El Gobierno llevará ante el Constitucional la reforma legal del PP, Cs y Vox para aumentar el regadío en Doñana

El Gobierno intenta frenar una nueva multa millonaria por parte de la Comisión Europea, esta vez por desproteger Doñana. Tras la sanción por no depurar aguas urbanas que ya asciende a 63 millones, hace un mes Bruselas amenazó con multar a España si permite que Doñana se seque por el aumento de regadíos previsto. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica mueve ficha y ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional...

El Gobierno intenta frenar una nueva multa millonaria por parte de la Comisión Europea, esta vez por desproteger Doñana. Tras la sanción por no depurar aguas urbanas que ya asciende a 63 millones, hace un mes Bruselas amenazó con multar a España si permite que Doñana se seque por el aumento de regadíos previsto. Ahora el Ministerio para la Transición Ecológica mueve ficha y ha anunciado que llevará ante el Tribunal Constitucional la propuesta de ley para incrementar la agricultura intensiva de fresas, presentada a principios de año en el Parlamento andaluz por el PP, Ciudadanos y Vox.

El ministerio considera que la iniciativa parlamentaria de la derecha andaluza, que legalizará entre 1.460 y 1.903 hectáreas de regadío junto a esta reserva de la biosfera, invade sus atribuciones sobre la cuenca del Guadalquivir “e interfiere de forma palmaria en la esfera de la competencia exclusiva del Estado”. La directora general europea de Medio Ambiente, Florika Fink, había advertido hace un mes, con un tono muy contundente, que España sería multada si desprotegía los acuíferos de Doñana, bajo mínimos por los pozos ilegales. A lo que Transición Ecológica ha respondido: “De ser finalmente aprobada la proposición de ley, el Gobierno de España promoverá un recurso de inconstitucionalidad, para la inmediata suspensión de su aplicación, e instando su anulación por el Tribunal Constitucional”, reza el informe enviado este martes a Bruselas.

El Gobierno intenta ganar tiempo para evitar la multa millonaria que la Comisión impondrá por incumplir la sentencia del pasado junio del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El texto alertaba a España de que está obligada a proteger Doñana de las extracciones de agua ilegales para invernaderos que durante décadas han esquilmado sus reservas subterráneas, junto a las legales para la urbanización de Matalascañas, a escasos 400 metros de varias lagunas del parque nacional.

El acuífero fue declarado “sobreexplotado” hace un año y medio por el Gobierno, y sus niveles siguen en caída libre. Mientras, la Junta andaluza continúa sin culminar su plan de 2014 para la recuperación del acuífero y los grupos parlamentarios de PP, Cs y Vox reman en la Cámara regional para aumentar la agricultura intensiva, en dirección contraria a la justicia europea. Estos tres grupos presentaron a principios de año una proposición de ley por vía de urgencia y cuentan con mayoría parlamentaria, por lo que podría estar aprobada antes de verano en este año electoral. La condena de la Comisión Europea, la Unesco, el Gobierno, el Convenio de Ramsar sobre los humedales, las organizaciones conservacionistas, e incluso parte de los agricultores de Doñana no han logrado frenar a los grupos políticos ni a la Junta (en manos de PP y Cs), que insisten en minimizar el daño medioambiental y económico para la marca Doñana que provocará la polémica medida.

Transición Ecológica aclara a la Comisión que la iniciativa andaluza es una “determinación unilateral del legislador autonómico” que implica “desplazar, alterar o perturbar la competencia exclusiva que la Constitución atribuye al Estado sobre las aguas de las cuencas intercomunitarias, como es el caso”. Es decir, el ministerio considera que la proposición de ley andaluza no puede prosperar, ya que las aguas del Guadalquivir atañen a Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía y son parte de sus atribuciones.

Los dirigentes de la derecha andaluza argumentan, por su parte, que la regularización por ley de hectáreas hoy a “suelo agrícola regable” es una denominación legal que solo permitirá a los agricultores reclamar derechos de riego si el ministerio se los concede a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. La estimación de la superficie regularizada oscila entre 1.500 según el Gobierno y 1.900 según los cálculos de satélite realizados por la organización ecologista WWF.

Mientras la pugna política continúa, sigue sin llover de manera copiosa en el sur, la sequía aprieta, los embalses de la cuenca están solo al 28% de su capacidad, las lagunas de la reserva padecen cada vez niveles más bajos y la pérdida de biodiversidad se agrava, alertan los expertos de la Estación Biológica de Doñana.

Sobre la incorporación de más empresarios freseros a las comunidades de regantes de la zona y la regularización de los aprovechamientos de riego, el Gobierno censura que esta medida prevista por la Cámara autonómica genera “una falsa expectativa introduciendo un ficticio futuro de ampliación de la superficie de riego”. El Ejecutivo asegura a la Comisión que el proyecto del Plan Hidrológico para los próximos años (2022-2027) “no da opción alguna al incremento de extracciones de agua subterránea para el regadío”, y añade que la Confederación Hidrográfica está “definiendo, comprometiendo y destinando los recursos técnicos y económicos necesarios” para cumplir la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE. Además, el ministerio alega que los derechos de agua futuros pertenecen a los agricultores ya regularizados hoy pero, ante hipotéticas reclamaciones tras la negativa de la Administración, los regantes acudirían a la justicia y los magistrados decidirían en última instancia.

El departamento de Teresa Ribera se alinea con la Comisión e indica que comparte “la preocupación” sobre la iniciativa legal andaluza, que “hace peligrar” tanto los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua como la integridad del ecosistema prevista en la Directiva Hábitats. Este miércoles, responsables de WWF se reunieron en Bruselas con la Dirección General de Medio Ambiente europea, “que aclaró que de no retirar la propuesta de ley y cumplir con la sentencia, España será multada”, según la organización conservacionista.

La Junta andaluza remitió una carta a la Comisión Europea el pasado 22 de febrero para quitar hierro a la proposición de ley y achacársela a la derecha andaluza parlamentaria, como si fuera ajena a la Consejería y sus diputados no se sentaran en el Consejo de Gobierno. La tesis del Ejecutivo autonómico es que la aprobación de la norma “no tiene de manera directa ni indirecta ninguna afección” al cumplimiento de la sentencia del tribunal con sede en Luxemburgo, según avanzó Diario de Sevilla. Además, reducía las hectáreas beneficiadas por la iniciativa a solo 748, pese a que el propio texto de la proposición de ley las cifra en 1.400 hectáreas.

La férrea oposición del Gobierno contrasta con la postura del PSOE andaluz, que se abstuvo en la votación para que la iniciativa parlamentaria se pusiera en marcha, una decisión “incomprensible”, según expresaron cargos de la dirección federal del PSOE. “Teresa Ribera me dijo que había argumentos suficientes para votar en contra. Y yo le expliqué por qué nos íbamos a abstener. Aquí no hay ningún sí vergonzante. El sí es sí y ayer no hubo un sí del PSOE. Tengo la conciencia tranquila”, dijo el secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas, después de que un parlamentario de su grupo alertara a Ribera de que el PSOE planeaba abstener sobre la polémica medida.

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