Parques Nacionales autorizó la caza en solo un mes de 5.000 ciervos y jabalíes en Cabañeros
Propietarios de grandes cotos se negaron a participar al considerar imposible abatir tantas reses y sin indemnización. La cinegética comercial está prohibida en estos espacios protegidos
En el parque nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha) se capturaban 3.500 ciervos y 1.100 jabalíes al año antes de que se prohibiera la caza comercial y deportiva en los parques nacionales el 5 de diciembre de 2020. Desde entonces no se han abatido ciervos ni jabalíes en los cotos privados de caza ―el 44% de las 40.850 hectáreas del parque―, de forma que el problema de sobrepoblación de ungulados silvestres qu...
En el parque nacional de Cabañeros (Castilla-La Mancha) se capturaban 3.500 ciervos y 1.100 jabalíes al año antes de que se prohibiera la caza comercial y deportiva en los parques nacionales el 5 de diciembre de 2020. Desde entonces no se han abatido ciervos ni jabalíes en los cotos privados de caza ―el 44% de las 40.850 hectáreas del parque―, de forma que el problema de sobrepoblación de ungulados silvestres que arrastra el espacio protegido se ha intensificado. El tiempo se ha echado encima y Parques Nacionales autorizó de forma “extraordinaria” la caza de unos 5.000 ejemplares de ciervos, jabalíes, gamos y muflones en las fincas privadas, pero como control poblacional ―sin que los propietarios de las fincas obtengan un beneficio económico― y en tan solo un mes, del 28 de enero al 28 de febrero. Los dueños de los cotos se han plantado y han dicho que no, porque no es posible en 30 días y porque piden que se los indemnice por los gastos de la actividad.
En una de las mayores fincas privadas del parque nacional, de más de 6.000 hectáreas, la resolución enviada por la Consejería de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha permitía abatir 715 ciervos y 572 jabalíes. ¿Cómo se mata a esa cantidad de reses en un mes? “Es imposible de todo punto”, responde Miguel Temboury, abogado de la Asociación de afectados de Cabañeros, formada por dueños de grandes cotos. “Lo que ha hecho Castilla-La Mancha es improvisar y meter los cupos de antes en 30 días, cuando antes se abatían de octubre a febrero”. Además, los propietarios consideran que se los debe indemnizar, porque “esa actividad tiene un coste”. La autorización extraordinaria les permite vender la carne de las piezas, pero no cobrar a los cazadores que participan.
En muchos de los cotos privados se desarrollaba una actividad cinegética intensiva antes de la prohibición de la caza comercial. Para conseguir una buena producción, se vallaban terrenos que impedían que las reses salieran y se les ofrecía alimentación suplementaria, lo que les permitía reproducirse como si las condiciones naturales fueran ideales, aunque hubiera poca comida y agua de forma natural. Esto, unido a que los controles de las partes públicas del parque tampoco funcionaron, ha provocado un problema de sobrepoblación de ungulados, que afecta al frágil ecosistema mediterráneo del parque nacional. Según los responsables de Cabañeros, la única solución es el control de estas poblaciones con “personal especializado”, pero bajo la supervisión de la Administración.
La autorización fue enviada por la Consejería de Desarrollo Sostenible, pero se trató en la comisión mixta de Parques Nacionales. Las competencias sobre Cabañeros son del Estado, aunque está previsto el traspaso definitivo a la comunidad de este parque nacional y del de las Tablas de Daimiel, también en Castilla-La Mancha, para este año. Antonio Aranda, jefe del Servicio de Espacios Naturales de esta comunidad, explica que el cupo de animales a abatir que se marca en la autorización extraordinaria es “un máximo”, por lo que no es obligatorio cazar esa cantidad. Es el cálculo que se realiza tomando la densidad de animales por cada 100 hectáreas.
“En condiciones ideales debería haber 20 reses por cada 100 hectáreas, pero no se parte de ellas, hay cotos donde existen entre 30 y 40 por cada 100 hectáreas”, aclara Aranda. Con el plan de control de ungulados sin aprobar, el tiempo se les ha echado encima, pero su pretensión es que la captura de los animales sea en otoño, “porque en enero comienza el celo de las aves y se trata de molestar lo menos posible”. En cualquier caso, el problema va a continuar, porque los ungulados silvestres no tienen depredadores, y aunque llegara el lobo, el desequilibrio actual es tal, que sería imposible que el cánido pudiera regular las poblaciones, indica el borrador del plan de control de ungulados. La autonomía espera que la cantidad a capturar sea cada vez menor: “Ya no hablaremos de 5.000 reses, sino de la mitad”, apunta Aranda.
Captura sin batidas ni monterías
En el permiso extraordinario se indica que la captura se realizará con los métodos de rececho ―buscar al animal de forma individual― y aguardo nocturno ―esperar al animal atrayéndolo con comida―. No se permiten monterías ni batidas en las que se utilizan perros. “Son modalidades de caza en las que se cobran menos piezas porque no hay muchos puestos y hay que tener en cuenta que los animales cuando oyen tiros se esconden”, mantiene Temboury. Añade que la Administración solo se ha acercado a ellos de manera informal y no se ha llegado a acuerdos con los propietarios, tal como marcaba la moratoria que se concedió para que los cotos se adaptaran a la Ley de Parques Nacionales de 2014, que estableció que la actividad cinegética era incompatible con estos espacios de máxima protección. Se permitió así la caza durante seis años de forma legal, pese a que era ilegal. A pesar del tiempo transcurrido, el enfrentamiento continúa. “Nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos, lo que no puede ser es que una superficie privada tenga unas obligaciones de policía, sin ninguna compensación”, sostiene.
Miguel Ángel Hernández, portavoz de Ecologistas en Acción, señala que esta es la demostración de que en los parques nacionales “se va a seguir cazando y así no se hacen las cosas”. Carga las tintas contra los propietarios de las fincas que “han rechazado de forma permanente llegar a acuerdos”. Tampoco acepta el plan de ungulados del Gobierno regional que está en estudio, porque “está mal hecho y no se justifican los daños que dicen que están produciendo los animales”. “Están empeñados en que hay que seguir cazando y extrayendo ciervos, pero nosotros les decimos que no hay esa sobrepoblación y que lo están haciendo al revés, porque se ha utilizado ese método [la captura] durante años y no les ha servido de nada, tal como dicen ellos”, concreta el ecologista.
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