Claves del trasvase Tajo-Segura. ¿Por qué se dice que vuelve la guerra del agua?

El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería civil más importantes de España y una causa recurrente de conflicto entre los territorios donde se capta el agua (Castilla-La Mancha) y donde la reciben (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía). Ideado en un tiempo, a comienzos del siglo XX, en el que no existían las cautelas ambientales de hoy en día, por lo general, ...

El trasvase Tajo-Segura es una de las obras hidráulicas de ingeniería civil más importantes de España y una causa recurrente de conflicto entre los territorios donde se capta el agua (Castilla-La Mancha) y donde la reciben (Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía). Ideado en un tiempo, a comienzos del siglo XX, en el que no existían las cautelas ambientales de hoy en día, por lo general, en estas guerras para repartirse el agua, al que menos se ha tenido en cuenta ha sido al río. Aunque es cierto que esta infraestructura lleva vida y riqueza al sureste del país, hay ya cinco sentencias del Tribunal Supremo que reclaman la fijación de un caudal ecológico mínimo para mantener el Tajo en buenas condiciones. Sobre todo, ante las predicciones del cambio climático. El objeto central del debate es cuál debe ser la cantidad de agua de ese caudal ecológico. Esta salvaguarda vuelve a disparar el conflicto en un momento cercano a las elecciones autonómicas y municipales del próximo mayo en gran parte del país.

¿Cuándo empezó a funcionar esta obra gigantesca?

El trasvase Tajo-Segura entró en funcionamiento en 1979. El acueducto de 292 kilómetros conecta las cuencas del Tajo y del Segura, atravesando las cuencas del Guadiana y el Júcar, en la que utiliza el embalse de Alarcón como elemento de tránsito. Transporta las aguas de la cabecera del Tajo que previamente han sido reguladas en los embalses de Entrepeñas y Buendía.

A partir de su puesta en marcha, el agua del río más extenso de España ha permitido regar los campos de Alicante, Murcia y Almería y la consolidación de un potente sector agroalimentario, además de proporcionar parte del suministro urbano.

¿Qué es el caudal ecológico?

En los últimos 30 años las aportaciones de agua en la cabecera del Tajo se han reducido en un 40% y las previsiones indican que la situación continuará agravándose en el futuro a causa del cambio climático. La del Tajo es la única cuenca en España que no tiene caudal ecológico, una anomalía histórica, apunta el Ministerio para la Transición Ecológica. El caudal ecológico, a cuyo mantenimiento obliga también la legislación europea, es el agua que hay que dejar en un río como mínimo para que pueda mantenerse en buen estado, es lo que queda para la naturaleza y no se va a utilizar para regar, ni para dar suministro a las poblaciones, ni para otros usos industriales o de otros tipos.

El ministerio, dirigido por la socialista Teresa Ribera, aprobó en junio del pasado año el germen del futuro real decreto que ha de aprobar el Gobierno. La propuesta fija por primera vez un caudal ecológico en la cuenca del Tajo, lo que reducirá la cantidad de agua que se podrá trasvasar. La nueva planificación hidrológica establece en Aranjuez un caudal de 7 metros cúbicos por segundo desde que se apruebe el plan de cuenca hasta 2026. En enero de ese año subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6. El consumo urbano no se ve comprometido.

En la actualidad, hay un caudal mínimo circulante de 6 metros cúbicos de media anual. Cuanto mayor sea ese caudal, menos agua se puede desviar a la Comunidad Valenciana (presidida por el PSPV-PSOE, en coalición con Compromís y Unides Podem), Murcia (gobernada por el PP) y Andalucía (PP).

¿Qué han dicho los tribunales?

El Gobierno de Castilla-La Mancha (presidido por los socialistas) y diversas organizaciones ecologistas y ciudadanas en defensa del río, expresaron su satisfacción por la fijación del caudal ecológico. El Ministerio para la Transición Ecológica incide en que hay que cumplir con las cinco sentencias del Tribunal Supremo en las que se instaba al Ejecutivo a acatar la legislación europea y a fijar estos mínimos de agua para mantener una buena calidad medioambiental.

¿Por qué se dice que vuelve la guerra del agua?

En cuanto se dio a conocer la propuesta, las asociaciones de agricultores y regantes de las tres comunidades afectadas, así como sus gobiernos autonómicos, mostraron su rechazo al recorte que supondrá una pérdida de 15.000 empleos directos y 5.700 millones de euros, de acuerdo con las estimaciones de los primeros. Según el Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), el trasvase genera más de 100.000 empleos, el 71% de las exportaciones nacionales de hortalizas y el 25% de frutas, y su industria agroalimentaria aporta 3.000 millones de euros al PIB nacional.

¿No se puede recurrir a desalación u otras alternativas?

La ministra Teresa Ribera anuncia un plan de inversión de 1.600 millones de euros para garantizar el agua en la cuenca del Segura, tras la puesta en marcha de los caudales ecológicos. Entre las actuaciones de la cuenca cedente, se encuentran la mejora de la calidad del agua en el Jarama (Madrid vierte buena parte de sus aguas no depuradas al Tajo), y la modernización de regadíos tradicionales en el tramo entre Buendía-Entrepeñas y Aranjuez. En la cuenca receptora, las actuaciones se centran en ampliar la capacidad de desalación, aumentando la capacidad de las desaladoras de Valdelentisco, Águilas y Torrevieja, hasta un volumen de 70 hm³ adicionales.

El agua desalada se subvenciona a 32 céntimos el metro cúbico, si bien los regantes señalan que una vez se le suma el IVA, el peaje por el transporte y la inflación sube a 45 céntimos. El agua del trasvase es mucho más económica: sale a unos 13 céntimos, según el sindicato de regantes.

¿Qué pasó en el Consejo del Agua del 29 de noviembre?

Con estos antecedentes, el pasado 29 de noviembre se celebró el Consejo Nacional del Agua, órgano de consulta y participación sobre la planificación hidrológica de ámbito estatal dependiente del ministerio. Allí se avaló el proyecto de real decreto de los planes hidrológicos de cuenca de los ríos españoles para el periodo 2022-2027, que incluye el trasvase Tajo-Segura.

El Gobierno valenciano asegura que en ese consejo se acordó la inclusión de la disposición adicional novena, en virtud de la cual se evaluará el estado de la cuenca a partir de 2025 y, en función de su situación hídrica, “se subirá o no” la reserva ecológica prevista. De esta forma, se abría la posibilidad de mantener el trasvase dependiendo de las masas de agua. Se asume la necesidad de fijar un caudal ecológico, pero condicionado a las circunstancias. La Generalitat vio una salida razonable en esta disposición que, sin embargo, no se adoptó finalmente en el documento definitivo del ministerio.

También los gobiernos de Murcia y Andalucía sostienen que no se votó exactamente lo que al final se ha determinado, lo que puede generar inseguridad jurídica, según fuentes de la Junta. El ministerio se habría plegado en el último momento a la presión de Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, añaden fuentes presentes en el consejo. Teresa Ribera ha negado un cambio de criterio en el ministerio. “Algunas comunidades y usuarios plantearon en dicha reunión una propuesta para introducir una disposición adicional. Esa propuesta fue rechazada y suscitó múltiples críticas por el Consejo Nacional del Agua en ese mismo encuentro”, señalan desde el ministerio.

¿Qué va a ocurrir ahora?

El Gobierno elevó al Consejo de Estado el acuerdo alcanzado en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre para que emita un informe favorable o desfavorable. Los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía han presentado alegaciones y han pedido al Consejo que se pronuncie de manera desfavorable, además de solicitar audiencia. Argumentan defectos de tramitación y rigor, cambios de forma unilateral y falta de evaluación del impacto económico. Las tres comunidades, dos gobernadas por el PP y otra por el PSOE, han coincidido en sus planteamientos. Castilla-La Mancha incide en sus alegaciones en que “la implantación de un régimen de caudales ecológicos” no solo es una obligación normativa, sino “una determinación impuesta por varias sentencias”.

El máximo órgano consultivo del Gobierno de España se reunirá el próximo 19 de enero para deliberar y emitir un informe favorable o desfavorable para su traslado posterior al Gobierno. Este pretende aprobar en un próximo consejo de ministros el decreto que revisa la planificación hidrológica de 12 demarcaciones para el periodo 2022-2027 y que incluye la modificación de los caudales ecológicos del trasvase Tajo-Segura. Se espera remitir el dictamen al Gobierno el 20 de enero.