La Confederación del Guadalquivir, sobre la ley de ampliación de regadíos de Doñana: “Es un engaño”

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano gestor de esa cuenca fluvial dependiente del Gobierno de España, ha remitido a la ...

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), el órgano gestor de esa cuenca fluvial dependiente del Gobierno de España, ha remitido a la comisión de Fomento del Parlamento andaluz, en la que se tramita la ley de ampliación de regadíos en Doñana, su informe técnico sobre la misma. Un documento muy crítico con la norma de cuyo objetivo, “declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua”, se afirma que es “como mínimo, inútil, y con más exactitud, un engaño”.

La CHG es una de las entidades llamadas a comparecer en la Cámara autónoma para dar su opinión sobre la norma y, como en la tramitación de la primera propuesta sobre la regularización de regadíos que quedó truncada con el adelanto electoral, se ha pronunciado a través de un informe, que es su procedimiento habitual, según indican desde la Confederación. Este organismo es, además, el que debería autorizar, en última instancia y siempre que la ley que se está tramitando entrara en vigor, la llegada de agua a los agricultores a los que se les reconociera ese derecho a percibirla, y ya ha advertido de que eso no sucederá, porque el Plan Hidrológico del Guadalquivir impide el incremento de regadíos, algo que reitera en documento que ha remitido al Parlamento y al que ha tenido acceso este diario.

En su informe, la CHG advierte de que la propuesta de ley es incompatible con el Plan Hidrológico del Guadalquivir —al que la Junta de Andalucía no se opuso― y con la ley de trasvase de 2018, que es la que garantiza la llegada de 20 hectómetros cúbicos (hm³) del Tinto, Odiel y Piedra a los regantes de Doñana para que sustituyan por agua de superficie el regadío que ahora obtienen de los acuíferos del humedal —y que ya están apalabrados―. También afirma que contraviene las disposiciones europeas y de Naciones Unidas.

“La PDL es incompatible con el Plan Hidrológico al contradecir directamente tanto su normativa como sus objetivos […] También se sitúa al margen de la legalidad europea y de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco. La credibilidad del Reino de España queda fuertemente menoscabada por esta iniciativa”, señala el documento en el que se advierte de que todo esto llega en un “momento especialmente vulnerable” para Doñana por la situación de sequía extrema y el precario estado de las masas de agua subterránea del enclave.

Sobre la incompatibilidad con Plan Hidrológico, la CHG señala cómo en su memoria se deja claro “el incremento cero de regadíos, salvo los ya planificados”. El organismo recuerda que la Junta nunca se opuso a esas políticas y le reprocha muy duramente que, tras seis meses de consulta pública sobre el plan, el Gobierno andaluz no hiciera referencia en sus alegaciones a la ampliación de regadíos en Doñana, pero dos días después, el 21 de diciembre de 2021, apoyara la primera proposición de ley. “Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada”, dice el informe, en el que también se incide en que la ley que ampara la Junta también es contraria con el articulado de ese plan en el que se estipula que “no son compatibles las nuevas concesiones o modificaciones de características de los derechos existentes que impliquen un incremento de la superficie regable o el volumen de riego”.

El informe también replica a los argumentos que han ofrecido en estos meses de polémica el PP, Vox y los miembros del Gobierno andaluz sobre que la ley no se centra en los derechos del agua, sino que es un plan de ordenación del territorio, que la zona afectada está a 30 kilómetros del Parque Nacional y que con esa norma se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 2021. Sobre el primer argumento, la CHG advierte de que la propia ley que se está tramitando recoge que el reconocimiento de los derechos de agua “es un paso previo e imprescindible para que se pueda llegar al uso conforme a derecho del agua superficial”. La entidad advierte de que los derechos de agua se reconocen según las previsiones del Planificación Hidrológica y concluye que en tanto que la norma impulsada por las derechas andaluzas tiene por objeto declarar unas zonas regables “que no van a tener acceso al agua, es como mínimo inútil y, con más exactitud, un engaño”.

Sobre la supuesta distancia que separa las extracciones del Parque Nacional, la CHG advierte de que “los ecosistemas de Doñana no entienden de divisiones administrativas” y que “no es cierto que las zonas a clasificar como regables estén lejos de las zonas protegidas”, indicando que en la cuenca del Guadalquivir, el 93% de la superficie regada fuera de suelo agrícola regable está a menos de 5 kilómetros de los límites de las zonas protegidas, de acuerdo con las imágenes de satélite de abril de este año.

La CHG califica de “sorprendentes” las afirmaciones del PP de que con la nueva ley se cumple en parte la sentencia del Tribunal Europeo porque en ella se pide a España que adopten medidas para preservar el estado del acuífero y los humedales ya que con la norma se facilitará la llegada de agua superficial. “La llegada de agua superficial no es un objetivo per se, sino un modo de eliminar extracciones de agua subterránea. La presente proposición hace esto más difícil y sitúa a la Junta directamente en contra del cumplimiento de la mencionada sentencia”, concluye el organismo.

El informe también advierte de que la administración andaluza se sitúa en contra de las recomendaciones de la Unesco, que reconoce que el Plan de la Corona Norte, para compatibilizar el uso agrícola con la sostenibilidad medioambiental de Doñana, aprobado en 2014, es la base fundamental para la gestión de ese espacio natural.

Ausencia de plan medioambiental

La CHG muestra también su incomprensión por el hecho de que esta propuesta de ley venga sin ningún plan que sirva de base para su formulación y que debería incluir un informe de evaluación ambiental en el que deberían haber sido consultadas las administraciones interesadas debido a sus responsabilidades medioambientales y sus competencias. “Ello ha impedido la participación de este organismo de cuenca en un proyecto que no solo afecta a materias de su competencia, sino que versa de un tema tan conflictivo como Doñana”. La entidad también se sorprende de que la norma se propugne cuando las conclusiones del Informe del Acuífero de Doñana de 2021/22 señalan que 13 de los 16 sectores de Doñana tienen una tendencia descendente significativa, y dos de los tres que no están podrían alcanzarla próximamente.

El informe también hace hincapié en que la ley es incompatible con la ley de 2018 que aprueba el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos de agua procedente del Tinto, Odiel y Piedra para los agricultores del término municipal de Almonte que ahora riegan con agua del acuífero. LA CHG recoge uno de los artículos de esa normativa para explicar cómo la nueva norma haría inviable el equilibrio en Doñana: “En ningún caso podrán destinarse las aguas trasvasadas a la creación de nuevos regadíos fuera del ámbito del suelo agrícola regable, ni a la ampliación o a la modificaciones de características que impliquen un incremento de la superficie en regadío en sistemas de explotación de recursos deficitarios como es la Demarcación Hidrográfica del Guadalquivir”.

La CHG también advierte en sus conclusiones de cómo con esta ley se está rompiendo el consenso social que se logró en 2014 cuando se aprobó el Plan Especial de Ordenación de las zonas de regadío de la Corona Norte de Doñana. “Su aprobación provocaría una división en la sociedad”, indica.

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