Transición Ecológica da marcha atrás en el derribo de la presa de Valdecaballeros

La vicepresidente tercera, Teresa Ribera, ve “perfectamente posible” mantener la infraestructura, que nunca entró en servicio al paralizarse la construcción de la central nuclear a la que estaba asociada

Madrid -
La presa de Valdecaballeros (Badajoz), con los edificios de la central nuclear al fondo, a principios de abril.Samuel Sánchez

El anuncio del desmantelamiento de la presa de Valdecaballeros (Badajoz) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica ha generado una fuerte polémica en la comarca. Tanto los vecinos y los ayuntamientos de los pequeños municipios que se abastecen del embalse ―Valdecaballeros y Castilblanco (1....

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El anuncio del desmantelamiento de la presa de Valdecaballeros (Badajoz) por parte del Ministerio para la Transición Ecológica ha generado una fuerte polémica en la comarca. Tanto los vecinos y los ayuntamientos de los pequeños municipios que se abastecen del embalse ―Valdecaballeros y Castilblanco (1.100 y 870 habitantes, respectivamente)― como la Junta de Extremadura han mostrado su disconformidad de forma reiterada. Un debate exacerbado en un contexto de sequía y campaña electoral. Ante semejante oposición, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha decidido repensar la decisión ya tomada por su departamento, e informó este miércoles en el pleno del Congreso de los Diputados que ve “perfectamente posible” atender las peticiones del Gobierno regional sobre el mantenimiento del dique de 400 metros de largo y 40 de alto.

El embalse se construyó para refrigerar los dos reactores nucleares de la central de Valdecaballeros, que no se llegó a finalizar debido al parón atómico decretado por el Gobierno de Felipe González. Por lo tanto, el pantano nunca funcionó para el fin original. Las asociaciones ecologistas aseguran que esta demolición no afecta a la zona en períodos de sequía, porque la presa solo se usa para el suministro de unas 2.000 personas que no necesitan semejante embalse y que, además, pueden abastecerse del cercano embalse de García de Sola.

El Gobierno ha entablado conversaciones con la comunidad autónoma para decidir de qué forma se puede llevar a cabo este cambio de planes, dado que Endesa e Iberdrola, las empresas adjudicatarias de la presa, renunciaron a continuar con la concesión, ya que ni siquiera la mantenían. El ministerio autorizó la petición, pero exigiendo a las eléctricas que se hicieran cargo de la demolición y de la restitución del terreno a su estado original. Un coste que las energéticas no están dispuestas a afrontar, por lo que han presentado, por separado, un recurso de amparo contra la orden ministerial. Si finalmente la infraestructura se conserva, será necesario determinar a qué uso se destina y quien y cómo mantendrá el dique junto al pantano asociado de 75 hectómetros cúbicos a máximo llenado.

“La presa no se tira”

El presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, aseguró la semana pasada que la presa no será demolida y calificó la resolución ministerial de “disparate”. “Es una falta de respeto a la comarca de la Cíjara y a Extremadura”, añadió. El Gobierno extremeño ha presentado un recurso contra la orden del departamento de Teresa Ribera, que incorpora un informe de valoración ambiental negativo.

Cesar Rodríguez, de la asociación Ríos con Vida, recuerda que el caso de esta presa es muy singular, porque “nunca se ha utilizado para refrigerar la central nuclear, por lo tanto, no hay nada que justifique su continuidad”. Hay que tener en cuenta, además, que la obra no se completó y tampoco existe un plan de emergencia o de mantenimiento, no cuenta con paso para peces ...”Todo lo que lleva aparejado la puesta en servicio de una infraestructura semejante”.

Rodríguez no ve problema en cuanto al suministro de agua para los municipios aledaños. De hecho, las tomas de agua de estas localidades “son ilegales en la actualidad, porque no cuentan con una concesión administrativa”. Sería tan sencillo, apunta, como situar la toma aguas abajo de la presa, en el pantano de García de Sola, que se encuentra pegado al de Valdecaballeros. Rodríguez critica, al mismo tiempo, las declaraciones de Fernández Vara calificando de “disparate” la decisión de demoler el muro. “Entonces también sería un disparate la Directiva Marco de Agua o la ley de aguas, toda la normativa española y europea”, advierte. Lo que es ”indefendible”, en su opinión, “es que un alto responsable político realice unas declaraciones tan demagógicas y superficiales”.

De ecosistema artificial a natural

En cuanto al temor de que si el río recupera su cauce se pueda llegar a secar en verano, Ríos con Vida defiende que el ecosistema actual es artificial y que carece del valor ambiental que aporta uno natural. “La lámina de agua se convierte, en definitiva, en una agresión a la zona baja del río Guadalupejo [afluente del Guadiana]”. Dado que el embalse no tiene ninguna utilidad justificada, es un factor de alteración que si desapareciera mejoraría el corredor ecológico del Guadalupejo desde su nacimiento a la altura de Guadalupe (Cáceres) y facilitaría su reconexión ecológica con el embalse de García de Sola (situado bajo la presa) permitiendo que especies autóctonas que habitan allí como la colmilleja, la pardilla, la bermejuela o el barbo comizo, entre otros, suban.

Teresa Ribera desmintió este martes en el Congreso, ante los ataques de Vox, que sean un Gobierno que se dedica a desmantelar embalses. “Somos el quinto país del mundo en número de presas y embalses y el primer país de Europa en infraestructuras hidráulicas de regulación”, afirmó. Lo que se intenta es “generar un miedo y una alerta que no es real”, continuó al mismo tiempo que reiteraba su compromiso con el sector agrario con inversiones para anticipar los riesgos de no tener suficiente agua como consecuencia de del cambio climático. Los datos de la asociación Ríos con Vida apuntan a que no se ha eliminado ninguna presa en España en uso. “Es totalmente falso, lo que se ha demolido son pequeños azudes y obras de derivación abandonadas. La legislación obliga a su demolición de oficio cuando llevan tres años sin funcionar. “Desde mediados de 2000 se habrán eliminado más de 500 de esas características”.

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