miembros inicien una retirada coordinada del TCE”, decía Ribera hace ya un año.

Así lo reconoce la propuesta de la Comisión, que señala que “la protección garantizada a los combustibles fósiles (…) no casa con los objetivos de la UE definidos en el Pacto Verde Europeo, REPowerEU o la Ley Climática, es decir: acelerar el alejamiento de los combustibles fósiles hacia una energía renovable, lograr una mayor independencia energética, garantizar la seguridad energética de la UE y cumplir el compromiso de reducir al menos un 55% para 2030 los gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática en 2050″. Como resultado de todo esto, concluye el texto legal, “la retirada de la UE del TCE es la única solución posible”.

“En el momento que vivimos, debemos concentrar nuestras inversiones para ir más rápido en las renovables, la eficiencia energética (…) varios casos recientes demuestran que [el TCE] conducía a mecanismos un tanto especulativos y a indemnizaciones importantes de algunos actores” de las energías fósiles, decía también el presidente francés, Emmanuel Macron, cuando en octubre anunció que sacaría a su país del tratado.

Las demandas presentadas bajo este mecanismo baten, efectivamente, récords: según el recuento del propio sistema del TCE, hay al menos 150 demandas corporativas. España es el país con más reclamaciones, 51, ya que el tratado ha sido usado por muchos de fondos de inversiones extranjeros para denunciar al país por el recorte de las primas a las renovables desde hace una década, hecho por el que los lobistas críticos con la retirada advierten de que esta es un “error” porque el TCE, sostienen, no protege solo a las energías fósiles.

En lo que sí coinciden los expertos es que, ante el gran número de casos de arbitraje, era fundamental que la salida del TCE fuera coordinada. Para la abogada de ClientEarth Amandine Van den Berghe, “la forma más rápida y sencilla de liberar a la UE del efecto disuasorio regulatorio del TCE es que todos los Estados miembros lo abandonen juntos”. Solo así, señala, “puede la UE preservar la solidaridad en la arena internacional y acelerar sus ambiciones climáticas sin miedo a represalias de la industria de las energías fósiles”.

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