Macroproyectos fantasma en Aragón: 58 parques eólicos y solares troceados que esquivan el aval estatal

El Rubicón de los parques fotovoltaicos y eólicos en España son los 50 megavatios (MW). Si un proyecto sobrepasa esa potencia instalada, el Estado se debe encargar de su tramitación. Si no supera los 50, la autorización dependerá de la comunidad autónoma en la que se ubique. Eso es lo que dice la ley, pero los promotores juegan con esa cifra para llevar sus proyectos por una u otra vía con la esperanza de sacar adelante sus parques y la huella más evidente es una ristra de instalaciones solares y eólicas rozand...

El Rubicón de los parques fotovoltaicos y eólicos en España son los 50 megavatios (MW). Si un proyecto sobrepasa esa potencia instalada, el Estado se debe encargar de su tramitación. Si no supera los 50, la autorización dependerá de la comunidad autónoma en la que se ubique. Eso es lo que dice la ley, pero los promotores juegan con esa cifra para llevar sus proyectos por una u otra vía con la esperanza de sacar adelante sus parques y la huella más evidente es una ristra de instalaciones solares y eólicas rozando esa frontera salpicando España de cabo a rabo. La actual explosión renovable que vive el país —que ayudará a España a luchar contra el cambio climático, abaratar la luz y alejarse de los dañinos combustibles fósiles— no está siendo ajena a este fenómeno y una de las comunidades en las que los grupos ecologistas tienen en el punto de mira es Aragón. EL PAÍS ha identificado 58 posibles macroproyectos aparentemente fragmentados en 163 parques de menos de 51 MW que han recibido una declaración de impacto ambiental favorable en esta comunidad autónoma desde 2018.

Se trata de proyectos que, por separado, se quedan por debajo de los 51 megavatios, pero que cuando se suman a otros que están localizados de forma contigua superan esa barrera ampliamente. Además, suelen compartir nombre y promotor, aunque para su tramitación se empleen sociedades diferentes. Es el caso, por ejemplo, de las instalaciones fotovoltaicas Calzada I, Calzada II y Calzada II. Las sociedades que los han tramitado son: Energías Renovables de Fausto SL, Energías Renovables de Feronia SL y Energías Renovables de Fides SL. Como figura en el Registro Mercantil, esas tres sociedades pertenecen a Forestalia, la empresa de este sector que más presencia tiene en Aragón y la que cuenta con más proyectos con el aval ambiental de esa comunidad. Calzada I tiene una potencia de 49,99 MW; Calzada II, 49,99 MW; y Calzada III, 24,99 MW. Los tres están pegados y se extenderían en total por 220 hectáreas del municipio zaragozano de Alfamén si finalmente se construyen. Calzada III recibió la declaración de impacto ambiental favorable del Gobierno de Aragón el 22 de agosto pasado; Calzada II, el 10 de octubre; y Calzada I, el 4 de noviembre.

Este es uno de los 58 casos detectados. Para localizar los macroproyectos sospechosos, EL PAÍS ha rastreado el Boletín Oficial de Aragón (BOA) en busca de los parques eólicos y solares que han recibido el aval ambiental del Gobierno aragonés. Desde el 1 de enero de 2018 y hasta la semana pasada, 369 proyectos habían obtenido ese permiso, que es imprescindible pero no el definitivo, ya que estas instalaciones tienen que recibir más autorizaciones y cumplir determinadas condiciones ambientales para poder construirse. Esos 369 proyectos (135 eólicos y 234 solares) suman una potencia de 12.423 MW. Para determinar cuántos macroparques puede haber presuntamente ocultos en todos esos expedientes este periódico ha cruzado los datos con el visor de proyectos que tiene el Gobierno de Aragón y ha buscado las sociedades que hay tras cada de ellos en el Registro Mercantil. Y, en total, se ha identificado esos 58 posibles macroparques fraccionados en 163 proyectos de menos de 51 MW. Suman en total 6.969 MW, es decir, la mitad de toda la potencia con el aval medioambiental que ha concedido la administración aragonesa desde 2018.

De las 58 macroinstalaciones que parecen estar troceadas 34 son fotovoltaicas y 24 son eólicas. Un caso paradigmático de un posible gran parque eólico tramitado como varios proyectos separados es visible a escasos kilómetros del pueblo de Aguilón, también en Zaragoza. Dos proyectos de parque eólico, San Bartolomé I y San Bartolomé II, consiguieron, con un mes justo de diferencia (21 de junio y 21 de julio de 2021), las declaraciones de impacto ambiental para instalar respectivamente 10 y 11 molinos de casi 110 metros de altura. Evacuan la energía a la misma red y las dos empresas que los tramitan (Energías Renovables de Dione SL y Energías Renovables de Lisitea SL) tienen mismo dueño: de nuevo Forestalia. Esta empresa aragonesa vendió luego las dos promotoras a Repsol, en el marco de una operación de venta de decenas de plantas. Repsol defiende que se trata de instalaciones “independientes y autónomas, desarrolladas de forma independiente”. Pero, en cualquier caso, esta compañía asegura que cuando compró esos proyectos a Forestalia “ya se había iniciado su tramitación (contaban con permisos de acceso y conexión), por lo que Repsol no participó en el diseño original de los parques ni en la decisión sobre las potencias” de cada uno.

Forestalia es el principal promotor de renovables en Aragón. También el que está detrás del mayor número de estos grandes parques aparentemente partidos para su tramitación. En concreto, esta empresa ha sido o es el accionista real en 24 de los 58 macroparques sospechosos. Forestalia, una joven compañía en el mundo de la energía con importantes vínculos con esta comunidad autónoma, sostiene que lo que hace está “contemplado en la ley”. “No hay ninguna estrategia, Forestalia actúa conforme al procedimiento y es una práctica habitual en toda España. No solo Forestalia la utiliza”, defiende la compañía a través de un correo electrónico.

“Es un fraude de ley”, rebate Jaime Doreste, abogado de Ecologistas en Acción. En lo que sí coincide en parte con Forestalia es en que la fragmentación es una práctica extendida en España. “Cada dos días se inaugura la mayor planta solar, y siempre están autorizadas por los Gobiernos autonómicos, que no podrían tramitar proyectos de más de 50 MW”, razona Doreste. “Se está utilizando mucho esta práctica sobre todo el Andalucía y en Aragón”, añade por su parte la abogada especialista en energía Rodanthi Tzortzaki. José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), descarta entrar en ningún caso concreto. Pero el responsable de la patronal solar advierte: “Estamos en contra de cualquier fraude de ley porque perjudica a la imagen del sector y a los que hacen bien las cosas”.

Los 58 macroparques supuestamente fragmentados suman una superficie vallada de más de 9.000 hectáreas en el caso de los proyectos fotovoltaicos y 499 aerogeneradores en el caso de los eólicos. De los 58, un total de 39 (casi el 70%) han recibido el aval ambiental de Aragón desde el 1 de enero de 2022. Zaragoza es la provincia que más de estos proyectos sospechosos acumula en esta comunidad.

La fragmentación es algo que se arrastra en España de los tiempos en los que para potenciar la expansión de las energías limpias se recurrió a las primas. Las instalaciones que estaban por debajo de los 50 MW recibían esas ayudas. Pero la época en la que las renovables necesitaban de ese apoyo público acabó y ahora estas tecnologías se han abaratado tanto y resultan tan rentables que hay una verdadera carrera por instalar megavatios de fotovoltaica y eólica. La competencia es feroz en un momento en el que a las administraciones les cuesta dar abasto para tramitar tanto proyecto. Ese es el contexto en el que se produce de nuevo la fragmentación de macroparques.

Pero, ¿por qué se hace si ya no es por las primas? Abel La Calle, abogado y profesor de Derecho Ambiental de la Universidad de Almería, explica que se trata de “tácticas que se utilizan para eludir determinados impactos ambientales o para eludir también a determinadas administraciones”, porque los promotores pueden considerar que podría “ser más favorable la tramitación fragmentada en una comunidad autónoma que la de la unidad por parte del Estado”. “Son cuestiones subjetivas”, añade este letrado, porque esas empresas pueden entender que la tramitación “va a ser más laxa o más estricta” dependiendo de si es una administración u otra la que se encarga del proyecto.

“El proceso en Aragón es igual de riguroso y garantista en el análisis que si se tramitara por el Ministerio para la Transición Ecológica”, defiende Forestalia, que asegura que también ha tramitado expedientes ante la Administración estatal. En concreto, el macroproyecto del Maestrazgo (que se compone de 20 parques eólicos y dos solares), el de mayor potencia de los que tienen el aval ambiental en toda España. En este caso, como reconoce la empresa, se ha tenido que tramitar ante el ministerio porque “las líneas de evacuación alcanzan a otras comunidades autónomas”. Y aquí es imposible buscarle las vueltas a la ley: las declaraciones ambientales de los proyectos que afectan a más de una comunidad solo las puede resolver el Estado.

El vicepresidente aragonés y consejero de Industria, Arturo Aliaga (Partido Aragonés), defiende el “rigor” con el que su Administración está tramitando los proyectos renovables. Y asegura que se está “cumpliendo escrupulosamente la ley”. “No podemos negar una autorización porque haya una concentración de proyectos en un territorio”, razona Aliaga. Recalca además que la Administración tampoco puede negarse a tramitar los proyectos y que su departamento lo que hace es someter a información pública los expedientes y al tramite ambiental los proyectos que le llegan. Después de ese proceso, su consejería tiene que conceder los últimos permisos: el inicial, el de construcción y el de funcionamiento. “También hemos rechazado conceder la autorización de construcción a algunos parques por no cumplir con los condicionados ambientales”, añade para defender la seriedad de Aragón en la tramitación de los expedientes de renovables.

Ecologistas en Acción, de la mano de la Asociación Naturalista de Aragón (Ansar), ha recurrido los expedientes de varios de los proyectos alegando precisamente que están fragmentados. Estas dos organizaciones han pedido al Departamento de Industria que desista de seguir tramitándolos por separado y los traslade al Gobierno central. Pero la consejería que dirige Aliaga lo ha rechazado. El principal argumento esgrimido por este departamento, según las resoluciones que ha emitido, es que cada uno de los proyectos tiene su “correspondiente procedimiento de acceso y conexión ante el gestor de red” —es decir, Red Eléctrica—, por lo que “en modo alguno puede considerarse el fraccionamiento alegado”.

Cuando la Administración cierra esta vía con resoluciones como esas, se abre la judicial. “El siguiente paso que normalmente damos primero es la vía administrativa, nos dicen que no y tenemos que abrir un contencioso, en el que se tarda mucho tiempo en resolver”, advierte el letrado Doreste. “Si los proyectos se fragmentan no se tienen en cuenta los impactos sinérgicos y acumulativos”, advierte este abogado de Ecologistas en Acción. En España varios tribunales superiores han dictado sentencias contra proyectos fragmentados. También el Tribunal Supremo, como recuerda Tzortzaki, que en una sentencia de marzo de 2017 concluyó que dos parques eólicos ubicados en Serradilla del Arroyo (Salamanca) y tramitados por separado eran en verdad uno fragmentado de forma artificial. Pero Tzortzaki deja claro que ese fraccionamiento “se debe demostrar caso por caso” partiendo del análisis de varios elementos. La vía de la denuncia de la fragmentación es una por las que han optado las asociaciones más beligerantes contra el desarrollo actual de las renovables, que han puesto también el foco en los recursos judiciales para frenar los proyectos.

El caso contrario: la concentración de proyectos

Ana Carricondo es la coordinadora de conservación de SEO/BirdLife, una asociación que lleva décadas alegando en los expedientes de renovables para tratar de minimizar los impactos de los proyectos en la biodiversidad. Carricondo también parte de la premisa de que las promotoras suelen buscar las administraciones con las que tienen más afinidad y a las que mejor conocen para tramitar los proyectos. Esta ecologista habla de una situación actual de colapso por el elevado número de expedientes en tramitación en el país. Y esto lleva a la fragmentación, pero también a la situación contraria: a la concentración de expedientes para ganar en agilidad.

Uno de los ejemplos más claros es Madrid. Esta comunidad solo ha resuelto en los últimos años cinco declaraciones de impacto ambiental favorables. Esos cinco proyectos suman solo 125 MW de potencia. Paralelamente, el Ministerio para la Transición Ecológica ha concedido el aval ambiental a decenas de proyectos que suman más 4.500 MW. Y al analizar los expedientes que se han tramitado ante el ministerio se observa que en muchas ocasiones en una misma declaración de impacto se han aglutinado varios proyectos que están a varios kilómetros de distancia y no componen una unidad. Es decir, se unen varios parques y, al final, suman más de 50 MW, con lo que el Estado se encarga de las autorizaciones.