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Cohesión social
Opinión

Policrisis

Estamos ante un desafío mayor de arquitectura social, el de cómo sostener la cohesión del país en una década en que la incertidumbre se ha vuelto el clima dominante. Esa arquitectura se construye con políticas consensuadas y con instituciones capaces de aprender de sus fallas

Manifestantes se enfrentan con la Policía antidisturbios, en Santiago, Chile, el 26 de marzo.Elvis González (EFE)

Cada año se multiplican los diagnósticos sobre el estado de nuestras sociedades. Ejércitos de especialistas se abocan, casi febrilmente, a tomar el pulso de fenómenos que amenazan el orden social. Basta una revisión sintética de la última década para llegar a una conclusión difícil de eludir; vivimos bajo el telón de fondo de una policrisis social global. En ella convergen y se retroalimentan presiones demográficas, económicas, territoriales, políticas y climáticas, entre otras. Aunque el concepto circula desde hace décadas, volvió a instalarse con fuerza en el informe Global Risks Report 2026 del Foro Económico Mundial, para describir una etapa turbulenta, marcada por la aceleración de los riesgos.

Los hallazgos convergen, una y otra vez, en un mismo patrón. Como ocurre en todo fenómeno multicausal, las tensiones aparecen en frentes tan diversos como el envejecimiento acelerado de la población, la movilidad humana y el desplazamiento forzado en niveles históricos, la persistencia de las desigualdades, los cambios estructurales del mercado laboral, los efectos de una digitalización vertiginosa con brechas aún abiertas y nuevas externalidades, el deterioro de la democracia con su secuela de erosión de libertades, polarización e insularidad de los movimientos sociales, y también la salud mental como problema transversal, especialmente entre las generaciones más jóvenes. El punto es que estas transformaciones ya no operan en silencio, ya que irrumpieron de lleno en la experiencia cotidiana de la ciudadanía.

Escribo esta columna desde una convicción simple; en Chile ya no podemos seguir leyendo las tensiones sociales como episodios aislados. La magnitud del desafío ha reducido al mínimo la eficacia de las intervenciones fragmentarias. En los últimos años hemos atravesado una secuencia de alteraciones que no se reemplazan unas a otras, sino una donde se superponen estallidos de desconfianza, pandemia, inflación, violencia organizada, crisis habitacional, aceleración migratoria, digitalización acelerada y un debate político que oscila entre promesas maximalistas y repliegues defensivos.

La palabra que mejor captura esta superposición no es crisis, sino policrisis social; es decir, un escenario en que múltiples riesgos se alimentan entre sí, con fenómenos que avanzan en distintas velocidades y que erosionan la capacidad colectiva de anticipar, acordar y sostener políticas en el tiempo. El argumento central es simple, en Chile los procesos sociales que normalmente se desarrollarían de manera gradual, aparecen ahora de manera acelerada, comprimida y superpuesta. Lo global no llega después; llega antes, más comprimida y con mayor intensidad. Envejecemos rápido, urbanizamos con segregación y déficit habitacional, sostenemos un mercado laboral en el que la informalidad deja de ser excepción para volverse estructura, y digitalizamos casi todo sin haber resuelto los fundamentos básicos del pacto social, es decir, los acuerdos mínimos que permiten que una sociedad conviva, procese sus conflictos y proyecte un futuro común.

A la luz de la evidencia que entregan los datos oficiales, la tarea prioritaria del Estado no puede ser continuar parchando los vacíos de la institucionalidad. Aunque suena contraintuitivo, dado los énfasis de la política actual, lo que Chile necesita es reconstruir una capacidad estatal robusta para vivir en un mundo sometido a sobresaltos recurrentes. Eso exige una política de cuidados a la altura del envejecimiento de nuestra población; una estrategia de integración migratoria basada en derechos y trabajo antes que en amenazas punitivas; una agenda de formalización productiva que no descanse únicamente en la fiscalización; una gobernanza digital e informativa que proteja el vínculo social; una red de salud mental comunitaria con acceso y métricas claras; y una política habitacional que aborde el déficit como un problema de seguridad humana. Ninguna de estas dimensiones funciona por separado. La policrisis, por definición, exige una respuesta sistémica.

Como sociólogo, desconfío de las profecías catastrofistas. Pero también confío en la evidencia: en los datos de fuentes serias, en las series temporales y en los diagnósticos que convergen. Y lo que aparece en esta revisión es una advertencia que no deberíamos desperdiciar. La policrisis no es el fin del mundo, pero sí puede ser el fin de una ilusión donde se suponía una estabilidad garantizada.

Si el último Censo de Población y Vivienda muestra que habitamos cada vez más solos; si la natalidad cae a ritmos históricos; si el déficit habitacional se mide en cientos de miles; si más de un cuarto de la fuerza laboral permanece en la informalidad; si la pobreza por ingresos, aunque ha bajado en perspectiva histórica, sigue afectando a una proporción significativa de la población; y si la adhesión a la democracia continúa debilitándose mientras crece la indiferencia, entonces no estamos frente a una simple suma de problemas sectoriales. Estamos ante un desafío mayor de arquitectura social, el de cómo sostener la cohesión del país en una década en que la incertidumbre se ha vuelto el clima dominante. Esa arquitectura, tan indispensable para la paz social, no se ordena por decreto. Por el contrario, se construye con políticas consensuadas que se cumplen, con instituciones capaces de aprender de sus fallas y con una ciudadanía que va recuperando, poco a poco, la expectativa de que el futuro no es un privilegio para unos pocos, sino una promesa mínima para todos.

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