Un legado de dignidad

Cuando asumimos el desafío de conducir el ministerio del Trabajo y Previsión Social, lo hicimos bajo una convicción que el presidente Gabriel Boric ha definido como el corazón de nuestro mandato: el desarrollo económico es indisociable de la justicia social. Recibimos una agenda postergada por décadas, marcada por la precariedad laboral, salarios estancados, jornadas extenuantes y una deuda histórica con nuestros pensionados. Al iniciar el cierre de este ciclo y prepararnos para entregar la posta este 11 de marzo, es imperativo analizar el cambio de paradigma que hemos impulsado para devolverle al trabajo su lugar central en la cohesión de nuestra sociedad.

La reforma previsional no ha sido solo un proyecto de ley; ha sido una batalla cultural por recuperar el sentido de la solidaridad. Logramos diseñar una transformación que, por primera vez, incorpora un principio de solidaridad efectivo entre generaciones y de género en el pilar contributivo, reconociendo las mal llamadas ‘lagunas’ que históricamente han castigado a las mujeres.

Al fortalecer la Pensión Garantizada Universal (PGU) para que alcance los $250.000 en 2027 y beneficiar a más de 1,3 millones de actuales pensionados con aumentos significativos, enviamos una señal clara: en Chile, envejecer ya no puede ser sinónimo de pobreza. Este avance nació de un diálogo social tripartito genuino, donde trabajadores, empleadores y el Estado demostraron que los acuerdos son posibles cuando el objetivo es el bienestar general. Hemos sentado las bases para un sistema que equilibra de mejor manera el esfuerzo individual con la solidaridad necesaria para una vejez digna.

Nuestras políticas de 40 horas y el aumento histórico del salario mínimo —superando la línea de la pobreza— no son medidas aisladas. Son parte de una visión del desarrollo que comprende que la eficiencia económica no puede construirse a costa del agotamiento de las personas. Como hemos sostenido consistentemente, el crecimiento per se no garantiza empleos de calidad si no va acompañado de una distribución justa del tiempo y la riqueza.

Al reducir la jornada laboral, no solo entregamos tiempo para la vida; impulsamos una genuina modernización de las relaciones laborales que obliga a repensar la productividad desde la innovación. El trabajo debe valer, y ese valor se mide en la capacidad de las personas para desarrollar un proyecto de vida con seguridad y dignidad.

En materia de ocupación, alcanzamos el máximo histórico con 9,5 millones de personas ocupadas y 4,1 millones de mujeres. Al tiempo, que alcanzamos tasas de informalidad históricamente bajas. Sin embargo, no caemos en la autocomplacencia. Sabemos que el desempleo persistente sobre el 8% y las brechas de género son tareas que requieren redoblar esfuerzos. Es por ello relevante haber aprobado la ley que unifica los subsidios al empleo con foco en empresas de menor tamaño y grupos que tienen dificultades estructurales para integrarse al mercado laboral como son mujeres, jóvenes, personas de más de 55 años y discapacidad.

No obstante aquello, es lamentable no haber podido aprobar Sala Cuna para Chile. A diferencia de otros proyectos laborales en que primó el interés superior del país, la mezquindad política de algunos partidos impidió mejores oportunidades de trabajo a las mujeres, avanzar en corresponsabilidad y establecer un estándar educativo que garantice los derechos de niños y niñas a la sala cuna. De todos modos, dejamos el camino trazado para una política que todos los expertos reconocen como la palanca más eficaz para la autonomía económica de las mujeres y un mejor futuro para la próxima generación. El país no puede darse el lujo de no retomar esta discusión.

Más allá de las leyes, el legado más profundo que dejamos es un estilo de hacer política: el diálogo social con resultados. Hemos demostrado que el tripartismo no es retórica, sino un método eficaz para legislar. Las leyes Karin, de Conciliación, y la ratificación de los Convenios 155, 176 y 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prueban que Chile puede adoptar estándares internacionales de vanguardia con acuerdos.

Chile cuenta hoy con una institucionalidad laboral más robusta. Quedan desafíos urgentes: avanzar en negociación colectiva multinivel, en que logramos aprobar la idea de legislar, y profundizar en políticas de reconversión laboral ante el avance de inteligencia artificial. Pero los cimientos están puestos. Entregaremos una arquitectura laboral más humana, donde el debate público ha madurado y donde finalmente hemos vuelto a poner en valor el trabajo como el motor de nuestra dignidad nacional.