El CNIO será sometido a una auditoría externa debido a su “situación actual”

El mayor centro de investigación del cáncer será sometido a una auditoría externa dada su “situación actual”. El patronato del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), su máximo órgano de Gobierno, ha aprobado esta medida para analizar “la contratación y gestión económica” en el centro. Este análisis de las cuentas del organismo se sumará al que ya está realizando el Tribunal de Cuentas entre los años 2022 y 2024, y la evaluación habitual que realiza la Intervención General de la Administración del Estado.

La medida, propuesta por el nuevo director gerente, José Manuel Bernabé, y anunciada este jueves por el patronato, pretende poner un foco más en un centro de investigación puntero que está sumido en la peor crisis en sus más de 20 años de historia debido a presunta corrupción de sus exaltos cargos. El organismo tiene un presupuesto total de unos 40 millones de euros, unos 20 de ellos aportados por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

También se ha aprobado hoy por unanimidad el nuevo Plan de Actuación para 2026, cuyo principal objetivo será reflotar una institución que arrastraba un déficit de unos 2,5 millones de euros y problemas habituales en sus instalaciones básicas, como microscopios o el animalario, donde hay unos 30.000 ratones para investigación.

Tanto el director gerente como el director científico, Raúl Rabadán, cobrarán una “retribución variable” el próximo año si cumplen los objetivos marcados por el plan, según el acuerdo alcanzado hoy por el patronato, explican fuentes conocedoras del acuerdo.

También se ha creado un puesto permanente que reportará directamente a los órganos de gobierno (el patronato, el comité asesor externo, el gerente y el director científico) en materia de cumplimiento normativo, canal de denuncias, transparencia y buen gobierno.

No se ha presentado ninguna novedad sobre el cese y despido de tres altos cargos, Juan Arroyo, vicedirector de asuntos económicos, la secretaria general, Laura Muñoz, y el asesor jurídico, Ignacio Fernández Vara, según fuentes conocedoras del acuerdo. Un informe realizado por el actual gerente y publicado este jueves por EL PAÍS, constataba que la actuación de estos tres cargos ha retrasado y dificultado el funcionamiento de este centro de referencia. El plan del gerente es eliminar sus puestos de la estructura del CNIO para eliminar duplicidades y despedirlos, según desvela el documento, que fue aprobado por unanimidad por el patronato hace dos semanas. Los tres altos cargos se encuentran de baja.

Arroyo era el supuesto responsable de una presunta red de contratos fraudulentos que funcionó durante años en el CNIO cuando él era gerente y que pudo sustraer unos 20 millones de euros, según una denuncia presentada en la Fiscalía Anticorrupción por un ex alto cargo del CNIO. La Fiscalía ya investiga el caso, aunque por ahora ninguno de los implicados ha recibido ninguna notificación.

El patronato del CNIO está presidido por la secretaria general de investigación, Eva Ortega Paíno, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; y en él están también representados varios cargos del Gobierno central, responsables de cuatro comunidades autónomas con carácter rotativo, en este caso todas gobernadas por el PP, así como tres patronos privados.